La organización conservacionista de Ecologistas en Acción de León alerta del impulso en pleno verano por parte de la Junta de Castilla y León del llamado “Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos (PMTR) de San Justo de la Vega”. Y lo denuncia porque asegura que esconde “un macrovertedero con capacidad para 6 millones de toneladas de residuos, de los cuales un millón de toneladas serán residuos industriales peligrosos (RIP)”, un enorme cementerio para almacenar y gestionar este tipo de deshechos de toda la Comunidad autónoma que se situaría cerca de la ciudad de Astorga y en parte de la cabecera fuvial del valle de la comarca del Órbigo. Unas dimensiones que dejan pequeñas muchas de estas localidades colidantes.
En concreto, la asociación ecologista acusa a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, de “ocultar el verdadero alcance del proyecto al publicar, en pleno verano, un anuncio de información pública que no menciona los residuos peligrosos” y que pondrían en serio riesgo, a su juicio, para todo el entorno.
La nueva instalación tendría una superficie inmensa, de 140,6 hectáreas, muchísimo más grande que el actual centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega donde ya van todas las basuras de la provincia leonesa en su totalidad, y que a su lado quedaría ahora realmente pequeño a pesar de la ampliación de la zona de vasos de vertido que ya acometió la Junta a través de Somacyl hace apenas unos pocos años al agotar mucho antes de tiempo la vida útil prevista por depositar muchas más basuras de las previstas.
En la zona elegida, que está en el límite entre el municipio de San Justo de la vega pero también de Benavides de Órbigo y de Villares de Órbigo, se prevé la llegada cada año de cerca de 380.000 toneladas de residuos, tanto industriales peligrosos como industriales no peligrosos, de construcción, demolición y de excavación.
El promotor defiende la infraestructura, asegurando que pretende “ofrecer un servicio de calidad y proximidad a la gestión de residuos de los asentamientos industriales de la Comunidad Autónoma que se sitúan en un entorno cercano”. Dicha empresa es la mercantil Valoración Verde SL, filial de Latem Aluminium, compañía dedicada al reciclaje de aluminio y cuenta con una gran factoría en el polígono industrial de Villadangos del Páramo -además de otra en Villabrázaro (Zamora)-. Ambas instalaciones fueron declaradas en 2021 Proyecto Industrial Prioritario por la propia Junta, un trato favorable que también censura el colectivo ecologista. Se habla de una inversión de 47,7 millones de euros y la posible creación de 200 empleos para un período de explotación inicial de 15 años.
Por contra, Ecologistas en Acción remarca que el proyecto “se ubica entre los arroyos de los valles de la Calzada y de Rozas, afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo, y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla”. Por lo que anima a los ayuntamientos, instituciones y asociaciones, así como a los vecinos de los pueblos más afectados, a rechazar con firmeza el proyecto y presentar cuantas alegaciones sean necesarias para frenar su ejecución. El proyecto se puede consultar aquí mientras permanezca el plazo abierto, hasta el miércoles 27 de septiembre de 2023.
Todo tipo de argumentos
La organización defiende que el “proyecto está totalmente injustificado para el tratamiento y eliminación de residuos de construcción y demolición”, dado que la provincia ya suma diez plantas; tampoco para residuos industriales no peligrosos, porque el Plan Integral de Residuos de CyL (PIRCyL), que sólo prevé una instalación en la zona oeste (León, Ponferrada, Benavente y Norte de Palencia) como mucho para albergar 110.000 toneladas anuales “y este proyecto puede recibir 295.000”, amén de que ya hay dos vertederos comerciales en Abajas (Burgos) y en Fresno de la Ribera (Zamora), ambos “Proyecto Regional”; y en cuanto a los residuos industriales peligrosos “ya hay un vertedero comercial gestionado por Urbaser en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y según el PIRCyL es suficiente para Castilla y León”.
A mayores, censura que no se hable del riesgo de contaminación de las aguas, superficiales y subterráneas, por derrames, fugas y filtraciones de lixiviados, “siendo este el mayor problema medioambiental de los vertederos, sobre todo si son de residuos ”, y recuerda que en el emplazamiento elegido ya para el CTR provincial “en 1999 el CSIC realizó un informe que lo desaconsejaba” al encontrar hasta “19 puntos débiles”. “¿Como se ignoró entonces el informe del CSIC, se seguirá ignorando ahora que el vertedero va a contener residuos industriales peligrosos?”, se preguntan, alarmados.
La ONG considera que “la sociedad leonesa en su conjunto debería oponerse a un proyecto que no beneficia ni a León ni a los leoneses y que en modo alguno puede justificarse desde el interés regional porque solo beneficiará a las empresas e inversores que lo promueven”, afirman en una nota de prensa. Por contra, los promotores hablan de que la infraestructura contribuye a la descarbonización y favorece el “desarrollo de la economía local, mediante una alta tasa de creación de empleo de larga duración y calidad”.