La Junta Electoral Provincial de León ha proclamado este martes, como marca el calendario oficial, las candidaturas presentadas dentro de plazo para concurrir a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo de 2026 en la circunscripción electoral leonesa. En total, se conforman finalmente un total de 16 listas electorales que optarán a representación en las Cortes autonómicas por esta provincia, una cifra que supera con mucho la de la última contienda electoral de 2022, cuando tan sólo se sumaron once candidaturas diferentes.

Entre los nombres de las fuerzas más destacadas por tener opciones de representación en el Parlamento autonómico , y por orden en el que hoy aparecen publicados en el Boletín que los da por buenos, figuran en primer lugar Nuria Rubio, que remite un mandato más encabezando la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que en el caso del Partido Popular (PP) ocupa la ya designada públicamente María José Álvarez Casais, que regresa a la primera línea de la política tras una década.

El leonesismo más de izquierdas de Proyecto Alantre está liderado por Abel Vergara y el tradicional, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuenta con la alcaldesa de Santa María del Páramo y procuradora autonómica en funciones aún, Alicia Gallego, que releva a Luis Mariano Santos, que aparece en el segundo puesto de la lista. Por su parte, Podemos-Alianza Verde concurre con Sixto Martínez Álvarez al frente, que ya lo intentara en ocasiones anteriores, mientras el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) presenta a Natividad Franco Natal, nuevamente también.

Se presenta otra vez el Partido Castellano-Tierra Comunera, con Teresa Zaldo Barbero como cabeza de lista, mientras que la nueva formación Nueve Castilla y León lo hace con Mario Valladares Nespral. Ciudadanos está encabezado por Francisco Javier Panizo, que fue de dos en las últimas elecciones, y el Partido Comunista de los Trabajadores de España nuevamente por Ezequiel Blanco López. Coalición por El Bierzo sitúa en el número uno a Myriam Blanco García, un nuevo rostro, y la curiosa formación EsCaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos apuesta por un tal Roberto Guerra Ampudia, que obviamente no aspira a estar en las Cortes autonómicas. Vox, que se decidió a última hora, vuelve a situar en el puesto de salida a Carlos Pollán, que ejerciera este mandato que concluye como presidente de las Cortes incluso aunque su formación rompiera el pacto de Gobierno con el PP.

Completan la relación la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, llamados En Común, con Sergio Carro Fernández como candidato número uno; el Partido Regionalista del País Leonés (Prepal), que no falta nunca a la cita y que repite con la zamorana Manuela Iglesias Carreño, la hermana de su mítico líder, Francisco Iglesias Carreño; y aparece en último lugar el invento político de Se Acabó la Fiesta, cuya lista está encabezada por Enrique Jesús Pérez Suárez.

En conjunto, se han presentado 253 candidatos que forman parte de las listas leonesas, sumando los 13 titulares de cada lista y sus respectivos suplentes. De las 16 candidaturas proclamadas, siete están encabezadas por mujeres -PSOE, PP, UPL, PACMA, Partido Castellanista, Coalición por El Bierzo y Prepal—, resaltando el hecho de que destaquen en eso muy especialmente las formaciones regionalistas, mientras que nueve tienen a hombres como cabeza de lista.

Dejamos el listado completo publicado en Bocyl, pendiente sólo de un breve plazo de revisión de errores.

Castilla y León tendrá elecciones autonómicas el domingo 15 de marzo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, iba a anunciar este lunes la fecha en una rueda de prensa que se ha desconvocado ante la “extrema gravedad” del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), que deja ya 39 muertes y más de 150 heridos. Así simplemente ha comunicado la fecha en el comunicado de condolencias por la tragedia de la alta velocidad.

Fernández Mañueco ha agotado la undécima legislatura, que comenzó con un inédito Gobierno de coalición entre PP y Vox, el primero de la ultraderecha en España, y terminó en solitario tras la salida de la formación de extrema derecha del Ejecutivo autonómico en el verano del 2024.

Esta legislatura es la primera en la que se ha producido el desacople de las elecciones autonómicas de Castilla y León al forzar Mañueco un adelanto electoral en diciembre del 2021 al romper su gobierno de coalición con Ciudadanos, por el temor a una moción de censura con el PSOE. Los comicios de febrero de 2022 se saldaron con la victoria del PP, que obtuvo 31 procuradores, lejos de la mayoría absoluta. El PSOE se quedó con 28 procuradores y Vox ascendió a tercera fuerza política con 13 (finalizando con 11 al pasar dos al grupo mixto). El mapa político se completó con 3 parlamentarios para UPL y Soria ¡YA! Con uno se tuvieron que conformar Unidas Podemos, Por Ávila y Ciudadanos, este último luego huérfano de representación tras el pase al Grupo Mixto de Francisco Igea.

El gobierno autonómico 2022-2026 ha estado marcado inicialmente por la tumultosa gestión de Vox, con sonoras polémicas protagonizadas buena parte de ellas por el vicepresidente Juan García-Gallardo, que acabó abandonando la política tras forzar Vox la ruptura del gobierno con sonoras críticas a su partido. El final de la legislatura ha estado marcado por los graves incendios forestales del pasado verano, que dejaron cuatro fallecidos y arrasaron casi 150.000 hectáreas forestales especialmente en las provincias de León y Zamora.

En esta legislatura el Ejecutivo autonómico solo ha sido capaz de aprobar presupuestos en 2023 y 2024 con el apoyo parlamentario de Vox. Desde la llegada a la presidencia de Mañueco en 2019, ha tenido que prorrogar las cuentas en seis ocasiones.

El presidente de la Junta ha firmado el decreto de convocatoria esta misma mañana, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, preceptiva en todos los casos. En él se incluye el número de procuradores a elegir, que será 82 en total al sumar un representante la provincia de Segovia. La provincia con más representantes es Valladolid, con 15, seguida de León, con 13, y de Burgos, con 11.

La campaña electoral tendrá lugar entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, estando prevista la constitución de las nuevas Cortes autonómicas para el 14 de abril a las 11:30 horas.

En términos provinciales, la cita con las urnas volverá a medir la capacidad de éxito electoral de la Unión del Pueblo Leonés, que igualó en 2022 su mejor resultado con 3 procuradores. PSOE y PP se repartieron 4 escaños y Vox obtuvo 2 de los 13 que reparte la provincia leonesa.

Después de muchos años desde que cerraran los últimos, en tiempos del alcalde Juan Morano, la ciudad de León cuenta desde hoy con seis nuevos urinarios públicos con tecnología autolimpiable en puntos estratégicos de la capital, después de realizar inversión que en total asciende a cerca de 400.000 euros.

Se trata de unas amplias cabinas metálicas que albergan en su interior aseos para ambos unisex, también aptos para personas con movilidad reducida,, cuyo uso es de momento gratuitos. Entre los detalles dados a conocer destaca que, para evitar unos indebidos, estarán disponibles todos los días del año pero en horario de seis de la mañana hasta la medianoche. Es decir, hay seis horas en las que no estarán operativos.

Durante la visita institucional del equipo de Gobierno, presidida por el alcalde del PSOE, José Antonio Diez, se explicaron detalles como que cada cabina está diseñada para un uso máximo de 15 minutos por persona. El sistema se limpia de forma automática tras cada utilización durante unos 90 segundos y realiza una desinfección completa después de diez usos, garantizando así condiciones de higiene óptimas. Se limpia de manera automática el propio inodoro, pero también todo el suelo y el lavabo, además el uso constante de un ambientador.

Las ubicaciones, una a una

Los baños se encuentran ubicados en zonas de paseo y de alta afluencia de personas: junto al Templete de la Música en el Paseo de la Condesa, cerca del puente de Los leones; en el entorno del skatepark del Paseo de Papalaguinda; otro en la calle Santos Olivera, a la entrada del Parque del Chantre en las proximidades de El Corte Inglés; en el Parque de las Tierras Leonesas en el barrio de La Palomera; en la avenida de los Peregrinos, en Eras de Renueva, cerca de la iglesia evangélica; y finalmente en el aparcamiento de San Pedro, situado detrás de la Catedral de León.

Diez destacó que se ha decidido que el servicio será gratuito para los usuarios, confiando en que la ciudadanía los cuide y use de manera adecuada para preservar la calidad del servicio y no tener que implementar medidas de cobro, porque aseguró que “ya sabemos que todo aquello que es gratis a veces tendemos a no cuidarlo demasiado”. Añadió que la intención es ir “con el tiempo incrementando esta dotación”.

Presupuesto y lentos compromisos

La inversión se ha dividido en dos contratos diferentes: los dos aseos del entorno del río Bernesga fueron financiados parcialmente con fondos europeos Next Generation, han supuesto 131.998,90 euros; mientras que los otros cuatro han sido sufragados íntegramente por el Consistorio con una aportación de 262.192,48 euros. El presupuesto incluye tanto el suministro de las cabinas como las obras de acometida a las redes de abastecimiento y saneamiento.

De este modo, por fin se hace realidad una vieja reivindicación, no sólo de muchos ciudadanos sino un compromiso político del equipo de Gobierno socialista que ha tardado mucho en materializarse. Y es que a cambio del apoyo presupuestario ya se aprobaron al grupo municipal de Ciudadanos dos unidades por 100.000 euros, que jamás se pusieron en marcha, y en 2023 nuevas enmiendas presupuestarias de Unión del Pueblo Leonés (UPL) incidían en lo mismo, también a cambio de los votos para aprobar el presupuesto. Por el camino, hasta Podemos lo solicitaba públicamente.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, “está realizando un trabajo intenso y tiene el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León”, Alfonso Fernández Mañueco.

Así de tajante lo ha expresado hoy el portavoz del Gobierno autonómico del Partido Popular (PP) al término del Consejo de Gobierno, preguntado en varias ocasiones por los escándalos que atenazan al titular de Medio Ambiente y actual presidente provincial en funciones del PP en la provincia leonesa, por un lado a raíz de los incendios de gravedad histórica en la Comunidad y la provincia de León y por otro por algunas de sus decisiones recién conocidas: tal y como ha desvelado una investigación de ILEON, Quiñones dio el visto bueno ambiental de manera personal a un proyecto de macrovertedero en el centro de la provincia que promueve un grupo empresarial para que el trabajó como directivo su propio hijo.

Para el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, tal es la normalidad del trabajo de Juan Carlos Suárez-Quiñones que asistió hoy al Consejo de Gobierno, si bien tuvo que ausentarse una hora después de su inicio para copresidir a partir de las diez, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico. “Luego se reincorporó y está en primera línea, como le corresponde a sus obligaciones”, afirmó Carriedo.

El propio portavoz rehusó hasta por tres veces manifestarse sobre si el Gobierno de Mañueco considera necesario que el último escándalo de Suárez-Quiñones sea revisado, a instancias de la propia Junta, por el Consejo de Ética autonómico, al no haberse apartado de la toma de decisiones que beneficiaban directamente a una compañía en la que su hijo era directivo. “Todos los que tenemos una responsabilidad pública estamos sometidos al escrutinio público, al debate y la crítica pública; hemos visto las declaraciones del consejero y creo que han sido claras en este ámbito”, se ha limitado a responder.

Sí respondió Carriedo a varias repreguntas sobre si el propio Suárez-Quiñones se arrepiente de las declaraciones que realizó en 2018 en una entrevista en ‘Diario de Valladolid- El Mundo’, donde aseguraba en el titular que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Y el portavoz se enrocó en que lo que le consta es que “ha hecho todo lo posible para que en el pazo de tres años tengamos el triple de recursos en materia de prevención” de incendios forestales.

Reacción a 'la cobra' de los forestales al presidente

“Hay que juzgar por los hechos, y desde 2022 la Junta ha triplicado los fondos destinados a prevención de incendios, ha extendido los contratos de los trabajadores y ha mejorado sus condiciones laborales”, incidió el portavoz, antes de recalcar que la Junta está “orgullosa de la profesionalidad de su equipo, de su formación y cualificación”. “Siempre puede haber críticas, pero tenemos los mejores profesionales de toda España, muy formados y cualificados”, valoró, también al ser preguntado sobre el rechazo público y crítico de los brigadistas de la propia Junta a saludar al presidente Mañueco durante la visita de los reyes de España este miércoles.

Sobre este hecho, Carriedo insistió en que Mañueco es una “persona muy educada y respeta a todo el mundo, que está en el territorio, cerca de la gente, que escucha a los ciudadanos y sus problemas”, recogió Ical. “Estas cosas solo les pasan a los que dan la cara, a los que se acercan a los ciudadanos que sufren”, apuntó el consejero portavoz, quien consideró que en unas situaciones “se escuchan ánimos y en otras quejas y críticas”.

La oposición, en tromba

Respecto a la investigación de ILEÓN sobre el consejero Quiñones, hoy se produjeron las primeras reacciones políticas de grupos de la oposición en el Parlamento autonómico. El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha calificado esta información como “un escándalo flagrante” y ha pedido que se “investigue todo lo que se tenga que investigar” porque es “difícilmente compatible con el Código Ético”.

Además, quien fuera socio y vicepresidente del anterior Gobierno de Mañueco bajo las siglas de Ciudadanos, ha señalado que durante aquella etapa, la entonces consejera de Industria, Ana Carlota Amigo, “no tuvo constancia” de una posible relación de Suárez-Quiñones con este grupo empresarial y de que “su hijo trabajara ahí”. “El consejero no debería permanecer un día más en el cargo, si lo admite el presidente será el responsable”, ha añadido.

Para el PSOE, Quiñones es “el Mazón de Castilla y León”

Por su parte, el portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha insistido en que el consejero está “absolutamente sobrepasado” y que debe entrar “el Código Ético y también Fiscalía si es así”. Mientras, el grupo parlamentario de Vox se ha remitido a valorar que “son cuarenta años de bipartidismo, cargados de corrupción”. Preguntado por este asunto, el Grupo Parlamentario Popular cuyo portavoz es el también leonés Ricardo Gavilanes, ha respondido que “desconoce la noticia”.

De momento, el diputado abulense del PSOE, Manuel Arribas, ha acusado Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, de “ser un peligro para todos los castellanos y leoneses”. Exigió la dimisión de Mañueco “pero antes debería cesar al ‘Mazón’ de Castilla y León, que es el consejero de Medio Ambiente, que estaba en una comida mientras se reproducían los fuegos”, en referencia a su presencia en la Feria de Muestras de Gijón y en una comida posterior, que él justificó con la frase: “Tenemos la mala costumbre de comer”.

La totalidad de la oposición en el Ayuntamiento de La Bañeza, es decir, la suma de PSOE, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Ciudadanos y el concejal no adscrito que formó parte de las listas del Partido Popular (PP) se han unido para denunciar una nueva muestra de lo que tildan como un ejercicio de “autoritarismo” por parte del alcalde, el popular Javier Carrera de Blas, y el equipo de Gobierno municipal que preside, ahora formado por PP y Vox tras aumentarse los sueldos un 31% de un plumazo.

El último motivo de esta crítica unánime de la oposición en bloque es la decisión unilateral del regidor de cambiar de fecha la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo, “sin haber informado, ni comunicado previamente dicha modificación” al resto de la Corporación, denuncian en una nota de presa.

Los grupos recuerdan que desde el principio del mandato se fijó que las sesiones ordinarias se celebrarían el último jueves de todos los meses impares pero en marzo, el alcalde ha decidido incumplir “unilateralmente” y trasladarlo a este jueves día 3 de abril, cuando para cualquier cambio de fecha “tal y como se vienen haciendo en todos los municipios de España, debería de motivarse la circunstancia y trasladarlo a los distintos Grupo Municipales”. Este proceder supone “un menosprecio”, por no “importarle lo más mínimo las gestiones laborales o familiares del resto” de los concejales.

Un asunto importante de la sesión será el cuantioso crédito extraordinario que quiere aprobar pagar la compra directa del edificio de la estación de autobuses de La Bañeza a Alsa, operación que asciende a 1.170.301,80 euros. La posición lo ve como “una hipoteca que asumiremos los bañezanos durante los próximos 15 años, por la adquisición de un edificio que cuando se termine de pagar ya tendrá medio siglo de antigüedad”.

Por otro lado, se lleva a la sesión un reconocimiento extrajudicial de crédito que roza los 821.000 euros para el pago de un total de 758 facturas que no se han tramitado como “correspondería” en el ejercicio 2024. Y algunas demuestran a su juicio una “gestión irresponsable” del equipo de Gobierno. Como ejemplo, los casi 300.000 euros que se habrían quedado pendientes de tramitar y por lo tanto pagar en facturas de las fiestas de verano, incluyendo algunas de la carrera de motos, porque ya había superado la cantidad de 280.000 euros presupuestada inicialmente.

“La de Fiestas no es la única área donde el equipo de gobierno presidido por Javier Carrera ha gastado por encima de sus posibilidades: otras áreas como Cultura o Deportes, también superan el importe previsto de los presupuestos”, causando un problema serio a 121 proveedores “que han prestado sus servicios al ayuntamiento y que aún, hoy en día, no han cobrado”, en un ejercicio que tildan de “falta de previsión y planificación” presupuestaria.

Primero fue el socialista Maxi Pérez; luego el popular José Ángel López; y ahora lo es el leonesista Lorenzo Callejo. El Ayuntamiento de Soto de la Vega ya va por el tercer alcalde en el presente mandato, que comenzó con pacto entre PSOE y Ciudadanos, roto por una moción de censura de PP y Cs en diciembre de 2023 apoyada por la Unión del Pueblo Leonés, que ahora se queda con el bastón de mando. Se trata del consistorio número 26 regido por la UPL en la provincia de León, a los que se suman otros cuatro en Salamanca y uno en Zamora.

El último relevo en el sillón de la Alcaldía se ha producido en el pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Soto de la Vega, que salió de las elecciones municipales de mayo de 2023 con un resultado de 4 concejales para el PSOE, mayoría minoritaria en una Corporación con 9 asientos completados con 2 para UPL, 2 para el PP y 1 para Cs.

Los movimientos políticos han sido continuos. Tras la moción de censura que a finales de ese mismo año descabalgó al socialista Maxi Pérez se había anunciado que se barajaban varias opciones. Y ahora ha sido precisamente UPL, la fuerza que en principio quedaba fuera del acuerdo de gobernabilidad fruto de la moción de censura de PP y Cs, el que se ha hecho con la Alcaldía. 

“Nunca votaremos a favor cualquier asunto en el que haya la mínima sospecha de ilegalidad”. Con esta frase tajante ha zanjado la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Laura Fernández, su postura en torno a la polémica suscitada por los usos del edificio Araú tras rechazar buena parte de la oposición su cesión a la Fundación Uapo, promovida por el equipo de Gobierno en minoría de la Unión del Pueblo Leonés y sí apoyada por Ciudadanos y la concejala tránsfuga Eva Pérez.

La portavoz de IU se lamenta “del bochornoso espectáculo del pleno de enero en el que la alcaldesa (la leonesista Ana María Caurel) hablaba por todos sus concejales, o de los concejales que se escondían detrás de la alcaldesa”. “Si esto no bastara”, añade, “el espectáculo aumentaba a medida que el pleno avanzaba y la alcaldesa y los concejales de la UPL perdían la sonrisa y fruncían el ceño, porque estaba siendo demasiado largo y demasiadas las críticas a escuchar”.

Fernández cree que el debate en la sesión “hizo patente el autoritarismo y las formas dictatoriales de quien no tiene ningún interés en escuchar a los que piensan diferente y se cree por encima del bien y el mal”. “Eso por no hablar de las malas formas del concejal de incultura, perdón, cultura del equipo de gobierno, quien solo abrió la boca para insultarme y mentir”, denuncia la portavoz de IU para afear que “olvidan o desconocen que representan aproximadamente a un 25% de los votantes y eso debería hacerles cuanto menos más humildes respecto al otro casi 75%”.

En la sesión plenaria, la regidora acabó reconociendo que lleva 17 meses negociando la cesión del inmueble a la Fundación Uapo a través de un conseguidor con el que compartió formación política bajo las siglas de UPL, tratando de defenderse con que este también había tenido en otro tiempo relación con el Partido Popular.

“Somos muy conscientes de la situación de nuestro municipio y de la irresponsable gestión de la Unión del Pueblo Leonés, que trata de hacernos al resto de corporativos cómplices de las ilegalidades que implican sus torticeras propuestas”, dice Laura Fernández para sentenciar: “Nunca votaremos a favor cualquier asunto en el que haya la mínima sospecha de ilegalidad, como es el caso de la ampliación de usos del edificio Araú que traía a la aprobación del pleno”. Y, a renglón seguido, aclara: “No nos oponemos a la ampliación de usos del edificio Araú, pero hay que hacerlo respetando la ley, y está muy claro que en este expediente se la está saltando, al no seguir los pasos que marca quien más sabe de urbanismo en nuestro municipio”.

Tras acusar a la regidora de “no dialogar con la oposición, no informar, y mentir”, Izquierda Unida remarca que en esta última sesión planteó en el punto de fiscalización del equipo de Gobierno preguntas sobre los reparos en muchos contratos, las propuestas que llevarán a la próxima negociación con Adif sobre el soterramiento, los gastos pormenorizados de la Concejalía de Cultura, la publicación de la agenda de la alcaldesa y concejales, la ordenanza de la tasa de residuos, la apertura del vial de San Juan de Dios o las gestiones con la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otras.

El Ayuntamiento de La Bañeza, el sexto con mayor número de población en la provincia de León, ha aprobado aplicar un 'sueldazo' al régimen de retribuciones que venían percibiendo su alcalde y sus concejales, todos ellos con dedicación exclusiva parcial, aumentando de un plumazo una subida que se cifra en algo más del 31%.

Este gran incremento situará a partir de ahora en casi 200.000 euros anuales netos (199,752 exactamente) los costes que a las arcas públicas del municipio supondrán los seis nuevos salarios aumentados para el equipo de Gobierno. Se trata de un acuerdo que ha sido posible gracias al apoyo de los votos de las dos concejalas del grupo municipal de Vox en La Bañeza, Laura Gallego y Yolanda García, que desde el verano forman parte del equipo de Gobierno.

Los datos de sus nuevas y multiplicadas nóminas, que sendos partidos de derechas aprobaron en el polémico Pleno celebrado el pasado 8 de noviembre, se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este miércoles y pasan por lo tanto a ser oficiales. Antes de este trámite, los mismos seis ediles -el alcalde y cinco concejales- percibían en conjunto 152.051 anuales netos.

A la cabeza de todos ellos se sitúa el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, que pasará de golpe de cobrar 36.608,25 euros a 46.464 al año en catorce pagas. O lo que es lo mismo, un sueldo mensual de 3.318 euros al mes e idéntica cuantía en dos pagas extra. Y eso que su dedicación no será exclusiva y completa sino al 80% del tiempo. El incremento salarial en su caso es más de un 27% superior.

Esta nueva cifra que ingresará el regidor bañezano multiplica por cinco el sueldo actual de su homólogo, el alcalde de la cercana ciudad de Astorga, José Luis Nieto, también del PP, que apenas se embolsa al año 9.120 porque no tiene sueldo de dedicación ni exclusiva ni parcial, y es exactamente el doble de los 23.348,50 euros del salario parcial del alcalde de Villablino, el socialista Mario Rivas. Por comparación, Astorga tiene más población que La Bañeza y Villablino es el octavo municipios de la provincia leonesa.

Para el resto, un sobresueldo a capricho

Por su parte, para los cinco restantes concejales del equipo de Gobierno se ha aprobado una dedicación exclusiva pero parcial al 66% del tiempo, que les supondrá percibir 38.322 euros anuales netos, 2.737 euros al mes también en catorce pagas.

Sin embargo, el acuerdo plenario pactado por los dos partidos de derechas en La Bañeza supone mucho más ingreso que los ediles del equipo de Gobierno sin salario público porque esconde un truco. Podrán cobrar cada vez que asistan a un Pleno, a una Junta de Gobierno, a cualquiera de las muchas sesiones de Comisión Informativa, a una Junta de Portavoces y, a mayores, a otro tipo de reunión denominan Comisión de Coordinación de Concejales Delegados. Se da el caso de que esta última, que no es un tipo de reunión obligatoria marcada por la legislación municipal, es la que puede permitir meter dinero a los bolsillos del resto de concejales del equipo de Gobierno de manera discrecional e incontrolada: cada asistencia se cobrará a 250 euros. No se fija límite alguno de este tipo de citas.

Llama mucho la atención que acudir a un Pleno o a una Junta de Gobierno se quede en cantidades 2,5 veces inferiores, es decir, 110 euros por sesión. Por comisiones informativas o juntas de portavoces, a las que sí van concejales de otros partidos en la oposición, las cifras a ingresar son mucho más reducidas, de 100 y 65 euros por sesión, respectivamente.

Historial convulso de subidas y tribunales

Los salarios de los mandatarios de La Bañeza, y los constantes intentos de subida, que muchas veces se han ido consolidando, llevan años sacudiendo de polémica esta pequeña ciudad leonesa de poco menos de 10.000 habitantes, desde que a la Alcaldía ascendió Javier Carrera desbancando al PSOE después de numerosos mandatos. Ya en la legislatura anterior de 2019 hubo trifulca por los nuevos salarios, en aquel caso con apoyo del grupo de Ciudadanos. Vox se oponía con dureza a estos incrementos.

Vox: “Es un ajuste y hay que ser muy valiente”

Con la nueva composición de la Corporación tras las elecciones de 2023 no se ha rebajado la tensión, pero cambian los actores. Los primeros intentos de incremento salarial del PP en minoría, a un sólo edil de la mayoría absoluta, fueron denunciados ante la Justicia por el Grupo Socialista y obligaron al alcalde a dar marcha atrás. Sólo con apoyo inicial del concejal de UPL consiguieron sacar el régimen de dedicaciones adelante, con meses de retraso.

Después, el edil que ocupaba el número 4 en la lista popular, Luis Fernando Miguélez, que precisamente era el responsable de Hacienda, fue cesado del equipo de Gobierno, y pasó a ser no adscrito, lo que forzaba al alcalde Carrera a buscar nuevas alianzas. Las encontró en Vox y sus dos concejalas, las cuales en el último Pleno del 'sueldazo' defendieron que “esto no es una subida, sino un ajuste” y que “hay que ser valiente para proponer la subida”.

La oposición, en bloque, ha censurado la maniobra. Así, desde el PSOE, su portavoz, Rodolfo Sánchez –que ya tuvo que acudir a los tribunales en los primeros intentos del mandato–, cifraba en cerca de un millón de euros el coste total de las nuevas retribuciones públicas “si se tienen en cuenta salarios, dietas, asistencias o costes sociales por los cuatro años”. Una maniobra que tildó de “innecesaria, desproporcionada y sorprendente”, además de ser una huida hacia delante del alcalde, que “prevé el riesgo de una sentencia desfavorable en una instancia superior y busca blindar sus retribuciones antes de que quede firme el fallo” judicial.

Por Unión del Pueblo Leonés (UPL), su único concejal, César de la Mata, llamó “brutal” al “sueldazo” , “un despilfarro del dinero de todos los bañezanos que no tienen por qué pagar la fiesta de aumentar las ganancias personales del equipo de gobierno de la ciudad”. Algo que a su juicio demuestra “que solo están por la pasta y por las fotos para hacerse publicidad, en lugar de por el bienestar de los bañezanos”.

Vetada la retransmisión del Pleno

Por Ciudadanos, José Javier Morla, que afeó también que se oculte exactamente qué concejales cobrarán la nueva y aumentada dedicación parcial, quiso saber “dónde está reflejado en los presupuestos” el montante de los nuevos salarios, señalando especialmente a Vox que hace un año propusiera la bajada de salarios “y ahora que está en el Gobierno dice lo contrario”, también contra lo prometido en su programa electoral.

Finalmente, el exconcejal del equipo de gobierno Luis Fernando Miguélez, contrapuso su gestión al frente de Hacienda, “austera y responsable”, con la actual subida que denota una “falta de sensibilidad” con los problemas reales que enfrenta el municipio. El alcalde en el Pleno le llegó a retirar la palabra con el argumento de excederse en su tiempo, algo que no tiene precedente. Tampoco se pudo seguir en remoto la sesión del Pleno, uno de los más tensos de los últimos años, al decidir el regidor contravenir la legislación y que no se retransmitiese por vía alguna.

El sindicato agrario Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León asegura que la Justicia ha “tumbado de nuevo” el reparto económico de la Diputación de León, que cogobiernan ahora como también en el pasado mandato el PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), respecto al reparto de ayudas a las organizaciones agrarias como la suya, a cooperativas y otras asociaciones agroalimentarias de la provincia.

Vence así, en primera instancia, Asaja a la Diputación un año más dentro de una batalla que les enfrenta desde que en el año 2020 se modificaran los criterios anteriores que hacían que Asaja recibiera más dinero público, criterios que cambió el entonces vicepresidente de UPL -luego expulsado de esta formación- y líder agrario desde el sindicato rival de Ugal-UPA, Matías Llorente, ya fallecido. Por su intervención, el líder provincial de Asaja, José Antonio Turrado, siempre ha considerado que el equipo de Gobierno provincial actuó con “prevaricación”, algo que denunció por vía penal y que sin embargo se archivó ya hace años.

Asaja recuerda que ha conseguido que se rechacen en los juzgados las bases reguladoras de las ayudas agrarias de la Diputación desde la convocatoria de 2020 y hasta la última en 2023, “una situación que deja en mal lugar al equipo de gobierno de ésta y de la anterior legislatura por utilizar mala praxis, y a los grupos políticos de la oposición que lo han apoyado, por no enterarse de nada, (igual que en el Congreso de los Diputados)”, reza la nota, en referencia a PP y Vox ahora o a PP y Ciudadanos en el anterior mandato.

La última resolución judicial contra la Diputación por este motivo emana del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León, que ha dictado la sentencia número 159/2024 en la que se falla estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asaja contra el acuerdo del Pleno de la corporación de 28 de noviembre de 2023 de aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de estas ayudas, al ser iguales que los demás años. También le impone las costas a la institución.

La organización admite, sin embargo, que el efecto real de la sentencia, como de las anteriores, tarde en verse y se pueda repartir el dinero de las ayudas porque “es probable que, como ha ocurrido con las convocatorias anteriores, la Diputación decida ganar tiempo y recurrir a instancias superiores, en vez de rectificar y asumir los criterios que le marca la Justicia”.

En el municipio leonés de Laguna de Negrillos, gobernado por el PSOE, se ha aprobado este viernes la moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa. La propuesta fue presentada y defendida mayoritariamente por el PSOE, a pesar de que el partido Unión del Pueblo Leonés (UPL), tradicional impulsor de esta iniciativa, no tiene representación en el Ayuntamiento.

El texto de la moción fue respaldado por una mayoría suficiente en el Pleno municipal. En concreto, contó con cinco votos a favor en una Corporación de ocho concejales. Cuatro concejales socialistas, entre ellos el portavoz del PSOE, Ángel Ámez, y también el edil que representa al partido político de España Vaciada. Por su parte, rechazaron apoyar la iniciativa los dos concejales del Partido Popular (PP) y un edil del equipo de Gobierno del PSOE: todos ellos abogaron por abstenerse y, por lo tanto, no hubo finalmente ningún voto en contra. Por su parte, destacó la ausencia del único representante de Ciudadanos.

Esta aprobación se une a otras mociones similares que se han presentado en diversos ayuntamientos de la provincia de León y otras zonas de la Región Leonesa, en un movimiento que busca mayor autogobierno para la zona, y cuyo hito ha sido su aprobación final este año en la Diputación de León, es decir, en la representación de 208 de los 211 municipios de la provincia. De los tres restantes, también lo han secundado León capital y San Andrés del Rabanedo, faltando únicamente Ponferrada en presentarla y suscribirla.

Ángel Ámez justificó la presentación de la moción por la necesidad de atender los problemas económicos, sociales y demográficos que enfrenta la histórica Región Leonesa, que incluye las provincias de León, Zamora y Salamanca. “No hay más razón que el sentido común. La situación que está viviendo y vivirá León y la histórica región en el ámbito demográfico, económico y social”, afirmó Ámez, destacando que la petición de una autonomía leonesa es una respuesta legítima ante la ineficacia de las políticas actuales.

Ámez subrayó que la solicitud se realiza dentro de los principios constitucionales y que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población. La aprobación de esta moción, aunque simbólica, refleja un creciente consenso en varias localidades leonesas sobre la necesidad de replantear el modelo autonómico para garantizar un desarrollo más equitativo y adaptado a las realidades locales.

Dieciocho. Hace años que esta cifra tiene un hondo significado político y reivindicativo en la provincia de León, incluso en gran parte de la Región Leonesa o el antiguo Reino de León a la que se suman con todo el poder de una historia común las provincias de Zamora y Salamanca.

El simbolismo de la cifra, 18, estriba en que ese sería el número de una nueva comunidad autónoma de España si, como se viene reclamando de manera muy abrumadora desde el punto de vista institucional, incluso aprobándose en la Diputación y grandes ayuntamientos, la Región Leonesa se desgajara de la actual autonomía de Castilla y León de la que la provincia parece renegar cada vez con más fuerza.

Sin embargo, la cifra 18 cobra ahora actualidad para referirse a una nueva región que el Ministerio de Economía del Gobierno de España ha propuesto crear. Una autonomía virtual, ficticia, pero que serviría como posible soporte legal para unificar criterios aplicables a toda España que faciliten trámites y burocracias, desde licencias a permisos, en gran medida para imponer un marco sencillo y común para todas las empresas del país independiente de en qué comunidad estén situadas y en cuál quieran hacer negocios.

Esta idea de impulsar la dieciocho autonomía, 'inventada', sin ubicación alguna en el mapa del país, ha sido lanzada la semana pasada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Y este ente virtual, la comunidad autónoma 18, para establecer un régimen común para las empresas en todo el territorio nacional, será objeto de debate ya más concreto en una próxima reunión sectorial a la que el ministro ha convocado este miércoles 18 de septiembre a las entidades locales y las comunidades autónomas en el marco de la llamada  Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios.

La idea parte de la copia de una celebrada ocurrencia similar nacida en Europa. Surge del llamado informe Letta sobre el mercado único europeo, que entre otras medidas aboga por la creación de un estado falso, virtual, el país número 28 de la Unión Europea, que de hecho ha sido incluido en el programa del gobierno de la presidenta de la Comisión. Consiste en impulsar un espacio jurídico nuevo para conseguir en él y de manera ágil permisos y licencias comunes a todos los países sin esperar a los actuales trámites farragosos de consenso constante.

En el planteamiento que asume ahora el Gobierno de España a semejanza con aquel se pretende que la nueva región o distrito o autonomía 18 no sólo unifique criterios entre las restantes 17 autonomías sino también hasta algunas licencias que conceden los ayuntamientos, ya que muchas veces son tan diferentes que provocan serias complicaciones, por ejemplo, para asuntos como la movilidad o la eficiencia energética, tan en boga por las políticas europeas.

La Junta lo valora positivamente a la espera de detalles

El Gobierno lo propone. Y la Junta de Castilla y León no lo ve del todo mal. Así se desprende de las declaraciones del consejero de Economía y además portavoz del actual Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Tras una reunión con la Patronal de empresarios de la CEOE en Valladolid, Carriedo mostró su apoyo a la idea de la autonomía 18 como un régimen común para las empresas, con el condicionante de que se pueda avanzar en la unidad de mercado, y a pesar de ver la propuesta todavía “un poco difusa”, según recogió Ical.

El consejero de Economía y Hacienda recalcó que la Junta siempre ha abogado por que la licencia que se conceda por una comunidad para una actividad productiva tenga validez en el resto. “Esto sería positivo siempre y cuando todos lo aceptáramos”, condicionó. “Si avanzamos hacia un sistema que facilite que las empresas castellanas y leonesas puedan trabajar en el todo el territorio será positivo. El objetivo es tener una visión única de España y superar esa idea de que las comunidades autónomas ejercen límites geográficos a las empresas”, afirmó.

Desde el Ministerio de Economía se incide en que se trata de facilitar a las empresas su actividad y para ello quieren detectar procedimientos en los que haya disparidad en las comunidades autónomas con el fin de armonizarlos en consenso con ellas para que las empresas operen con más facilidad.

LExit

El caso es que en León la autonomía 18 es otra cosa muy distinta. Se ha venido centrando, de manera creciente en los últimos años, en un clima de consenso constitucional para impulsar legalmente un 'Lexit', un movimiento para desgajar León de Castilla. Y es que a esta unión de dos regiones muy diferenciadas se le atribuye la nefasta deriva de casi todos los datos económicos, sociales y demográficos de las últimas décadas, desde que en 1983 echó a andar esa unión de Castilla y León con la aprobación de su Estatuto de Autonomía.

La iniciativa, en forma de mociones, ya ha sido votada a favor por tantos ayuntamientos de la provincia, incluyendo a los que ampara la Diputación, que se trata de una postura que ya aglutinaría a la práctica totalidad de la representación de la población de León, incluyendo a León capital ya desde 2019.

Esas mociones han contado en las diferentes entidades locales que las han 'bendecido' con el apoyo de concejales de todos los partidos políticos con representación, sin excepción. Es decir, no sólo cargos públicos de Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido que las ha impulsado: también del PSOE, del PP, Vox, Izquierda Unida, Podemos o Ciudadanos, entre otros. En algunos casos, en contra de la posición oficial de su propio partido. De hecho, solo uno de cada cuatro concejales que votaron la moción pro Autonomía para León se opuso a su aprobación.

La iniciativa también se ha planteado y aprobado en otros municipios de la Región Leonesa, unos pocos ayuntamientos de Salamanca y Zamora, pero en este caso con un éxito muy reducido en número. Hasta el punto de que la última apuesta que defienden muchos políticos leoneses es que, si fuera necesario, la autonomía 18 para León incluyera sólo a la provincia de León si es necesario para que salga adelante su impulso. Curiosamente, prácticamente la única vía institucional que podría poner el contador a funcionar para esta nueva autonomía en España depende de posibles aprobaciones parlamentarias mayoritarias bien en el Congreso de los Diputados, bien en las Cortes de Castilla y León, o en ambas.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo convocado para este jueves a las 10 horas no pasó del primer punto. Toda la oposición, menos Ciudadanos, votó en contra de la 'ratificación de la urgencia' del mismo que proponía el equipo de Gobierno en minoría de UPL, por lo que no siguió adelante.

Tal y como ha manifestado el grupo municipal socialista en sus redes sociales, “hemos votado en contra de la celebración del pleno extraordinario urgente de este jueves porque no se ha convocado de forma debidamente justificada”. Según el PSOE, la formación leonesistas justifica la urgencia “en la necesidad de aprobar los expedientes incluidos en el orden del día, pero no había ninguno”.

El tercer Ayuntamiento de la provincia de León en número de habitantes se quedó el pasado 17 de junio, nuevamente, sin secretario. El funcionario solicitó la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, pero la alcaldesa, Ana Caurel, se opuso, y no fue hasta el sábado 22 cuando se registró en la Junta de Castilla y León la petición de nombrar un secretario accidental, que se aprobó el día 24.

Teniendo en cuenta que el día 24, San Juan, fue festivo en el municipio, el Consistorio no convocó el pleno hasta este pasado miércoles día 26. Extraordinario, en el que “no hay seguimiento y control de los órganos ni tampoco ruegos y preguntas, con lo que la oposición no puede hacer su labor de fiscalización del equipo de Gobierno”, argumentan los socialistas.

El único punto que se debatió y voto en la sesión fue la urgencia que resultó rechazada por los 5 concejales del PP, 4 del PSOE, 3 de Vox y 1 de IU-Podemos, a pesar de los votos a favor de los 6 ediles de UPL que gobiernan en solitario y en minoría y el voto del concejal de Ciudadanos. No votó, porque no asistió, la concejal tránsfuga.

Orden del día del pleno que no pasó del primer punto

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebrará este viernes, 28 de junio, el acto oficial de inauguración de la glorieta de la Policía Nacional, con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de su creación, ha informado este lunes el Consistorio del alfoz en un comunicado.

Se trata de la glorieta ubicada entre las calles Dulcinea (que ha pasado también a denominarse calle Policía Nacional) y Antonio Vázquez Fernández, en la localidad de Trobajo del Camino, muy cerca de la Comisaría de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo.

El acto de inauguración tendrá lugar en la propia glorieta a las 12.00 horas y asistirán numerosas autoridades institucionales y políticas, así como representantes de instituciones militares, sociales, académicas y económicas, y consistirá en el descubrimiento de una placa y en el izado de la bandera nacional, acompañado de la interpretación del himno de España por parte de la Banda de Música de la Academia Básica del Aire (ABA).

La concesión del nombre a este punto de la localidad de Trobajo del Camino fue aprobado en pleno el pasado 28 de diciembre, a través de una moción conjunta de UPL, PP, PSOE, Vox y Ciudadanos x San Andrés.

La propuesta, que contó con la abstención de la concejala de IU-Podemos, recoge que la Policía Nacional, a lo largo de sus 200 años de vida, ha “forjado unos principios y valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, del sacrificio e, incluso, el heroísmo de sus integrantes”.

“En sus dos siglos de historia, la Policía Nacional ha buscado dar respuesta inmediata y eficaz a las demandas de todos los ciudadanos, razón por la cual es hoy una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad”, recoge la moción aprobada.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, ha destacado la “constante voluntad de colaboración de cooperación” de la Policía Nacional con el Ayuntamiento y con la Policía Local.

“Su presencia, junto con la de nuestros agentes, es garantía de seguridad y de convivencia”, ha señalado la regidora. Por eso es “de justicia, pero también todo un honor para el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo”, que la Policía Nacional cuente en el municipio con un espacio dedicado como “muestra de orgullo”, ha añadido Caurel.

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercero con más población de la provincia, ha tenido hoy que acordar paralizar el proceso de oposiciones para estabilización de sus muchos funcionarios interinos, un total de 107, entre un gran revuelo de críticas de la oposición.

La decisión se adopta de manera forzada y con gran polémica, muy pocos días después de conocerse que el Gobierno había reclamado al equipo de Gobierno en minoría de Unión del Pueblo Leonés (UPL) esa paralización del proceso selectivo por considerarlo ilegal, ya que aplicaba unos criterios “a favor de las personas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo” que ya ocupan esas plazas y “sin posibilidades reales para el resto de concursantes”. Es decir, como comunicó el delegado del Gobierno en Castilla y León, el leonés Nicanor Sen, se trataba de un proceso que buscaba “estabilizar personas” concretas.

Haciendo lo que la delegación gubernamental reclamaba, el Pleno ha puesto hoy en cuarentena el proceso, procediendo a la anulación de sendos acuerdos adoptados en junta de gobierno municipal, de la que sólo forma parte UPL.

Sin embargo, el equipo de Gobierno, admitiendo por boca de su concejala de Personal y Hacienda, Mª Ángeles González Martínez, que la decisión ha sido “un duro golpe”, algo “horroroso”, criticó la denuncia anónima que advirtió de las irregularidades del procedimiento, señalando que quien lo hiciera “tuvo un poquito de mala uva”.

“Cualquier cosa que intentamos hacer... ¡zapatumba!”

La edil, como también la propia alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, aseguró que los mismos criterios se han aplicado y admitido “en otros ayuntamientos, pero el único que se denuncia es aquí porque cualquier cosa que intentamos hacer... ¡zapatumba!”. Y a los demás “no les ha pasado absolutamente nada”, añadía la regidora, exigiendo a la Delegación del Gobierno “que identifique quién puso la denuncia, no para hacerlo público sino para saber a quién nos enfrentamos”.

Pero al final, ambas admitieron que no hay más remedio que paralizar el proceso selectivo, aunque “aún no tenemos muy claro qué hacer”, lamentando el esfuerzo perdido del trabajo con los sindicatos y los funcionarios, pero insistiendo en que “el Ayuntamiento tiene que cumplir con la estabilización” antes de fin de año o atenerse a dudas consecuencias, un plazo que se antoja difícil para volver a empezar de cero.

La oposición, al ataque

Los ataques políticos de toda la oposición no se hicieron esperar. Casi todos, coincidiendo en afear que esta comunicación de advertencia de ilegalidad se ocultara hasta la víspera a los grupos, muchos de cuyos concejales lo supieron días antes “a través de Whatsapp”.

La portavoz del Partido Popular (PP), Noelia Álvarez, insistió en que “o paramos nos paran” y además atacó al portavoz de Ciudadanos, Rafael Sánchez, su actitud “impresentable” de acusar sin pruebas que la denuncia fue de algún concejal de San Andrés, que lanzó lo que éste tildó de una “denuncia miedosa”.

Igualmente preocupado por la autoría de la denuncia, el portavoz del PSOE, Benjamín Fernández, afeó “la campaña de bulos” en su contra a su juicio lanzada por algún sindicato, que desmintió rotundamente, amenazando con “medidas drásticas” como una denuncia si persisten en el señalamiento.

Desde IU-Podemos, Laura Fernández también se sumó a las críticas por haberse tenido que “enterarse por la calle” de la grave situación porque “no han tenido el valor” de asumir que “han tomado medidas ilegales”, acusó al equipo de Gobierno, culpándoles de ser ellos quienes “han tirado el trabajo” realizado hasta ahora, mientras por Vox Fernando Prieto Olite, que inició una sonora trifulca casi a gritos con la alcaldesa, habló de “ignorancia y dejadez” en un año de trabajo.

Argumentos

La irregularidad del proceso, según el escrito remitido por Nicanor Sen, está basada en las apreciaciones de un informe de 22 de mayo de la Abogacía del Estado en León, solicitado por la Subdelegación del Gobierno, que concluyó que “los acuerdos (de 25 plazas de auxiliares de ayuda a domicilio y de 10 de educadores infantiles) son contrarios al ordenamiento jurídico”, entre otras cosas porque se estableció que “la valoración prevista otorga 85 puntos a los méritos profesionales y 15 a otros méritos”. Ese detalle y otros “determinan el resultado del proceso a favor de las personas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, sin posibilidades para el resto de concursantes”. Esto es así, concluye el informe estatal, porque “una norma que debería ser de aplicación accidental se erige como absolutamente determinante del resultado final”.

El Pleno, más allá de las críticas y excusas, no aclaró como se resolverá la situación de aquí a fin de año, cuando debe concluir el proceso de estabilización, so pena de serios perjuicios para el Consistorio. “Aún no tenemos claro qué hacer”, admitió la alcaldesa, mientras la concejal de Personal comprometió volver a hablar con los sindicatos y buscar una salida conjunta llegando a “nuevos acuerdos”.

Una tormenta política municipal ha desatado la decisión este jueves de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel (Unión del Pueblo Leonés, UPL), de viajar justo hoy a Granada para “mantener contactos” con responsables de la Fundación de Apoyo a Pacientes Oncológicos (Fundación Uapo), al parecer interesada por establecerse en el Edificio Araú, lo que permitiría la apertura de este malogrado mueble del municipio.

Lo que parecía tener fines sociales, escondía una maniobra no anunciada por la regidora para ausentarse de un Pleno extraordinario que la suma de toda la oposición en esta Corporación había forzado, a propuesta inicial de IU-Podemos, para que el equipo de Gobierno leonesista diera cuentas de asuntos que consideran que deben pasar por comisión, debate y control previo de todos los grupos, ya que UPL no suma ni de cerca una mayoría de gobernabilidad.

De ahí que, como pocas veces, toda la oposición se deshiciera en críticas públicas de la maniobra de Caurel, lo que por ejemplo el Grupo Socialista tildó de “espantada”, ya que apenas avisó de su ausencia y su viaje por un mensaje de Whatsapp pocos minutos antes de la sesión plenaria. Para el PSOE, se ha tratado “protagonizar esta huida para esconderse ante la ciudadanía”, provocando así una “falta de respeto”, porque “la ciudadanía necesita datos concretos sobre su no gestión y no falacias, engaños y ensoñaciones, que es lo que hacen cada día para tapar su falta de trabajo y capacidad”, mantuvieron en un duto comunicado.

Por su parte, el Grupo Popular cree que “el plantón de la regidora leonesista es una absoluta irresponsabilidad, una falta de respeto y una burla a los ciudadanos que están obligados a conocer la gestión municipal”, defendió su portavoz, Noelia Álvarez. “Ha sido una sorpresa muy desagradable y una tomadura de pelo, un hecho que pone de manifiesto su ausencia de gestión, y el poco talante democrático y de servicio que tiene”, añadió.

Desde Vox, cree que “su ausencia se debe, no por una reunión urgente y de alto nivel institucional, como podía ser con el Ministerio para tratar el tema del soterramiento o con la Junta para tratar temas que afecte a los intereses de nuestro municipio, sino que, era para viajar a Granada y reunirse con una asociación para un asunto es importante pero no tan urgente como la limpieza o las hierbas que ya nos tapan”. Y desde Ciudadanos, su portavoz, Rafael Sánchez, expresó su “decepción” ante “un desplante por parte de la máxima autoridad local”.

Por su parte, la alcaldesa, en una nota de prensa oficial, justificó su decisión en atender una “demanda histórica” de los vecinos con el edificio Araú, que a su juicio ahora “tiene por delante una oportunidad única” para conseguir un “inversor que se hará cargo de las instalaciones para dotarlas de actividad y poder prestar un importante servicio social de asistencia a pacientes oncológicos”. Y como los trámites administrativos “discurren con lentitud”, por eso acudió hoy a la reunión para establecer “los contactos necesarios” para trasladar a la Fundación el “máximo interés” del equipo de Gobierno en culminar la negociación “con éxito”.

Todos los grupos han manifestado su intención de no dejar pasar esta situación y manifestado que volverán a apoyar una moción idéntica, para volver a forzar con el mismo contenido otro Pleno más, esperando que en esta próxima vez no ocurran los mismos hechos.

Un destacado miembro del Gobierno de Castilla y León, de hecho el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido hoy públicamente el uso del término “regional” para referirse a la “autonomía” de Castilla y León, cuyo nombre identifica de manera separada las dos regiones que la componen.

Así está establecido no sólo en el Estatuto de Autonomía en vigor de la Comunidad sino que, además, es reciente un acuerdo unánime del Parlamento de las Cortes de Castilla y León, respaldado por todos los partidos políticos, para que ambos términos (“región” y “autonomía”) no se usen como sinónimos. Se trata de “cumplir con el Estatuto en la configuración de la Comunidad y no herir sensibilidades”, se defendió en la tramitación y debate de este acuerdo, ya que con esa expresión no se especifica si la referencia es a la Región Leonesa o a Castilla.

En varias ocasiones durante una rueda de prensa protagonizada hoy por González Gago tras el Consejo de Gobierno de la Junta, que forman Partido Popular y Vox, el consejero se refirió al “Gobierno regional” de la Comunidad e incluso al “presidente regional”, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Lo hacía todavía después de haber sido preguntado en dos ocasiones por la justificación de usar esa terminología, la cual incluso está desterrada por la Real Academia Española ya desde 2008, para que aclarara a cuál de las dos regiones se refería al hablar de las llamativas novedades del próximo Día de la Comunidad, el 23 de abril, con inversiones para determinados actos festivos en Villalar (Valladolid) y otras once localidades de la Comunidad, incluidas León capital y Ponferrada.

Tras la insistencia de un periodista en saber del gobierno o presidente de qué región hablaba, de las dos que conforman la actual autonomía, el Consejero de la Presidencia pidió perdón al profesional exclusivamente a título particular: “Si usted entiende que es mejor hablar de 'Gobierno autonómico', es correcto”. Pero defendió a continuación que “si se habla de 'Gobierno regional' yo creo que todo el mundo lo entendemos, más allá de que se pueda manifestar el interés o la necesidad de hablar de dos regiones en la Comunidad autónoma”.

La postura del consejero natural de Valladolid coincide con el incumplimiento flagrante por parte de la administración autonómica de los acuerdos parlamentarios unánimes contra este tipo de expresiones, en los que la Región Leonesa que reconoce el Estatuto de Autonomía desde su aprobación hace 41 años queda oculta. También ocurre que este mal uso está detrás de que se acabe llamando, por generalizar o por acortar, castellanos a los leoneses, con el consiguiente enfado de éstos. O que se hable de “las dos Castillas” para referirse a Castilla y León (con “y” copulativa) y Castilla-La Mancha, entre otros muchos usos equivocados.

Todavía hay muchas instituciones autonómicas que conservan el erróneo término “regional” respecto a la unión de Castilla y León, cuando deberían erradicarlo al haberse comprometido así hace ya tres años a propuesta del PSOE, que avaló Unión del Puelo Leonés (UPL) y que terminaron votando a favor PP, Ciudadanos, Por Ávila y Vox en el Parlamento autonómico.

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, ha declarado este lunes en los Juzgados de Ponferrada acusada de presunta prevaricación, al supuestamente interferir en la contratación de tres empleados municipales, una acusación que ha negado. Dos de ellos tienen vínculos con el PSOE municipal (una de ellas es hermana del exalcalde Demetrio Alfonso Canedo y, a la sazón, tía del actual secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón).

Las contrataciones se produjeron hace ocho años en un proceso por el que se contrataron a 30 personas y por el que la alcaldesa fue expulsada de su partido, el PSOE, aún sin haberse celebrado el juicio, que se aplazó hace unos meses. Martínez se presentó en mayo de 2023 liderando la lista de Independientes por Fabero, revalidó la victoria y mantuvo el sillón de la Alcaldía.

En su declaración, la regidora proclamó su inocencia: “Soy la última, firmo el decreto de contratación pero no estoy en el proceso”. Sí manifestó su sorpresa porque se contrataron a muchos más “y el procedimiento para los demás fue el mismo”. El denunciante fue el entonces portavoz de Ciudadanos y luego del PP Andrés Pérez Marote.

Martínez lamenta que el caso no se haya juzgado hasta ahora, cuando ya casi no recuerda el proceso. Ella y dos empleados municipales están juzgados en este proceso, por el que se les pide tres años de suspensión y 2.400 euros de multa.

Dicen que los canales llevaron el agua y Las Médulas se quedó con la fama. Las estructuras que componen la red hidráulica más importante del Imperio Romano aspiran todavía a su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) cuando la antigua mina de oro ya ha hecho las bodas de plata como Patrimonio de la Humanidad en el corazón del Bierzo. Pero ahora uno de esos elementos claves en el sistema de explotación usado hace 2.000 años se ha puesto en el candelero por un proyecto para hacerlo transitable en bicicleta. La iniciativa ha levantado ya polvareda por la oposición de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León Promonumenta y del arqueólogo considerado como el mayor experto en el paraje, Javier Sánchez-Palencia, quien alerta de que la iniciativa no sólo amenaza el nombramiento como BIC sino la propia consideración de Las Médulas. Sus promotores, con la Junta de Castilla y León a la cabeza, defienden su importancia como factor de dinamización turística.

Hay dos carreras que hay quien considera lanzadas en sentidos opuestos por la misma administración con apenas un año de diferencia. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta liderada todavía en diciembre de 2021 por Ciudadanos encargó a un equipo multidisciplinar encabezado por el antiguo arqueólogo del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) Javier Sánchez-Palencia un estudio para avalar la declaración BIC de los canales romanos y cuyos resultados se presentaron hace seis meses. La Consejería de Medio Ambiente aprovechó, por boca de su titular, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (Partido Popular), las celebraciones del 25.º aniversario de la declaración de Las Médulas como paraje Patrimonio de la Humanidad el 4 de diciembre de 2022 para anunciar una intervención con fines turísticos en uno de los canales. Al día siguiente Sánchez-Palencia ya hizo llegar a la administración autonómica su inquietud por este proyecto.

La iniciativa fue autorizada el 1 de marzo de 2023 por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (que reemplaza a las territoriales en el caso de intervenciones en Bienes de Interés Cultural incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial a excepción de los declarados con la categoría de Conjunto Histórico) y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente el 4 de abril del mismo año incluyendo un control arqueológico del movimiento de tierras. El pasado 24 de enero comenzaron los trabajos de acondicionamiento para establecer una ruta que une la localidad de Peñalba de Santiago (en el municipio de Ponferrada) con el propio yacimiento arqueológico de Las Médulas a través de un recorrido de alrededor de 60 kilómetros de longitud sobre uno de los canales utilizados en su día para conducir el agua que acabaría removiendo las montañas para extraer el oro hasta dejar las características formas del paraje.

Las Médulas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad entre otras cuestiones por su grado de conservación. Su integridad y su autenticidad fueron parte de sus grandes valores ante la Unesco

Javier Sánchez-Palencia — Arqueólogo

La discrepancia es tal que incluso comienza con la propia denominación del canal. El ingeniero de Minas redactor del proyecto, Roberto Matías, habla de CN-2. El arqueólogo Sánchez-Palencia lo hace de C-28. Y es muy crítico con una reconstrucción en mampostería de un tramo de unos 30 metros como elemento de interpretación (Matías se remite a un ejemplo similar en el entorno de Puente de Domingo Flórez). “Las Médulas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad entre otras cuestiones por su grado de conservación. Su integridad y su autenticidad fueron parte de sus grandes valores ante la Unesco”, expone Sánchez-Palencia, para quien este proyecto supone “una alteración de esa integridad”. “Se está destruyendo el registro arqueológico (…) y no hay prevista ninguna analítica arqueológica”, advierte hasta preguntarse “dónde está el plan de conservación del canal” y sugerir como alternativa el acondicionamiento de sendas paralelas.

Matías, que afirma que “una parte importante de los canales fueron utilizados durante siglos por la población de la zona” y apunta que “el senderismo garantizaría la preservación”, se remite a los permisos de los departamentos de Medio Ambiente y Cultura de la Junta y la “unanimidad absoluta” de las juntas vecinales implicadas en el trazado. Y aunque sobre el papel la administración hable de una ruta de 60 kilómetros, este ingeniero de Minas reduce el aprovechamiento específico para BTT (Bicicletas Todo Terreno) a un descenso entre La Aquiana y San Clemente que “atravesaría perpendicularmente” el canal con la opción de transitarlo por un tramo. “Por ese tramo de canal llevan ya varios años circulando las bicicletas sin ninguna protesta”, remarca.

Hay en esta intrincada carrera una meta volante clave: los trabajos de acondicionamiento realizados por población de juntas vecinales del entorno y miembros de Promonumenta para la grabación del programa del leonés Jesús Calleja en Cuatro Volando voy, emitido en el verano de 2022. Promonumenta circunscribe lo hablado entonces a unos trabajos de limpieza para facilitar el paso por el canal como ruta de senderismo. “Pero senderismo a pie, que eso no hace daño (…). Con lo que no estamos de acuerdo es con que pasen bicicletas porque una bicicleta derrapa, frena, corre mucho. Y destroza el canal a la vuelta de poco tiempo”, advierte el presidente del colectivo cultural, Nino Fernández. El redactor del proyecto sostiene que el acondicionamiento realizado para el programa ya iba encaminado a la ruta para BTT. El propio Calleja, involucrado en una iniciativa similar denominada Zona Alfa León en la Montaña Central Leonesa, parece ‘allanar el camino’ con una reciente publicación en la red social X (antigua Twitter). “Este paisaje (en alusión a Las Médulas) para mí es como el paraíso. Es una locura para la bicicleta de montaña y para el senderismo”, proclama.  

No hay que impedir que el Bierzo tenga oportunidades de futuro, de actividad económica y de empleo

Juan Carlos Suárez-Quiñones — Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Lo que subyace bajo esta polémica también son dos maneras distintas de mirar el patrimonio como elemento susceptible de ser aprovechado turísticamente. El propio Sánchez-Palencia aplaude el uso como “recurso” dinamizador de la zona de Las Médulas: el pasado 2023 batió su récord con más de 100.000 visitas cuando en 1996, durante los trabajos previos a la declaración en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, este arqueólogo se recuerda durmiendo en las antiguas escuelas de La Chana, cedidas por el Ayuntamiento de Borrenes, ante la ausencia de alojamientos. “Pero hay quien pretende que los BIC se autofinancien. Y eso es absurdo. Lo que sí pueden producir son una serie de ingresos indirectos vía turismo”, defiende Sánchez-Palencia, a quien Promonumenta enviará para su asesoramiento el escrito de oposición a la ruta BTT que ultima antes de remitirlo en próximas fechas a las consejerías de Cultura y Medio Ambiente.

“No hay que impedir que el Bierzo tenga oportunidades de futuro, de actividad económica y de empleo”, sostuvo hace apenas unos días en Bembibre el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para quien el proyecto está “técnicamente muy trabajado”. Lo dijo, preguntado por la polémica desatada, sin eludir la posibilidad de escuchar las voces críticas con la iniciativa deslizando que “a lo mejor no conocen perfectamente el proyecto”. “Hay que enseñarles bien el proyecto, hay que ver qué es lo que pueden aportar (…). Vamos a escucharles y después trataremos de trabajar todos juntos”, concluyó unos días después de que el propio concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso (Coalición por el Bierzo), sentenciase en alusión a las hacenderas realizadas para acondicionar el canal: “Creo que es bastante más impactante una azada que un neumático”. Roberto Matías lo presenta como “una continuidad” de los trabajos de acondicionamiento hasta catalogarlo como un “proyecto de desarrollo sostenible”.

La carrera para hacer pasar las bicicletas por los canales ya pasó la etapa de los permisos y está en plena ejecución de los trabajos. Promonumenta alerta de que su aplicación abriría la puerta a la circulación de motocicletas y quads (sin obviar que estos últimos ya lo están haciendo en algunos tramos) hasta producir un daño que “sería mucho más grave”. Sánchez-Palencia considera que la iniciativa amenaza la declaración BIC de los canales romanos al “perder autenticidad”. “Y también podría afectar a Las Médulas”, alerta con la esperanza de que “pueda detenerse la ejecución” en referencia a la meta de una carrera que levanta una polvareda visible mucho más allá de la antigua mina de oro explotada en tiempos del Imperio Romano. 

El PP gana su segunda alcaldía en este mes de diciembre vía moción de censura en la provincia de León. Lo hizo este miércoles en Soto de la Vega tras suceder lo mismo el pasado día 1 en Villamañán. Ahora ha sido gracias al apoyo del único concejal de Ciudadanos, que ha retirado su apoyo al PSOE para dárselo a los populares, que cogen el bastón de mando a través del nuevo regidor, José Ángel López, por ahora sin desvelarse si lo repartirá a lo largo del mandato, según informa Radio León.

López arrebata la Alcaldía de Soto de la Vega al socialista Maxi Pérez, el más votado en las pasadas elecciones municipales de mayo al obtener 4 concejales en una Corporación con 9 asientos. Ahora se queda sin bastón de mando por la suma de los 2 de UPL, los 2 del PP y 1 de Ciudadanos.

Lo que todavía no está clara es la fórmula de gobernabilidad resultante de la moción de censura pese a haberse anunciado que PP y Cs se repartirían el sillón de la Alcaldía y la UPL quedaría fuera del Ejecutivo municipal. Los implicados aseguran que estudiarán todas las opciones, mientras el ya exalcalde habla de intereses espurios, según recoge Radio León.

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de Soto de la Vega ha confirmado este miércoles su apoyo a la moción de censura presentada en dicho ayuntamiento por el PP y Ciudadanos (Cs) contra el Ejecutivo municipal que preside el PSOE, “sin entrar en el equipo de gobierno ni exigir ninguna contraprestación”, ha informado la formación leonesista en una nota de prensa.

El objetivo de UPL es dar estabilidad al Ayuntamiento. “Responsabilizamos de esta situación al PSOE de Soto de la Vega por no asimilar la pérdida de la mayoría absoluta, no sabiendo gestionar el pacto realizado ni abrirse a otras posibilidades de gobierno”, ha afirmado el portavoz municipal de la UPL, Lorenzo Callejo.

Esta alianza entre PP, Ciudadanos y UPL consigue la mayoría suficiente con 5 concejales para sacar de la Alcaldía al socialista Maxi Pérez, que ganó las pasadas elecciones tras obtener 4 concejales.

Hasta final de mandato PP y Ciudadanos se repartirán la Alcaldía que será ocupada en primer lugar por el PP y después por la formación naranja.

Tras Villamañán

El movimiento en Soto de la Vega se produce apenas unos días después de la presentación de una moción de censura contra el alcalde leonesista de Villamañán, Higinio García, que gobernaba en virtud de un pacto con el PSOE, uno de cuyos concejales se ha aliado con el PP para dar un vuelco al poder en el Ayuntamiento.

La UPL ya ha reaccionado exigiendo al PSOE la “expulsión” del concejal tránsfuga sobre el que se basa el éxito de una moción de censura que “es absurda y no se justifica”, según censuró el secretario general leonesista, Luis Mariano Santos.

Cuando apenas ha pasado medio año desde las elecciones municipales de mayo, se producen estos movimientos sobre un tablero político marcado por pactos como el cerrado en la Diputación Provincial entre PSOE y UPL, que mantienen negociaciones para la entrada de los leonesistas en el Ejecutivo municipal del Ayuntamiento de León.