Los pacientes de la Sanidad pública tendrán que pagar a partir de ahora parte de las prótesis -incluyen férulas, sillas de ruedas o muletas- los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, según anuncia la nueva norma publicada este martes en el BOE, que considera estos productos y actividades como “servicios accesorios” sujetos a aportación por parte del usuario. El porcentaje de aportación de cada usuario “se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación”.
Según el documento publicado este martes, las medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que estas se apliquen con la mayor urgencia posible”. El recorte global asciende a 7.000 millones de euros.
¿Quién tiene entonces derecho a la asistencia sanitaria en España? De acuerdo con el documento publicado este martes, todo aquel que sea “asegurado”, es decir, trabajador afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada de alta, pensionista, perceptor de lalguna prestación de la Seguridad Social (incluidas la prestación y el subsidio por desempleo) o haber agotado la prestación o subsidio y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título. Se benefician también cónyuge, excónyuge a cargo del asegurado, descendientes menores de 26 años o con una discapacidad igual o superior al 65%.
Para los inmigrantes que quieran recibir asistencia sanitaria deberán demostrar, antes del 31 de agosto de este año -incluso si tienen tarjetas que caducan más tarde-, que son “asegurados”, es decir que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento. Los inmigrantes irregulares se quedan fuera de la atención sanitaria.
El copago farmacéutico
Las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio. Según la nueva norma, “la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente”. De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.