El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha pedido, en el seno de la Comisión de Educación celebrada esta mañana de martes, reforzar la labor de la Inspección Educativa de Castilla y León para evitar irregularidades observadas en los centros privados concertados, es decir, sostenidos con fondos públicos.
La formación se refiere a casos tales como el cobro de cuotas ilegales por parte de la mayor parte de los colegios, la diferenciación por razón de sexo o la ocultación de casos graves de acoso escolar, con especial mención al caso de un centro leonés con acoso durante años que llegó a hacer intervenir al Produrador del Común (Defensor del Pueblo) de la Comunidad porque en todo ese tiempo ni la Junta, ni la Inspección ni el propio colegio hizo nada para evitarlo.
En la iniciativa parlamentaria, que fue rechazada por el PP con mayoría absoluta, se pedía también rescindir los conciertos con aquellos centros educativos en los que se detecten este tipo de irregularidades. Una medida que no saldrá adelante.
La portavoz de Educación de Podemos Castilla y León, Lorena González, puso como ejemplo la queja tramitada el pasado mes de agosto por el Procurador del Común sobre el caso de acoso escolar que habría sufrido durante cuatro cursos un alumno de 8 años escolarizado en un colegio concertado leonés.
El propio consejero, resalta la formación morada en una nota de prensa, ha reconocido que algunos centros concertados tienden a minimizar este tipo de conductas por temor a perder prestigio, más aún en un momento en el que buscan captar al mayor número de alumnado posible.
Por otro lado, según un informe de la UCO, un 92% de los centros concertados cobran cuotas ilegales a sus usuarios. En Castilla y León se ha evidenciado en varias ocasiones que buena parte de estos centros incurren en esta ilegalidad sin que, según Podemos, la Junta no tome medidas. Lo que es demostrable es que, a pesar de las evidencias, jamás ha habido en León un expediente ni siquiera informativo por este tipo de prácticas.
Podemos considera que “la Junta no puede permanecer ajena a estos hechos, ya que es la máxima responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley en todos los centros sostenidos con fondos públicos” y acusa “al Partido Popular de amparar este tipo de prácticas al haber rechazado la iniciativa”.