No es un fenómeno reciente, ni mucho menos. Pero en los últimos años ha adquirido la relevancia suficiente como para que el Senado decidiera, a petición del Grupo Socialista, constituir una ponencia de estudio extraordinaria para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, que se constituyó como tal en abril de 2014 en el seno de la Comisión de Entidades Locales. Esta Comisión aprobó esta semana el informe de la ponencia por unanimidad de todos los grupos, por lo que las conclusiones serán trasladadas al Gobierno para que las tome en consideración.
Así durante cerca de un año el Senado ha debatido los distintos aspectos que intervienen en este fenómeno de pérdida de población y abandono del mundo rural, que muy bien refleja el título del libro de Alejandro Macarrón Larumbe, director de la Fundación Renacimiento demográfico: El suicidio demográfico de España. El Autor advirtió en esta Ponencia de Estudio de que “las consecuencias de la despoblación son negativas para la economía y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas al perder consumidores, mano de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y economías de escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios”.
Unos efectos que llevan percibiendo desde hace décadas en los municipios más alejados de los grandes núcleos urbanos donde el abandono por falta de oportunidades laborales y el envejecimiento de la población han llevado a muchos responsables políticos a poner el foco en la “alarmante” despoblación de sus municipios o comarcas. El caso extremo por despoblación en España es la provincia de Soria.
“Según nuestras estimaciones, a 1 de enero de 2014, por cada 100 sorianos de nacimiento vivos, sólo había 54 españoles residentes en Soria, entre nativos sorianos y compatriotas procedentes de otras provincias”, comenta Larumbe en la documentación presentada, y abunda en el hecho de que “las capitales y ciudades han vaciado en buena medida las zonas rurales, gran parte de cuya población se ha trasladado a las urbes. Por ejemplo, entre 1991 y 2014, Soria capital ganó 7.156 habitantes (más 22 por ciento), al tiempo que el resto de la provincia perdió 9.472 vecinos (menos 15 por ciento), según el Censo de 1991 y el Padrón municipal a 1 de enero de 2014. Ese vaciamiento del campo por la atracción sobre sus habitantes originarios por parte de la ciudad, y en especial de la capital provincial, para empeorar las cosas, se ha centrado sobre todo en la gente joven y de mediana edad. Como consecuencia de ello, la población de Soria capital es, en promedio, seis años más joven que la del resto de la provincia”.
El caso de Soria estuvo presente en el inicio de las comparecencias, con Antonio Pardo como ponente, el pasado mes de septiembre, y que ahondó en la necesidad de adoptar medidas fiscales especiales “con el fin de atajar la despoblación y los altos índices de envejecimiento de la población y su dispersión”. Medidas entre las que propuso incluso que las rentas obtenidas de las actividades llevadas a cabo en las zonas despobladas pudieran gozar de una deducción del 50 por ciento de la cuota correspondiente a dichas rentas.
El presidente de la Diputación de Soria también abogó por la inversión en infraestructuras viarias para poder hacer los territorios más competitivos y la habilitación y acceso a los fondos europeos como las ayudas regionales del Plan 2014-2020.
El consejero de presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, también intervino en estas sesiones para demandar un gran pacto de Estado por la despoblación con la “imprescindible” participación de todas las administraciones afectadas, pero además una “necesaria reforma del modelo de financiación autonómica, con el fin de dar respuesta a los factores demográficos que inciden en un mayor coste en la prestación de los servicios”.
Durante las ponencias se puso de manifiesto que “no hay un problema solo” que justifique la despoblación por lo que “la recuperación también vendrá por un conjunto de medidas y no solo por una”. Sin embargo, un aspecto se presentó como fundamental: “la gente necesita condiciones de vida y de trabajo, si no se marchan”.
Paralelamente, la Cámara Alta acogió una ponencia similar sobre la despoblación de las zonas de montaña, con características similares pero más específicas aún si cabe. En ella la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, defendió en el Senado la necesidad de una estrategia nacional que vincule la financiación autonómica, como ya hiciera De Santiago-Juárez ya que, según mencionó, “en Castilla y León se mantienen en funcionamiento ”escuelas con cuatro alumnos o consultorios médicos con menos de 50 habitantes, y eso es mucho más caro“.
También José María Pérez González, 'Peridis', participó en la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña, donde llevó su experiencia en la Fundación Santa María La Real para evitar la despoblación de los municipios poniendo en valor la “financiación de la imaginación”. Se trata de “imaginar el futuro desde una perspectiva de inventar el futuro” señaló el dibujante palentino, ya que, en su opinión, “el futuro no se consigue parcheando el pasado sino que hay que pintarlo constantemente”. “Tenemos que ser agentes de un cambio en la sociedad para mejor” dijo.
Varios frentes
Es por eso que, tras las ponencias, el Senado ha llegado a una serie de conclusiones sobre las medidas que se deberían poner en marcha desde distintos ámbitos para evitar esa “sangría” del medio rural. Si bien son varios los frentes sobre los que se debe actuar, los responsables de la Ponencia han priorizado el impulso de medidas que favorezcan la natalidad puesto que han vistó cómo las provincias que mayor población han perdido son las mismas donde la tasa de fecundidad son inferiores a las del resto, algo que “no parece casual”.
De este modo se proponen medidas como la compensación a los padres por el coste de criar a los hijo o apoyar a las madres trabajadoras. Sin embargo, los ponentes coinciden, como afirmaron en las diferentes sesiones, que la causa principal del problema radica “en las menores oportunidades económicas” para los habitantes de las provincias que siguen perdiendo población desde 1950.
De hecho, todas las provincias de Castilla y León han perdido población en este periodo, encabezando la lista Soria con un -46 por ciento, seguida de Zamora -43 por ciento, Ávila -39 por ciento, Palencia -36 por ciento, Segovia -35 por ciento, Salamanca -33 por ciento, León -30 por ciento, Burgos -26 por ciento y Valladolid un -4 por ciento.
El documento consultado recoge hasta 50 iniciativas de este tipo como inversiones estatales en infraestructuras; medidas autonómicas para el mantenimiento de escuelas, centros de salud o comedores escolares; así como medidas relativas a los fondos europeos y su reparto, como que no tengan en cuenta solo parámetros de población.
El texto habla de los habitantes de los territorios rurales como “sufridos y sacrificados” que “bien merecen gestos, no solo económicos sino de implicación de la sociedad urbana, clase política, medios de comunicación, etc”, por lo que insta a las distintas administraciones a que “se establezcan las acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural, y especialmente de la mujer joven como eje vertebrador”. Medidas con las que convertir el llamado “invierno demográfico” en una nueva primavera para estos municipios.