El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, anunció este viernes en Ponferrada que la institución de control celebrará a principios de 2017 una jornada formativa específica dirigida a los alcaldes y asesores legales de los ayuntamientos bercianos. Con esta medida, el Consejo Consultivo, que celebró su sesión plenaria en el Ayuntamiento de la capital berciana, quiere hacer patente su “voluntad de proximidad” y solucionar la “carencia” de solicitudes llegadas desde los ayuntamientos más pequeños de la comarca.
En ese sentido, Amilivia, que se reunió con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, y con la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, resaltó la “singularidad” de la comarca del Bierzo y el “importante papel” ejercido por el Consejo Comarcal. Al respecto, recordó que “el Bierzo es la única comarca reconocida por Ley en la Comunidad” y atribuyó a la “escasez de medios personales” la baja cifra de solicitud de dictámenes por parte de los consistorios de la comarca.
En esa línea, el presidente del Consultivo destacó que las entidades locales del Bierzo han solicitado un total de 75 dictámenes desde 2003, de los cuales 55 corresponden al Ayuntamiento de Ponferrada. En lo que va de año, el consistorio de la capital berciana ha recabado un total de siete dictámenes, cinco de ellos correspondientes a consultas sobre mobiliario urbano y dos que tienen que ver con la revisión de oficio de los acuerdos de Gobierno relativos al Mundial de Ciclismo. Además de Ponferrada, los ayuntamientos de la comarca que más recurren al Consejo Consultivo son Torre del Bierzo, Candín, Cacabelos, Villafranca del Bierzo y Carracedelo, explicó Amilivia.
Por otro lado, un total de 400 dictámenes, de entre los 13.600 emitidos por la institución en los últimos 13 años, tuvieron su origen en el Bierzo aunque no fueron solicitados por ningún ayuntamiento. En esa línea, las consultas más numerosas están relacionadas con reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de sanidad, seguidas por las relativas a cuestiones de urbanismo y medio ambiente como defunciones de animales en la calzada, caídas en las calles o daños de la fauna.
Al respecto, Amilivia subrayó el “trabajo desconocido” llevado a cabo por el Consejo Consultivo. “Nuestra institución vela por el control de la legalidad en los procedimientos administrativos e insta a las administraciones a tomar la mejor decisión posible”, resumió el presidente, que valoró los dictámenes emitidos por el órgano como una “garantía jurídica”. “Garantizamos los derechos de los ciudadanos”, recordó Amilivia, quien subrayó que en el 97 por ciento de los casos los consistorios acaban respetando la decisión del Consejo.
En ese sentido, criticó que algunos ayuntamientos se acojan a las fórmulas recogidas en las polizas de seguros para decidir cuál debe ser la actuación que deben llevar a cabo ante un caso de reclamación. “Esa fórmula no garantiza el ajuste a la legalidad del procedimiento administrativo”, resumió Amilivia al insistir en la importancia de los dictámenes preceptivos para “salvaguardar los derechos de los ciudadanos y la administración”.
Por otro lado, el presidente recordó la posibilidad de las entidades locales de solicitar dictámenes facultativos ante cuestiones de especial transcendencia o repercusión. En esa línea, Amilivia recordó que “nuestros clientes son las administraciones” y valoró el incremento registrado en el número de ayuntamientos que recurren al Consejo.
Tribunal de recursos contractuales
Por otro lado, Amilivia recordó que la institución ejerce una segunda función como Tribunal de recursos contractuales de Castilla y León. En ese sentido, el presidente destacó que, desde su creación en 2012, el órgano ha dictado 390 resoluciones que han “corregido malas prácticas” en contratos que suman un total de 3.000 millones de euros, 421 de ellos correspondientes a este año.