El Partido Popular (PP) aprovechó hoy su mayoría en el Senado para aprobar una moción, es decir, una iniciativa no legislativa, para pedir al Gobierno que vuelva a dejar matar ejemplares de lobo ibérico en España con caza deportiva, lo cual sólo es posible si da marcha atrás a la protección aprobada para esta especie al incluirla en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esa caza se ceñiría a las poblaciones de este animal al norte del río Duero.
En el texto, además, solicitan al Ejecutivo que revise la estrategia española de conservación del lobo ibérico para que se adecúe a los datos de los censos actuales, que acaban de ser remitidos al Ejecutivo por parte de las autonomías, y que se apruebe una nueva estrategia en este ámbito que cuente el consenso de las comunidades que se autodenominan loberas.
La votación celebrada hoy en la Cámara Alta, con muy escasa participación, acabó con 36 senadores posicionándose a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Entre los votos favorables se contabilizaron, además de los del PP, que presentaba la iniciativa, los del PNV. En su turno de palabra en el debate esta formación apostó por garantizar el equilibrio, asegurando que los ataques a la ganadería están aumentando de manera considerable en el País Vasco, provocando un daño “permanente” y un “peligro real” para la persistencia de la ganadería, que “se siente amenazada”.
En la defensa de la moción, destacó la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, de la provincia de Ávila. Allí destacó que en esa provincia se encabezan con enorme diferencia los ataques del lobo en Castilla y León, ya que sólo en 2023 se registraron 3.558 ataques, que causaron la muerte a 5.566 cabezas de ganado, dijo. Claro que en Ávila, aunque el lobo se desprotegiera, seguiría sin poderse autorizar la caza, por estar entre las provincias al sur del Duero.
García criticó la ausencia en el debate de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien según su agenda oficial se encontraba a esa hora en un acto en la sede de su Ministerio para presentar el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera. García apuntó que Aagesen “es heredera de (Teresa) Ribera, y Ribera es bien conocida por los ganaderos y agricultores españoles por su nula sensibilidad hacia los problemas del campo”.
Durante este debate, la senadora del PSOE y expresidenta de La Rioja, Concha Andreu, defendió la enmienda presentada por los socialistas. En su intervención llegó a negar incluso los datos aportados por los consejeros autonómicos, a los que acusó de utilizar informaciones “falsas”. “No compro los discursos del miedo. No puede ser que vayamos asustando a la gente”, insistió.
Unas palabras a las que contestó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegurando que la enmienda socialista “causa sonrojo”. “No puede haber mayor desidia y mayor ataque a nuestros ganaderos que pedir que siga rigiendo la estricta protección del lobo en toda Castilla y León, y que sigamos con la sangría de muertes de ganado a manos y por las fauces del lobo durante seis años”, lamentó para insistir en que el PSOE, y con ello el Gobierno central, ni siquiera se compromete “a estudiar y valorar lo que está decidiendo el Comité de Berna en Europa, la Unión Europea y lo que pedimos todas las organizaciones profesionales agrarias y todas las comunidades autónomas que tenemos lobos”.
“Yo creo que la ciudadanía lo que tiene es que valorar y sopesar qué Gobierno tenemos en España. Y desde luego, quién defiende verdaderamente al territorio, a nuestro medio rural y a nuestros ganaderos”, resaltó.
Quiñones defendió precisamente los últimos datos oficiales de presencia del lobo, la estadística nuevo censo decenal en Castilla y León, asegurando que en toda España “hay un 12% más de manadas” de esta especie. Sin embargo, en realidad, esa estadística determina que en las cinco provincias de esa Comunidad al norte del Duero donde se cazaba hasta 2021 y se dejó de cazar desde su protección, apenas han aumentado un 3% las manadas. Cabe recordar que en los últimos ocho años de permisividad, la Junta de Castilla y león autorizó abatir sólo en la provincia de León 356 lobos y de ellos fueron abatidos finalmente 189 ejemplares.
Quiñones remarcó que la decisión del Ejecutivo central de aumentar la protección a la especie “se tomó por razones ideológicas, sin ningún dato, en contra de todas las comunidades autónomas, en contra de todo el sector y en contra del territorio”, informa