La Junta achaca los problemas de LM a la política energética del Gobierno
El consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, ha achacado hoy la situación de la planta de LM Wind Power en Ponferrada (León) a la “nefasta política energética” del Gobierno y ha opinado que si no la cambia los problemas acabarán extendiéndose a “todas las empresas del sector”.
Villanueva ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de entrevistarse con el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, al ser preguntado por esta empresa de fabricación de componentes eólicos, que la semana pasada presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para 249 trabajadores.
El responsable de Empleo ha subrayado que la Junta es la que está “más encima del asunto” y ha dicho que le llama la atención que quienes han facilitado esas operaciones en el seno de la compañía sean quienes ahora “quieren apretar” a la Junta.
A este respecto, ha apuntado que quienes se revelan como “grandes defensores” de la compañía deben asumir la responsabilidad de haber tomado decisiones que han llevado a que los trabajadores, a pesar de las “fuertes indemnizaciones”, vayan abandonando la planta en “un goteo continuo”.
“Lo que necesitamos es más colaboración y menos política”, ha continuado Villanueva, quien ha asegurado que el Gobierno autonómico apoyará a la compañía y al comité de empresa “hasta el final” para encontrar soluciones.
También se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Ejecutivo central, pero ha hecho hincapié en que, como no cambie la política energética, no solo tendrá problemas esta empresa sino todas las del sector, como ya ocurrió con las fotovoltaicas.
“Como sigamos con una actitud pasiva en política energética en materia de renovables, pues sucederá lo mismo”, ha zanjado.
Preguntado por la sanción por la trama solar del exsecretario territorial Javier Lasarte, Villanueva ha comentado que, aunque hay personas que están “muy dadas a poner nombre y apellido a todo”, no existe “prácticamente nada” y que la Junta fue “diligente” en un asunto que fue una cuestión “meramente administrativa” y que afectó a un reducido número de personas.
En este punto, ha añadido que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de recurrir la decisión judicial.
