De “grosera vulneración”, “tomadura de pelo” y “desfachatez” tildan la organización conservacionista Ecologistas en Acción los primeros trámites obligatorios que está realizando el Ayuntamiento de León para entregar el terreno elegido junto a la Junta de Castilla y León para construir en el barrio de Puente Castro de la capital, junto al cementerio de la ciudad, la megacentral energética llamada 'Red de Calor' anunciada el año pasado con 85 millones de inversión.
Una planta en la que se prevé una gran generación de energía de casi 100 megavatios de potencia total, la gran mayoría de ella (75 MW) por combustión de biomasa forestal, como ya se había rechazado hace años en Eras de Renueva, en Cantamilanos luego y finalmente en Villaquilambre. El proyecto anunciado se completa con otra planta de hidrógeno verde, una de combustión de gas y una playa de paneles solares alrededor dentro de las 24 hectáreas de terreno que el Ayuntamiento cede a la empresa pública de la Junta Somacyl para el proyecto.
Pero más allá de los críticos calificativos, lo cierto es que la organización ha interpuesto las primeras denuncias al complejo proceso administrativo puesto en marcha por el Consistorio leonés para entregar esas 24 hectáreas de la finca llamada Soto de Santa Olaja (por encontrarse junto al pueblo del mismo nombre, del vecino municipio de Villaturiel) y también la cesión del subsuelo de 127 calles de la capital leonesa bajo las que discurrirán más de 30 kilómetros de tuberías de la red de calor hacia numerosos edificios, a cuyos propietarios Junta y Ayuntamiento prometen un gran ahorro de consumo y de dinero.
Para 'Ecologistas', tras consultar la documentación expuesta de todo el proceso, el Ayuntamiento de León pretende ceder terrenos y viales públicos “sin que se haya presentado documentación técnica que explique y justifique los proyectos a concesionar”, se decir, sin detallar como creen que obliga la Ley detalles energéticos esenciales de la central térmica y circuito urbano asociado, instalaciones de producción de hidrógeno y biogás y planta solar fotovoltaica.
“Ni siquiera se menciona la potencia térmica nominal total que tendrá la central de biomasa, y ese dato es esencial porque determina el régimen de autorización del proyecto a efectos ambientales, que a su vez condiciona la viabilidad urbanística del proyecto y la concesión de terrenos y viales para su desarrollo”, detallan.
Y es que si la planta de quema de biomasa tendría 75 MW de potencia y 100 en su totalidad, recuerdan “a partir de 50 MW tendría la consideración de 'gran instalación de combustión', según el reglamento de emisiones industriales (RD 815/2013), y por ese motivo, necesita autorización ambiental integrada, que es previa a cualquier otro permiso” y que no se está tramitando de esta forma previa. Según la misma Ley, añaden, la central de biomasa también está sujeta a evaluación de impacto ambiental simplificada.
La casa por el tejado
Pero no acaba todo ahí. También señalan otro escollo legal y urbanístico que creen de calado: que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor en León prohíbe a día de hoy el uso industrial que se le pretende dar a la parcela Soto de Santa Olaja, que tiene categoría de Suelo Rústico y además de Protección Natural. Un tipo de suelo en el que expresamente “se prohíbe” ese uso industrial que a su entender conlleva una gran instalación de combustión como la proyectada.
“Es decir, en tanto en cuanto no se modifique el PGOU, se tramite Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada de la central de biomasa y se otorgue Autorización Ambiental Integrada a dicha instalación, es absolutamente extemporáneo y contrario a lo legalmente establecido aprobar la concesión demanial directa Somacyl de los terrenos y viales públicos que requiere la ejecución del proyecto”, rematan.
No acaban ahí sus argumentos, ya que añaden que el trámite se realiza “sin planos del conjunto de los proyectos del denominado 'parque de tecnologías renovables', sin planos de detalle de todas las obras a realizar y sin pliegos técnicos y clausulas administrativas del conjunto de actividades a desarrollar” por la Junta a través de Somacyl. De modo que creen que la concesión “incumple la legislación que regula el uso de los bienes de dominio público, concretamente el Reglamento de Bienes de las Entidades locales”.
Y añaden que la parcela elegida aún no es un bien de dominio público y por lo tanto creen que su cesión depende de que el Pleno del Ayuntamiento primero cambie su calificación jurídica. En noviembre ellos alegaron también en este trámite de cambio urbanístico iniciado entonces sin que el Consistorio les haya respondido, denuncian.
En resumen, que para Ecologistas en Acción uno de los proyectos de mayor envergadura inversora pública de León en los próximos años está plagado de “incumplimientos legales”, por lo que exigen que se paralice todo el trámite. Y añaden como valoración que esta “auténtica desfachatez” desde el punto de vista de los procedimientos es algo que “los vecinos y vecinas de León no deberían consentir”.
Izquierda Unida se suma a la 'lucha'
Muy similares son las críticas, pero en este caso estrictamente políticas y no legales, de Izquierda Unida de León. La coalición exige información clara sobre la megainstalación prevista en Puente Castro y ramificada después por gran parte de la ciudad a través de tuberías, lamentando la “falta de transparencia del proyecto” entre otras cosas porque “no existe informe de impacto medioambiental como exige la Ley y la cesión de los terrenos no se hace de forma irregular”, en consonancia con Ecologistas en Acción.
Carmen Franganillo, coordinadora local de IU, anunciaba este lunes que también presentarán alegaciones al proceso, a disposición “de las personas que quieran unirse a ello”, al entender también que se acumulan “cantidad de irregularidades cometidas” en el proceso de cesión de la parcela, rústica con protección, además.
Aclara la formación estar “a favor de las redes de calor” en genérico, pero que “la manera en que se está llevando a cabo el proyecto de León nada tiene que ver con los proyectos de ciudades como Valladolid, donde se están implantando en base a la demanda real y de forma más racional, dividida en varias estaciones, que producen el calor para zonas donde se va a consumir”. Y censuran que “se está vendiendo a la ciudadanía el hidrógeno verde” que ahora mismo no cuenta con tecnología suficiente “y tardará incluso décadas en ser viable”.