Un macroproyecto solar en Rioseco de Tapia pide la utilidad pública para poder expropiar fincas

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este martes 27 de enero la solicitud formal de declaración de utilidad pública del macroproyecto solar Roblasun 2 en el municipio de Rioseco de Tapia, en la provincia de León. La iniciativa, promovida por la sociedad limitada unipersonal Roblasun 2 S.L.U., permitiría iniciar los trámites de expropiación forzosa de terrenos privados para su implantación.

La planta solar proyectada ocupará un total de 172,58 hectáreas en este término municipal leonés y contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp cada uno, con una potencia pico total de 49,93 megavatios (MWp) y una potencia nominal de 41,66 MVA, según se detalla en el anuncio oficial publicado en el Bocyl. La evacuación de la energía se realizará mediante tres líneas subterráneas hasta la subestación SET Rioseco 132/30kV, con una longitud conjunta de más de 20 kilómetros de cableado.

La declaración de utilidad pública, en caso de ser concedida, implicará la “necesidad de ocupación” de los terrenos afectados, y con ello, la expropiación urgente de fincas rústicas, tanto de particulares como de entidades como el propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia y juntas vecinales, tal y como refleja el extenso listado de propietarios publicado en las páginas anexas del documento. El proyecto cuenta con 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA cada uno.

Este es uno de los tres proyectos de plantas solares promovidos en el municipio por sociedades vinculadas a Enagás, el gestor nacional de infraestructuras gasistas. Roblasun 2 ya había recibido la autorización administrativa previa en abril de 2023, mientras que los proyectos Roblasun 1 y Roblasun 3 siguen pendientes de avanzar en su tramitación definitiva. En conjunto, las tres iniciativas ocuparían más de 500 hectáreas de terreno y suponen un desembolso estimado superior a los 80 millones de euros.

Los proyectos han generado oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos, que ya presentaron alegaciones en fases previas. Entre los motivos destacan el cambio de uso de suelo agrícola a industrial, el impacto ambiental y apícola, la fragmentación de proyectos que podrían suponer un fraude de ley, o la inclusión de parcelas sin permiso de los propietarios.

La documentación completa del expediente FV-172/2019 puede consultarse durante un plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, es decir, hasta finales de febrero. Las alegaciones deberán presentarse ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en León, Sección de Energía, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través del Portal de Energía y Minería de la Junta (www.energia.jcyl.es).