El Gobierno de Mariano Rajoy retiró a Asturias los fondos mineros correspondientes al año 2012 de manera injustificada. Por segunda vez, los tribunales han dado la razón al Principado en el litigio desencadenado a propósito de aquellos 213 millones de euros. En una sentencia conocida este miércoles, la Audiencia Nacional confirma la decisión adoptada el pasado octubre por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y desestima la apelación presentada por la Abogacía del Estado en nombre del Ejecutivo central. Los jueces consideran que la anulación de los convenios de obras no respondía a ninguna imposibilidad económica sobrevenida, que el Ministerio de Hacienda no puede aducir falta de recursos para liberarse de esos pagos y que también es responsabilidad suya no haber vigilado a tiempo y de la manera adecuada la ejecución de las obras.
“El fallo avala las tesis del Gobierno de Asturias y pone de manifiesto los incumplimientos de Mariano Rajoy con las Cuencas y con Asturias”, ha señalado el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, tras recibir la sentencia. Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma estudian la decisión para determinar si es firme o si el Estado –al que la Audiencia impone el pago de las costas del proceso— aún puede recurrir a instancias judiciales superiores. Esa decisión, en todo caso, no afecta a la posición política del Ejecutivo asturiano. “Asturias reclamará toda esa cantidad, los 213 millones de euros”, ha afirmado el portavoz.
La sentencia, sin embargo, abre la puerta a que se rebaje esa cifra en una negociación sobre el cumplimiento de los convenios de obras y su grado de ejecución. La Audiencia tampoco admite la petición del Gobierno central para suspender la ejecución de la sentencia, de manera que esos fondos tendrán que llegar a Asturias.
Asturias también tiene vivo en los tribunales otro pleito para conseguir los 56 millones de los convenios anulados del ejercicio 2012. En las próximas semanas, además, interpondrán otro recurso para reclamar las cantidades adeudas de 2013, cuya cuantía aún están calculando los técnicos de la Administración regional.
Castilla y León podría reclamar vía esta sentencia los fondos que recortó el Gobierno de Mariano Rajoy y que dejaron decenas de proyectos en la estacada e inacabados.