El Partido Popular de León ha tirado de manual de crisis y dejar pasar el tiempo para que sea quien coloque las cosas, en un sitio u otro, tras la peor oleada de incendios de la historia sufrida por la provincia durante el mes de agosto, con más de 100.000 hectáreas arrasadas en buena parte de su patrimonio natural, como Las Médulas.
Desde mediados de julio el PP leonés tiene en Juan Carlos Suárez-Quiñones a su máximo dirigente, al ser designado como presidente de la comisión gestora tras la dimisión de Ester Muñoz para centrarse en sus labores como portavoz en el Congreso de los Diputados del partido. Un partido que ha tenido cuatro presidentes en los últimos diez años, con algunas sonoras polémicas de por medio. Y ahora lo preside su figura más 'quemada' tras los incendios, el cuestionado consejero de Medio Ambiente.
Los populares leoneses han vuelto a la actividad, aunque básicamente ha sido interna y alejada de los medios de comunicación. Quiñones permaneció 28 días prácticamente desaparecido de la esfera pública sin ninguna comparecencia, mientras la provincia se llenaba de carteles reclamando su dimisión, y volvió para responder a la oposición en un tenso pleno en el que fue reprobado con continuas peticiones de dimisión.
El consejero justificó su ausencia pública en el trabajo relativo a la extinción de los incendios, presidía de forma continua el Cecopi autonómico que duró del 11 al 29 de agosto, entre críticas y peticiones de dimisión de sindicatos, partidos de la oposición y sociedad civil en varias manifestaciones. Suárez-Quiñones ha descartado por completo una dimisión y se pone al frente de rehacer el operativo antiincendios, tal y como ya hizo en 2022 tras los salvajes fuegos de la sierra de la Culebra zamorana.
La estrategia del PP de León está siendo muy parecida a la que ha ejecutado el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, desde la tragedia de la DANA en el otoño pasado. Perfil bajo ante los medios de comunicación y dejar pasar el tiempo para que otras polémicas avancen en la agenda informativa y empezar a responsabilizar a los demás también de la gestión de los incendios, aunque encuestas incluso del diario ABC señalan que para los ciudadanos la gestión del fuego es una responsabilidad autonómica.
El respaldo que Mañueco le dio en el primer pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León, 'Sí, le apoyo', ha provocado que Suárez-Quiñones haya intentado levantar el decaído ánimo del partido con reuniones con sus alcaldes y portavoces, para sondear ánimos e informar sobre las acciones post-incendios. Con un discreto éxito, ya que fuentes presentes señalan a este medio que han acudido poco más de medio centenar de los convocados a las tres que ya se han realizado. Con ellas el PP leonés intenta volver a cierta normalidad y preparar el incierto camino de las elecciones autonómicas.
Antes de los incendios en el PP de León se las prometían felices pensando en una victoria electoral en las autonómicas y apuntalar una victoria de Mañueco que le dejara cerca de la mayoría absoluta. Ahora, reconocen todos, hay mucha incertidumbre. La duda es si el consejero de Medio Ambiente encabezará o no la lista autonómica por León en los comicios del 2026. El sector crítico del partido considera que está “abrasado” políticamente, pero asumen que al final la decisión será en exclusiva del presidente Alfonso Fernández-Mañueco, si decide apartar a su consejero de la primera línea política o se arriesga a mantenerlo.
Suárez-Quiñones ha reaparecido en las notas de prensa del PP leonés como “presidente”, sin mencionar que por el momento es de una comisión gestora, haciendo dupla con Eduardo Diego, el Delegado de la Junta en León que presidió el Cecopi provincial y a quien muchos miran como un posible relevo y solución a la crisis de imagen que arrastra el partido.
Denuncias a Suárez-Quiñones
La situación del consejero leonés pasa por un momento delicado, ya que ha sido denunciado por un lado en la Comisión de Ética Pública de la Junta de Castilla y León y, por otro lado, en la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con el empresario Macario Fernández, a raíz de una investigación de ILEÓN y elDiario.es sobre varias autorizaciones firmadas por el político.
El exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha pedido a la Comisión de Ética que se evalúe si las decisiones de Suárez-Quiñones de firmar la autorización de una polémico macrovertedero en la provincia leonesa y de legalizar una vivienda en un parque natural, “vulneran lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León”. Igea ha alertado del posible “grave conflicto de intereses” en el que podría haber incurrido Suárez-Quiñones al firmar las decisiones a favor de sociedades vinculadas al empresario leonés Macario Fernández, que tenía contradado al hijo del consejero como directivo.
Además siete organizaciones ecologistas han presentado una denuncia contra el político ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que piden que se le investigue por esos mismos hechos. Las asociaciones denuncian “el claro choque de intereses producido” y el posible “trato de favor” del consejero. “En muchas decisiones políticas del Consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos o privados. Consideramos que los hechos demuestran que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe al cargo de responsabilidades”, han señalado en un comunicado.
El PP activa la defensa de la gestión
Tras el shock inicial del partido por la situación provocada por los incendios ha intentado recuperar el pulso defendiendo la gestión de la Junta de Castilla y León, y haciendo hincapié en las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mañueco de ayudas a las zonas afectadas por los incendios.
El PP de León se lanzó tras los incendios con una defensa cerrada del operativo de la Junta de Castilla y León, y por tanto del propio Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendiendo la “rapidez y eficiencia” del Gobierno autonómico para proteger a los leoneses tras los incendios. Durante los incendios polemizó con el PSOE con comunicados en los que les acusaba de “aprovecharse y buscar rédito político de la drástica situación de los incendios forestales que han arrasado la provincia en el mes de agosto en vez de colaborar con los leoneses en ‘mediar’ antes las administraciones que gobiernan para tratar de minimizar las consecuencias”, que fueron respondidos con notable indignación por el PSOE. Y 'atizaron' de forma personal al líder del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, acusándole de usar “datos falsos” sobre el operativo ante sus críticas por la falta de medios.
Los populares también se ha lanzado contra la Diputación de León, a raíz de la reunión que mantenía este jueves con un centenar de alcaldes de municipios situados en zonas de alto riesgo de incendios, exigiéndole más implicación. “La Diputación tiene que estar cerca de los ayuntamientos pero no sólo sumándose a las iniciativas que parten de la Junta, sino con proyectos propios que añadir a lo que ya anunció el presidente Mañueco”, señalaban en un comunicado. El presidente socialista de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha respondido criticando que en las reuniones del PP se hayan adelantado las ayudas a los ayuntamientos para la prevención y futura extinción de incendios, una “gran deslealtad” del Partido Popular, aseguró.
La última acción ha tenido lugar en Ponferrada, con el alcalde Marco Morala, acudiendo a las pedanías del municipio desalojadas por los incendios en la que hizo entrega a cada localidad de una carta remitida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que “se expresa el reconocimiento a la fortaleza de los vecinos y el compromiso de la administración autonómica con la recuperación de las zonas afectadas”.
Todo esto ocurre a escasos meses de las elecciones autonómicas, con el número 2 de Mañueco en el Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, dando por hecho que serían el 15 de marzo y siendo desmentido por su propio partido horas después. Es la fecha máxima de cita electoral, que aventura un otoño e invierno calientes en la política autonómica.