El Procurador del Común pide a Diputación de León que mejore las condiciones de los secretarios-interventores
El pasado mes de junio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó al Procurador del Común de Castilla y León una queja, por el incumplimiento de normas legales por parte de la Diputación Provincial de León, que afecta a las condiciones laborales de los secretarios-interventores de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Una reclamación que el alto representante autonómico ha hecho suya.
El Procurador del Común de Castilla y León presentó una queja ante el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, para protestar por la situación laboral del personal de las administraciones locales en la provincia, concretamente de los secretarios-interventores y pedirle que mejore sus condiciones, según aseguró hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, quien presentó la demanda al respecto el pasado mes de junio.
En su denuncia, CSIF puso de manifiesto la precariedad en la que se encuentran las personas pertenecientes a la subescala de secretaría-intervención, integrada en la escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que prestan sus servicios en municipios con población inferior a 5.000 habitantes en la provincia.
Además, aseguraron que en su labor diaria existen muchas dificultades como modificaciones legislativas y la complejidad de la normativa que regula el funcionamiento de la administración local, “que se complica con la obligación de facilitar, continua y periódicamente desde diversas plataformas, multitud de datos a la Administración General del Estado, especialmente al Ministerio de Hacienda”.
Para la Central Sindical, “otro de los grandes caballos de batalla” es la licitación electrónica de obras, servicios y suministros a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, “cuya dificultad en su manejo es manifiesta y se une a la escasez de personal en la mayoría de los ayuntamientos”.
Todo ello, recalcó CSIF, “ante la dejación de funciones” de la Diputación provincial, “que debe subvencionar a los ayuntamientos e impulsar jornadas y cursos formativos cuando la materia se presume más o menos transcendente y se requiere una asistencia real y efectiva”.
Ante esta situación, y contando con el análisis del funcionamiento de otras diputaciones provinciales de Castilla y León y con el informe previo del Servicio de Ayuda a Municipios de la Diputación, en su Resolución del 8 de marzo de 2021, el Procurador del Común pidió a la institución provincial de León que dé cumplimiento a la legalidad vigente con varias actuaciones.
Una de ellas es la prestación de los servicios de licitación electrónica y contratación centralizada mediante la creación de una central de contratación y la aprobación del reglamento regulador de su funcionamiento. Asimismo, pidió la contratación de las actuaciones incluidas en Planes Provinciales de Cooperación, salvo que los ayuntamientos soliciten la delegación de la contratación de la obra, o la autorización para realizarla por administración.
El Procurador del Común solicitó la aprobación de un modelo de convenio de encomienda de gestión para los municipios de menos de 1.000 habitantes para la tramitación de expedientes de ruina y de órdenes de ejecución.
Igualmente, se le pidió a la Diputación la aprobación de un protocolo de actuación para la prestación del servicio de tesorería, al que puedan adherirse los municipios de menos de 1.000 habitantes y que garantice su correcto funcionamiento y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio de Asistencia a Municipios, mediante la incorporación de un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
