El Procurador del Común propone aplicar un recargo del 50 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías o desocupadas, en línea con lo aprobado por varios países europeos y comunidades, entre ellos recientemente Andalucía. Para ello, la administración estatal debe regular este nuevo concepto impositivo, lo que permitiría a los ayuntamientos cobrarlo con el objetivo de reducir el 'stock' generado por la crisis y garantizar el acceso a una vivienda “digna” y “adecuada” a los ciudadanos.
Esta iniciativa forma parte de una batería de 25 medidas que el Procurador sugiere en una resolución amplía, que condensa tres actuaciones de oficio en materia de vivienda. El Común desgrana los ejes sobre los que deben “pivotar” las políticas de la Junta y plantea la necesidad de avanzar en cambios normativos y tomar medidas para fomentar el alquiler, movilizar las viviendas protegidas y atender a las personas que han perdido su vivienda por impago de la hipoteca o el alquiler, en línea con el plan urgente (2013-2015) que diseña la Junta.
El Procurador considera cinco medidas para reducir el número de viviendas vacías, que en la Comunidad se estiman en unas 258.451, el 15 por ciento del total. Para ello, demanda al Gobierno central que establezca el procedimiento para que una vivienda pueda declararse como “desocupada”. Con ello, se dejaría abierta la puerta a los ayuntamientos para que graven con un recargo de hasta el 50 por ciento aquellas casas sin moradores, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales (2004).
Asimismo, propone a la Junta que el nuevo plan autonómico de vivienda, que le urge a aprobar “en breve”, establezca el procedimiento para declarar una vivienda como vacía, con el objetivo de que se destine al mercado del alquiler. El Procurador indica al Ejecutivo autonómico que debe definir los criterios para determinar la falta de ocupación y fijar el tiempo de desocupación para que pueda considerarse la vivienda como vacía. También, plantea la posibilidad de que se consideren una actuación protegida para que puedan ser arrendadas.
Otra de las medidas para reducir el 'stock' de 40.000 viviendas existente en la Comunidad, tras una “depresión intensa”, es la posibilidad de calificar como vivienda protegida aquellas libres en construcción o finalizadas, en línea con el plan que la Junta lanzó en marzo de 2010 para facilitar su salida al mercado, aunque con escaso éxito entre los promotores privados.
También, considera la posibilidad de firmar acuerdos con las entidades financieras para que oferten la fórmula de alquiler con opción a compra de sus viviendas y para que incluso las inscriban en el programa de fomento del alquiler que prepara la Junta y que se regulará en el nuevo plan que se aprobará este verano, como comprometió el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, en el último debate de política general.
Desahucios
El Procurador del Común también aborda la problemática de las ejecuciones hipotecarias en la Comunidad, donde se registraron 2.834 en 2012, así como 609 daciones en pago. La institución castellana y leonesa, que preside Javier Amoedo, se suma al proyecto de la Junta que pretende reservar el 30 por ciento de las viviendas de titularidad pública, tanto de la Junta, como de los ayuntamientos, para crear un parque que le permita dar un techo a las personas o familias que se hayan quedado sin su vivienda o no puedan alquilar o comprar una.
Además, el Común sugiere la creación de instrumento complementario al Fondo Social de Viviendas en Alquiler, formado por viviendas cedidas por el sector bancario, para familias en riesgo de desahucios, y pide la adhesión de los ayuntamientos a esta iniciativa, puesta en marcha en enero.
Otra de las propuestas pasan por desgravaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en las modificaciones de los créditos hipotecarios, que no puedan ser asumidos para establecer la posibilidad de un alquiler con opción a compra. También, considera oportuno aprobar el mecanismo de la dación en pago de las viviendas protección, lo que supondrá la adquisición de la cada por parte de la entidad financiera.
El Procurador valora el Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios, que atendió en sus primeros cuatro meses a 676 familias, aunque plantea su ampliación para las personas que tienen que dejar su vivienda por no pagar el alquiler.
Vivienda protegida
De acuerdo a la estrategia del Gobierno autonómico, el Procurador también defiende cambios normativos para flexibilizar el régimen de las viviendas protección públicas para resolver el 'stock' generado en las de promoción privada y para movilizar el parque público. El Común plantea la recalificación de aquellas destinadas a la venta para que puedan ser alquiladas si no encuentran comprador y reclama una mayor inspección y sanciones para aquellos usuarios que no destinan la vivienda a residencia habitual.
En este campo, el Procurador pide a la Junta la constitución de un Registro de Viviendas de Protección Pública que incluya información sobre las viviendas pendientes de ser adjudicadas y la previsión para concederlas en propiedad, así como aquellas que se encuentren desocupadas, como su causa.
Construir para alquilar
En materia de alquiler, el Procurador pide a la Junta que concentre los “esfuerzos promotores” de los próximos años, “casi de forma exclusiva”, para crear un parque público de vivienda protegida para alquiler, en virtud de los fondos que lleguen a la Comunidad del plan estatal (2013-2016). También, plantea a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente cambios en el nuevo programa del alquiler.
El Procurador señala la posibilidad de incluir las viviendas con necesidad de ser rehabilitadas y de flexibilizar la superficie máxima y el tamaño del municipio para formar parte del nuevo plan de alquiler. También, sostiene que la Junta debe ofrecer a los propietarios seguros que cubran desperfectos o impagos, como planteaba el anterior programa autonómico.