Lluvia de dinero para los pueblos de León: La Diputación activa su principal plan de obras con casi 60 millones
La Diputación de León ha publicado hoy dado el banderazo de salida a la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, su principal plan de obras para los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia. Repartirá una dotación total de casi 60 millones (59.645.000 euros), una cifra considerada histórica para la financiación de obras, servicios básicos e infraestructuras municipales.
El plan está dirigido a los 208 ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes -fuera quedan León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo-. Su objetivo es garantizar la prestación de servicios mínimos, mejorar las infraestructuras locales y favorecer el desarrollo económico y social de los municipios, según rezan las bases por fin activadas para este año 2026, aunque ya esté bien mediado, y el próximo ejercicio.
Aunque la convocatoria corresponde al periodo 2026-2027, la financiación tendrá carácter plurianual. El grueso de la inversión, el 90%, se concentrará en esos dos ejercicios: 35.787.000 euros en 2026 y 17.893.500 euros en 2027. El calendario se completa con 5.964.500 euros en 2029, año previsto para el cierre administrativo y el pago final de las ayudas, una vez presentadas las facturas y certificados obligatorio. El año 2028 quedará principalmente para que los ayuntamientos puedan ejecutar físicamente las actuaciones, que según las bases deberán estar finalizadas como máximo el 31 de octubre de 2028. La justificación de la subvención tiene como plazo máximo el 31 de enero de 2029, si no se prorroga.
Un baremo por población y amplio abanico de proyectos
La asignación de fondos hace años que se rige por un baremo objetivo, no competitivo entre municipios ni tampoco al albur del reparto por partidos políticos, como ocurría hasta hace apenas una década. El sistema hora se fija en función de la población de cada municipio, tomando como referencia los datos del INE de enero de 2026. Así, como establecen las bases, los ayuntamientos de hasta 250 habitantes recibirán 200.000 euros; los de 251 a 500 habitantes, 231.000 euros; los de 501 a 1.000, 300.000 euros; los de 1.001 a 3.000, 372.000 euros; los de 3.001 a 5.000, 446.000 euros; y los de 5.001 a 20.000 habitantes, 572.000 euros.
Cada ayuntamiento podrá presentar como máximo de cuatro actuaciones, que deberán ajustarse a los fines admitidos en la convocatoria. Entre las inversiones subvencionables figuran obras de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a núcleos de población, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto en edificios municipales, actuaciones en centros escolares y consultorios médicos, promoción turística de interés local, adquisición de mobiliario para edificios de servicio público y honorarios técnicos, estos últimos con un límite del 5% del presupuesto.
Quedan expresamente fuera de la financiación los gastos corrientes, como personal o facturas de luz, las obras de simple mantenimiento, salvo en colegios y consultorios, y las actuaciones destinadas a fines comerciales de venta.
El plazo para presentar solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, contabilizando desde el lunes 22 de junio. Las solicitudes deberán incorporar memorias o proyectos redactados por técnicos competentes, acreditación de la titularidad de los inmuebles y, cuando proceda, informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera.
Adelanto de hasta el 90%
La convocatoria también contempla mecanismos para facilitar que la aprobación no estrangule la economía de los ayuntamientos. Por eso, se plantea como siempre que los municipios que tengan delegada la recaudación en la Diputación recibirán un anticipo automático del 90% de la ayuda concedida, mientras que el resto podrá solicitar un anticipo del 70%.
Además, entre las obligaciones, los municipios beneficiarios deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y verdaderamente no pocas veces la Diputación lo aplica si comprueba que no se ha identificado la procedencia del dinero concedido con esos carteles.
