Fin judicial al 'Caso de las piscinas' del municipio de San Andrés del Rabanedo. Nueve investigados durante casi cuatro años, seis de ellos con cargos políticos, respiran más tranquilos desde que han conocido la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de León de archivar este asunto tras una cascada de denuncias interpuestas por una empresa a la que se le retiró la concesión de estas instalaciones a finales de 2014.
El 'Caso de las piscinas“ de Trobajo del Camino implicaba de diversos delitos al exalcalde del PP, Gregorio Chamorro, así como a su sucesora y ya también exalcaldesa Mª Eugenia Gancedo, pero también al concejal popular Pedro García, a los concejales socialistas Santiago Blanco, Miguel Ángel Flórez y Abel Iglesias, al empresario Bernardo Martínez García, al exsocorrista municipal José Ramón Llamera Getino, y al técnico Santiago Robles Alba.
El caso del PP, que ha emitido una nota con esta decisión judicial, destacan que “con esta son ya 15 las denuncias archivadas formuladas contra el alcalde y concejales del PP de San Andrés cuando gobernaban entre el 2011 y el 2015”.
El hoy concejal y portavoz del Grupo Popular en San Andrés, Goyo Chamorro, ha afirmando que “este auto pone fin a un calvario judicial que hemos vivido por rescindir los contratos millonarios que San Andrés tenía con empresas y que lastraban la economía municipal y que permitieron hacer viable el Ayuntamiento”, añadiendo que todo lo que se hizo fue en defensa de los vecinos del municipio respetando la legalidad.
“El auto avala que las decisiones que tomamos fueron las correctas y sin ningún delito en el ámbito penal”, manifiesta Chamorro, que resalta las “dificultades administrativas” de este tipo de expedientes.“Lo hemos dicho muchas veces y ahora la justicia nos da la razón, lo que hicimos fue en pro del interés general”, sostiene.
Los populares recuerdan que todo comenzó cuando en diciembre del 2014, la antigua adjudicataria del Centro de Ocio y las piscinas de Trobajo del Camino interpusieron una denuncia contra la decisión tomada por aquel entonces por el alcalde, Goyo Chamorro, y el concejal de Deportes, Pedro García, de rescindir el contrato con la empresa.
Entonces, la mercantil consideró que podría haber delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. La gestión municipal de las instalaciones que implantó el PP fue continuada por el PSOE cuándo llegó al gobierno en el año 2015, y sus responsables incorporados a las denuncias de la empresa. Ha sido cuatro años después cuándo el Juzgado de Instrucción número 2 da carpetazo final a este asunto que ha recorrido varios órganos jurisdiccionales fruto de los numerosos recursos interpuestos por la compañía, “hoy en liquidación”, destaca el PP.
En su resumen, los populares se quedan con que el auto concluye que “no resultan acreditados los efectos perjudiciales para el erario público”, tal y como ponía de manifiesto la demandante. Además, la juez hace referencia a los hechos que anteceden al expediente penal que ponen de manifiesto el conflicto existente entre dicha empresa y el Ayuntamiento de San Andrés, “que han tratado de solventarse en la vía contencioso administrativa sin que haya obtenido resultado positivo alguno en su favor”. Para la juez no existe el delito de fraude a la Administración puesto que las decisiones que se tomaron estaban encaminadas a garantizar la continuidad de la prestación de este servicio público.