Siete organizaciones ecologistas llevan ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus relaciones con el empresario leonés Macario Fernández, conocido como el 'rey del zinc', que destapó una investigación de este medio.
Entre las entidades denunciantes se encuentras asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso o Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible, que han documentado diversas irregularidades que consideran constitutivas de delito.
Según publicó ILEÓN, Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figura como directivo su hijo. Una semana después, el 6 de agosto, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional.
Ahora, las asociaciones denuncian “el claro choque de intereses producido” y el posible “trato de favor” del consejero. “En muchas decisiones políticas del Consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos o privados. Consideramos que los hechos demuestran que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe al cargo de responsabilidades, tal y como ha quedado patente con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios a su cargo del pasado mes de agosto”.
Además, estas entidades han puesto también en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la resolución de Quiñones por la que legalizó el uso de una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la propia Comisión Territorial de Urbanismo.
Según las entidades denunciantes, “estas decisiones adoptadas no solo vulnerarían lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León sino que pueden ser constitutivas de delito, dado que el Consejero debería haberse abstenido en los expedientes en los que intervenía una empresa en la que su hijo presuntamente era un cargo directivo”.
Las plataformas ambientales llaman “a derribar el muro de la impunidad en la que se hallan instaladas las políticas ambientales de la Junta de Castilla y León y a fiscalizar colectivamente su actuación”, confiando en que la Fiscalía Anticorrupción pueda llegar al fondo de este asunto.
Cabe recordar que el exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, solicitó hace unos días a la Comisión de Ética Pública que investigue el papel de Quiñones respecto a la empresa que contrató a su hijo y que presuntamente se benefició de trámites firmados por el propio consejero.