La Junta ha pagado en León poco más del 5% de los daños del lobo reclamados por ganaderos el año pasado
La Junta de Castilla y León ha hecho de los ataques de los lobos al ganado una bandera política contra el Gobierno central. Esta estrategia ha sido sobre todo a raíz de incluir éste a la especie dentro del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre) el pasado otoño de 2021. Con esa decisión, el Ministerio frenó legalmente la práctica de la caza deportiva con la que la Junta argumentaba un control poblacional de los lobos que considera necesario para la supervivencia de la ganadería rural de las provincias al norte del Duero, como es el caso de León.
La ecuación política autonómica presenta una formulación muy sencilla: sin caza, más daños al mundo rural y mayor despoblación. Así lo han verbalizado no pocas veces el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, que insiste en que es crucial apoyar a los ganaderos y pagar con prontitud las indemnizaciones de los daños que sufran sus cabañas, o el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.
En medio de este debate de caza sí o controles selectivos sin aprovechamiento cinegético coexiste otro que se refiere a la estadística real de los daños que al ganado causa esta controvertida especie y las fórmulas que las administraciones públicas desarrollan para minimizar ese impacto negativo y al menos compensar los daños cuando se producen. Pero al igual que la estadística de presuntos ataques de estos cánidos es totalmente desigual entre provincias de Castilla y León, más lo es aún la estadística de esas indemnizaciones a los ganaderos.
10 expedientes resueltos de 188 abiertos
En este sentido, León presenta unos datos de pago de daños causado por el lobo que muchos años rozan lo ridículo. Así ocurre con el último ejercicio cerrado, el del pasado año 2021. Los datos oficiales facilitados por Medio Ambiente certifican que en el primer trimestre del siguiente ejercicio, en marzo, apenas se ha superado el 5% de los abonos de dinero de los expedientes abiertos.
Dicho de otro modo, las reclamaciones de ganaderos leoneses fueron 188 el pasado año y en el primer trimestre del presente se han satisfecho apenas 10. Esos 10 expedientes se refieren en concreto a 24 cabezas de ganado, 11 de ellas de ganado mayor (vacuno y equino, principalmente) y 13 de ganado menor. El dinero pagado, siempre según los datos oficiales de la propia Junta, asciende a apenas 9.575 euros.
Esta situación es muy relevante. Lo demuestra el hecho de que es de los pocos argumentos en que coinciden tanto los sindicatos agrarios, como Asaja, muy combativa contra el conservacionismo para con esta especie y la presunta desprotección de la economía ganadera rural, y las organizaciones que piden ampliar la protección al lobo, como Ascel o Lobo Marley, entre otras muchas.
Ambos bandos, aunque enfrentados en muchos argumentos, ven en el pronto pago de los daños que los cánidos inflijan la mejor forma de evitar estigmatizar la imagen del lobo y además satisfacer las necesidades de los ganaderos y, a la postre, de los pueblos.
Resoluciones excelentes en otras provincias
El panorama en León contrasta con la gran eficiencia administrativa para afrontar el mismo tipo de daños que la Junta demuestra tener que muchas provincias, mucho más 'loberas' que León unas, como Segovia; otras intermedias como Zamora o Salamanca; u otras donde apenas hay ejemplares, como Valladolid.
En el primer caso, de 537 expedientes por daños ganaderos se resolvieron en el primer trimestre de este año 534, es decir, un 99,4%. Eso sumó compensaciones por valor de 322.120 euros.
En Zamora, donde también se podía cazar como en León hasta septiembre, un 98,25% de resolución, es decir, pagados 168 expedientes de los 171 presentados. 97.310 euros. Mientras que en Salamanca de los 135 informes abiertos por ataques se han resuelto y abonado 121, casi un 90%, por valor de 115.110 euros. Y en Valladolid, el 100%: dos expedientes abiertos y los dos pagados con prontitud: 312,52 euros.
Incluso en Ávila, donde la estadística se dispara
En la cola de provincias que León lidera, le sigue Burgos con un 13,8% de pronta resolución (4 expedientes de un total de 29); Palencia con un 41,6% (20 expedientes de 48); y supera ya un 80% la provincia más complicada, Ávila, donde por estar al sur del Duero no se considera cinegética la especie y el lobo dejó el pasado año 1.246 expedientes de reclamación de daños, pagados 1006 antes de abril, por valor de 683.027,50. Es con diferencia la cifra más alta de toda la autonomía. La lista se cierra con un elevado 84% en Soria (10 expedientes favorables a los ganaderos de 12 presentados).
Otro hecho a tener en cuenta en la provincia de León es el gran contraste que algunos años se ha dado entre las peticiones de daños de los ganaderos por supuestos ataques lobunos y los que Medio Ambiente de la Junta finalmente admite. Así, por ejemplo, con datos oficiales de 2018, de 243 ataques oficialmente denunciados ante la Junta por los ganaderos tan sólo se acabaron abonando 108 de ellos, apenas un 30%.
Eso quiere decir que menos de una de cada tres reclamaciones de daños fueron finalmente consideradas como tal por la Consejería de Medio Ambiente, lo cual indica o que hubo un alto índice de picaresca o que la demostración fehaciente de la autoría de los ataques era insuficiente o bien algún tipo de negligencia en la administración autonómica a la hora de valorar esos daños a las cabañas.
Datos oficiales que no coinciden
Pero es que el desastre en León va a más aún porque ni siquiera coinciden las cifras de estadística oficial que la Junta maneja. Como queda dicho, se cuantifican en 188 los expedientes incoados por reclamaciones de daños ganaderos del lobo en el año 2021. Sin embargo, por otro lado, Medio Ambiente da la cifra de 210 ataques producidos en ese mismo año.
Y parece lógico que las cuantías deban coincidir porque la administración autonómica difícilmente podrá cuantificar el número de ataques si no es a través del número de peticiones de daños que reciba. En el mejor de los casos, la diferencia evidenciaría que hay muchos profesionales del campo que no reclaman.
Semana crucial en el alto Tribunal
Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto estudiar en Pleno el recurso presentados por el Gobierno contra la norma de Castilla y León que, a pesar de saber que se avecinaba la entrada en vigor de una mayor protección del lobo, decidió sacar una normativa para mantener a esta especie como susceptible de ser cazada al norte del río Duero, incluyendo la provincia de León.
Los jueces abordarán la ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel sobre el recurso contra los artículos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que incluyen al lobo entre las especies objeto de “aprovechamiento”.
El lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo. Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del Duero, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.
Sin embargo, tres meses después, el Gobierno aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando por tanto todo el territorio de España, y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007.
Esta orden fue inmediatamente impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando. Estos recursos están pendientes de resolución.
El Gobierno aduce ante el Constitucional que dicha orden, aun siendo de fecha posterior, ha hecho que devenga en inconstitucional la Ley autonómica aprobada previamente por las Cortes de Castilla y León, por lo que piden la nulidad en lo que afecta a la caza del lobo.
