El entramado de redes de calor con proyectos incineración y plantas solares que desarrolla la 'Junta B' en Castilla y León
La Junta de Castilla y León, no directamente desde la Consejería de Medio Ambiente sino a través de su empresa pública Somacyl, espera contar en tres años con un total de 30 redes de calor en 2027 con 190 kilómetros (150 más que en la actualidad), cinco plantas de biogás, un centenar de instalaciones fotovoltaicas y dos plantas de hidrógeno verde.
Estas son las infraestructuras que prevé haber ejecutado la Consejería y que permitirá pasar de una potencia instalada de 65 a 260 megavatios en redes de calor. Esto supondrá un ahorro de 160.000 toneladas de CO2 anuales, cuatro veces más que en la actualidad, resaltan como positivo desde la administración autonómica.
A cierre de 2023 la Comunidad contaba, a través de la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), que por su asunción de proyectos es conocida como la 'Junta B', con 40 kilómetros de redes de calor en Castilla León, una planta de biogás en producción, cinco instalaciones solares y una potencia instalada de 65 megavatios.
La pionera y accidentada de Ponferrada
En la actualidad está operativa, tras años de avatares y paralizaciones, la que resulta pionera en el ámbito urbano en la Comunidad, que es la red de calor de Ponferrada, puesta en marcha en su primera fase desde el 25 de diciembre, con una central de generación y un depósito estratificado de 3.500 metros cúbicos, que da servicio a 15 edificios públicos del municipio. Ya se ha licitado su extensión a otros barrios, para intentar llegar a 2.800 hogares y 43 edificios terciarios y tendrá 27 kilómetros de longitud, con una inversión total de 12,5 millones de euros.
También está operativo el proyecto de red de calor integral de Valladolid, con dos fases ya en funcionamiento: la red de la Universidad, que nutre de calor también al Hospital Clínico, y la de Huerta del Rey, que opera con los edificios públicos cercanos, como el de la propia Consejería de Medio Ambiente, a la que ya se han conectado los primeros inmuebles residenciales.
Pero la mayor apuesta es la tercera fase, Valladolid Oeste, con una gran central y un depósito acumulador de 6.000 metros cúbicos, que surtirá de calefacción y agua caliente al resto de Huerta del Rey, a Villa del Prado y a Parquesol. La Junta de Castilla y León destina 47 millones de euros a estas actuaciones, una cifra que alcanzará más de 200 millones para llegar a otras tres zonas de la ciudad: Sur, Este y Norte-Centro en sus fases 4, 5 y 6, respectivamente.
La Junta trabaja también en otras nuevas redes de calor en Segovia, Medina del Campo, Aguilar de Campoo, Bembibre o Villablino. Asimismo, desde hace años Somacyl opera la red de calor del polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos, la única red industrial con biomasa que hay en España y que abastece a importantes industrias como L’Oreal o Ubisa; esta red se ha ampliado recientemente para dar calor a varias nuevas industrias de este polo industrial.
Aunque en esta tanda no se menciona, también hay un proyecto en marcha en la capital leonesa, anunciada en 2022 y que contempla una inversión conjunta de hasta 85 millones de euros para una gran mega planta de combustión de biomasa, de quema de gas e hidrógeno, así como otra gran planta de energía por paneles solares, en las inmediaciones de la capital, en el barrio de Puente Castro, donde ya se han producido numerosas protestas vecinales y ecologistas., sobre todo después de los fracasos previos de proyectos sólo de biomasa en Eras de Renueva, Cantamilanos y Navatejera en Villauqilambre, todos ellos desechados por esas protestas. En León se anunció para estar operativa en 2025 pero acumula abundante retraso.
La Junta destaca su “ejemplo único”
“Somos la única Comunidad con un Gobierno autonómico que hace este tipo de actuaciones. Recibimos la visita de otros ejecutivos autonómicos, el último Navarra, interesados en conocer lo que hacemos. Una acción que genera numerosos beneficios, no sólo con la reducción de emisiones, sino también el ahorro y estabilidad de la factura de calefacción y agua caliente a las familias, de entre el 30 y el 40%, y también para las industrias”, sentenció el consejero del ramo, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, a Ical.
Todo ello, ensalzó, con los beneficios que conlleva para el monte a la hora de su limpieza, con un “residuo que se pagaba por retirar y que ahora es un recurso que tiene un valor económico” y que permite “generar empleo en el medio rural y disminuye el riesgo de incendios. Un combustible renovable, neutro en carbono, autóctono y no deslocalizable”.
