El proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León llegará el viernes al pleno de las Cortes, penúltimo de esta legislatura, con todas las enmiendas vivas de los grupos de la oposición puesto que el Grupo Popular las ha rechazado en la comisión. Son 129 propuestas, 88 del Grupo Socialista, 30 de IU y 11 de UPL.
En el debate de las enmiendas de totalidad de PSOE e IU, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que les hubiera gustado el pacto político pero añadió que no ha sido posible por “cálculos electorales”. De Santiago-Juárez expresó entonces su confianza en que “se impongan los intereses generales” y haya acercamiento en la tramitación, pero no ha sido así.
El nuevo líder del PSCyL, Luis Tudanca, vinculó un posible acuerdo sobre la ley de transparencia a que el PP aceptará la creación de dos comisiones de investigación en relación al impacto de las tramas Gürtel y Púnica en Castilla y León, que serán rechazadas en la segunda sesión del pleno, que comienza mañana.
La ley de transparencia ha tenido una tramitación rápida para su aprobación antes que concluya esta legislatura, ya que el decreto de convocatoria de las elecciones, que firma el presidente de la Junta, esta previsto para finales de marzo y la Cámara queda sin actividad. El 6 de noviembre el Consejo de Gobierno remitió el texto a las Cortes. El plazo de enmiendas se cerró el 4 de diciembre. El debate de totalidad se celebró en el primer pleno, el 4 de febrero, y en poco más de tres semanas vuelve al plenario para su aprobación definitiva.
En sus enmiendas parciales, el Grupo Socialista plantea que la agenda de los altos cargos y personal directivo del sector público se conozca en el Portal del Gobierno Abierto, que una materia pedida al menos diez veces al año o por dos colectivos figure en el mismo portal, la publicidad completa de la relación de puestos de trabajo, listas de espera sanitarias y de servicios sociales.
Además, proponen conocer el calendario anual de la convocatoria de subvenciones y motivar en caso de ser denegadas, informar del gasto público en campañas de publicidad institucional y completar el derecho de acceso a la información. El Grupo Socialista deja el control de la transparencia en un Consejo de la Transparencia presidido por el presidente del Consejo de Cuentas, en vez del Procurador del Común como figura en el texto remitido por la Junta.
Por su parte, IU propone la actualización trimestral en el Portal de Transparencia de todos los contratos, incluidos menores, y que la Comisión de Transparencia, como entidad independiente del Ejecutivo autonómico, gestione el Portal del Gobierno Abierto. Además, incide en completar en el texto la obligación de suministrar información y la obligación de transparencia y el derecho de información pública.