La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que aprobará en las próximas semanas el Gobierno de España y posteriormente tendrá su trasladó a la legislación de Castilla y León, “simplificará, racionalizará y unificará” la tramitación administrativa medioambiental que hasta la fecha “supone un lastre para la actividad económica”, señaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Silván.
La Comisión Sectorial de Medio Ambiente presentó este ley, “que se encuentra en su fase final”, como una garantía para la conservación del medio ambiente, pero también como garantía para los promotores, ya que hasta la fecha la aprobación de impacto ambiental de proyectos empresariales “se realiza en plazos largos y con una tramitación administrativa farragosa que debía mejorarse”.
Para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, esta Ley también permitirá que aquellos proyectos medioambientales complejos, que requieran de exámenes concienzudos, obtengan una declaración mucho más rigurosa a través de estudios de científicos, con planeamientos de proyectos y con la participación de la sociedad científica: “Yo creo que entre todos vamos a aprobar una Ley, el Parlamento de España primero y Castilla y León a finales de este año o comienzos de 2014, que intentará simplificar racionalizar y unificar toda la tramitación administrativa medioambiental”, dijo Silvan.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, señaló que todas las iniciativas de fractura hidráulica, fracking, van a estar sujetas a la nueva legislación. Silván ha recordado que en Castilla y León “no hay ningún proyecto en explotación y sí en investigación”.
Silván considera muy positiva la Ley de Declaración de Impacto Ambiental, ya que en iniciativas como las del fracking protegerán a sus promotores, pero sobre todo a la sociedad, ya que esa declaración abarcará todo el proceso de fractura hidráulica, “no solo el de explotación, sino también el de una investigación que facilite totales garantías” a los municipios afectados.
En este sentido, el consejero señaló que en aquellos proyectos que todavía no están plenamente contrastados “debemos dar participación a quien más conoce. A parte de las decisiones políticas, hay que dar participación a la comunidad científica”.
En sintonía con el proyecto de ley del Gobierno, y condicionado a su aprobación, las Cortes de Castilla y León aprobarán, previsiblemente en 2013, la modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León que adecua el régimen de la autorización ambiental y la evaluación de impacto ambiental de proyectos a la normativa básica estatal.
Esta modificación tiene como objetivo fundamental impulsar la actividad económica, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco de un desarrollo social y medioambiental sostenible, mediante la racionalización de los procedimientos administrativos, así como de la adecuación de las regulaciones existentes a los avances e innovación que marcan tanto las disposiciones normativas como las técnicas más recientes y que demanda el sector empresarial. Con esta finalidad la modificación proyectada apuesta por someter a los sistemas de control ambiental únicamente aquellas actividades, instalaciones o proyectos respecto a los que la experiencia ha demostrado una clara incidencia ambiental.
La nueva ley concreta las actividades o instalaciones sometidas a los regímenes de licencia y comunicación ambiental, potenciando este último con base a la confianza y responsabilidad del promotor; reduce plazos, elimina trámites y automatiza los procedimientos en aras de su simplificación; y limita la aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental a los supuestos fijados por la legislación básica estatal.
Con la modificación de la Ley de Prevención Ambiental, Castilla y León avanza hacia un marco regulatorio “más transparente, más predecible y más favorable para la actividad económica en la Comunidad, al tiempo que asegura la adecuada protección del medio ambiente”.