Los mapas rurales, bloqueados en las Cortes por falta de acuerdo
El proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, conocido como mapas rurales con los que la Junta pretende que culmine el modelo territorial, se encuentra bloqueado en las Cortes ante la falta de acuerdo entre el Grupo Popular y la oposición, en especial el Socialista, ya que la norma precisa del voto de dos tercios de los procuradores de la Cámara para su aprobación.
El Consejo de Gobierno remitió el proyecto de ley a las Cortes el pasado 26 de enero. Cinco prórrogas del plazo de presentación de enmiendas sufrió desde marzo hasta octubre, una primera solicitada por el PSOE y las siguientes por el PP. Las conversaciones entre la Junta, lideradas por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y el PSOE no prosperaron. En octubre, al vencer la última prórroga, se presentaron las enmiendas. El Grupo Socialista optó por una enmienda a la totalidad, que se suma a la presentada por el procurador de IU, José Sarrión.
“No se trata de dibujar líneas en un mapa”, advierten los socialistas, para quienes la ley no brinda los servicios en el mundo rural, cuya posición ha fijado el Consejo de Alcaldes del PSCyL, una opinión que no comparte el vicepresidente de la Junta e impulsor del modelo territorial, que contó con el respaldo del PSOE de Castilla y León en la primera fase. El texto está bloqueado en la Cámara, a la espera de que en el orden del día de un pleno se incluya el debate de totalidad y después el trámite de las enmiendas parciales.
De Santiago-Juárez, en todas sus comparecencias, apela a la responsabilidad de todos los grupos de las Cortes para “finalizar el largo camino” de siete años iniciado para dotar a Castilla y León de un modelo de ordenación territorial y mantiene abierta su disposición al diálogo “hasta el final”, para que no se pierda lo que considera una oportunidad de futuro para fijar población en el medio rural.
Sin embargo, en la presentación de los presupuestos de la Consejería de la Presidencia para 2018, adelantó que aplicarán la ley para la creación de mancomunidades de interés general urbanas (MIG), en las que hasta ahora no se ha avanzado a la espera de contar con los mapas rurales, para que reciban una parte de los tributos propios y cedidos de la Comunidad, cuya participación se haría mediante la firma de convenios con la Junta. Para el PSOE, esa vinculación es un “chantaje” a los municipios que no está dispuesto a “tolerar”, como dice Luis Tudanca.
Precisamente, los presupuestos de Presidencia para el próximo año contemplan 65 millones para el despliegue del modelo territorial, además, como novedad, de una primera anualidad de 25 millones del Plan Plurianual de Convergencia Interior, pero que está condicionada a la aprobación de los mapas rurales. También, mantiene una línea de 3,3 millones para incentivar la creación de mancomunidades de interés general -ahora sólo se pueden crear las urbanas, ya que no están aprobadas las rurales-.
Alianzas interautonómicas
La Junta de Castilla y León ha ampliado sus alianzas con las comunidades vecinas, con las que sólo está pendiente el protocolo general de colaboración con Cantabria. El pasado 25 de octubre los presidentes Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Cristina Cifuentes (Madrid) rubricaron un documento en defensa del Centro-Noroeste de España como eje vertebrador, con el objetivo de impulsar las infraestructuras -entre ellas el AVE-, la mejora de los servicios públicos y la reforma de la financiación autonómica. Ante el desafío independentista catalán, los tres mandatarios defendieron que su alianza “no nace contra nadie” y reafirmaron la España de las autonomías.
A esa cita en Madrid, siguió el pasado 4 de diciembre otra en Oviedo. Los presidentes de Castilla y León (Juan Vicente Herrera), Asturias (Javier Fernández) y Galicia (Alberto Núñez Feijóo) firmaron un documento para avanzar en la financiación autonómica -urgen su reforma-, en la lucha contra la despoblación y contra los incendios forestales. Todo ello, como explicaron los tres, desde la defensa del autonomismo útil, la cooperación entre iguales y como la mejor forma de ofrecer soluciones a los ciudadanos desde el diálogo en tres materias con “envergadura propia de los asuntos de Estado”.
La Macrorregión de Regiones del Suroeste de Europa (Resoe), que nació en 2010 con Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal, para después unirse en 2014 Asturias y la Región Centro, cuenta desde marzo con un nuevo socio, Cantabria, que se unió en la firma del memorandum de adhesión firmado en Vigo. Las siete regiones de la Resoe suman 13 millones de habitantes, en un espacio de 190.000 kilómetros cuadrados. Precisamente, Castilla y León coordina la elaboración de la Estrategia que marcará el futuro de la Macrorregión.
En enero de 2017 se celebró la Conferencia de Presidentes de la que Juan Vicente Herrera salió satisfecho del número de acuerdos, entre los que destacó la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que se analizaría la evolución del gasto sanitario, y la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, pedida por varias comunidades, entre ellas Castilla y León.
A instancia de la Consejería de la Presidencia, la que más textos normativos ha remitido a la Cámara, las Cortes aprobaron los proyectos de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León y el de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. También se creó la Comisión de Ética Pública, que desarrolla la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Comunidad, cuya actividad arranca con la revisión del Código de Austeridad que deben respetar los altos cargos de la administración autonómica.
Por otro lado, en enero se aprobó la II Agenda de Acción Exterior, que recoge de forma integrada los retos y objetivos que la Comunidad tiene por delante en el ámbito de la acción exterior para el periodo 2017-2020. Presidencia se comprometió a no reducir un euro las ayudas a los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior y a la elaboración de un nuevo decreto de las casas casas regionales.
