El Procurador del Común ha remitido al alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García, una carta instándole a habilitar dependencias, dentro de la Casa Consistorial, a los distintos grupos políticos de la oposición “para el ejercicio de su derecho al uso de un despacho en la sede municipal” y a valorar “el uso de un espacio a los concejales no adscritos que forman parte de la corporación”. En el escrito, le recuerda que se trata de un precepto legal y de un “derecho fundamental consignado en el artículo 23 de la Constitución Española”, objeto, además, de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Castilla y León.
Se trata de una reclamación que los concejales no adscritos (anteriores integrantes de Civiqus) y los grupos políticos de Ahora Villaquilambre, IU y PSOE hacen desde el inicio del mandato, sin que el grupo de gobierno haya atendido su demanda y que, finalmente, pusieron en manos del Procurador del Común. Según señala éste, en una primera reclamación el alcalde adujo que “aún se están organizando los espacios en la nueva Casa Consistorial”, pero casi un año después de su inauguración, el Procurador señala que sigue sin haber espacio para los grupos en el edificio y nada se ha informado al respecto.
En todo caso, la institución que dirige Javier Amoedo recuerda al alcalde que “no es suficiente con alegar problemas de espacio; en la medida en que la denegación afecta a un derecho fundamental, debe considerarse subsistente la obligación de las autoridades locales de remover aquellos obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio”. En definitiva, señalan los solicitantes de ese amparo a la institución autonómica, le dice que es su obligación “buscar soluciones” para que los grupos políticos ejerzan su derecho de “utilizar un espacio en la sede municipal donde ejercer sus funciones y recibir las visitas de los ciudadanos”, que cuente “con medios humanos y materiales”.
“En el pasado mandato adujo falta de espacio; triplicado con un nuevo Ayuntamiento de más de 2.000metros cuadrados, que ha costado cinco millones y medio de euros, aduce lo mismo”, señalan antes de apuntar que su comportamiento es contrario a la ley y a la Constitución “y, en definitiva, a la democracia y los derechos de los ciudadanos”.