El nuevo 'jefe' de incendios de Mañueco desprecia la prevención en invierno: “A ver de dónde sacamos dinero para eso”
El nuevo máximo responsable de los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, nombrado urgentemente hoy a pocas horas de conformarse el nuevo Gobierno tras el pacto de PP y Vox en Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, cuestiona abiertamente una de las máximas más repetidas en materia de gestión forestal y prevención de grandes fuegos: que los incendios se apagan en invierno.
El argumento que utiliza es la imposibilidad económica de asumir por parte de la Junta de Castilla y León el alto coste de dinero público que a su juicio supondrían las labores constantes de mantenimiento y limpieza, de desbroce preventivo y eliminación de combustible vegetal en los montes fuera de la época veraniega de alto peligro. Unas declaraciones que recuerdan a la polémica frase del hasta hoy consejero de Medio Ambiente, el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuando en una entrevista aseguró que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. Se trata de unas declaraciones que se volvieron en su contra cuando en 2022 y nuevamente en 2025 se produjeron los peores daños por fuegos en la historia conocida de Castilla y León.
Sánchez fue designado ayer, por la vía del ascenso, nuevo responsable de una Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, de creación ex profeso para él, todo un golpe de efecto tras los dramas del pasado verano. Así, el veterano alto técnico autonómico se sitúa en la cúspide del operativo, relevando así a José Ángel Arranz, el mandatario de la Consejería de Medio Ambiente cuya 'cabeza' se pidió, junto a la de Quiñones, tras el pasado verano. Poco antes del nombramiento de Ángel Sánchez, también Quiñones dejó ayer su cartera de hace más de una década para coger la nueva que le entrega Mañueco, una superconsejería de Industrial Universidades, Empleo y Comercio.
Una ecuación de dinero
Durante una jornada informativa celebrada hace unas semanas en el Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de León, Sánchez se refirió a la idea del trabajo preventivo invernal, tan avalada por expertos, como “uno de los mantras muy utilizados”. Y trató de desarmarlo al vincularlo con la imposibilidad económica de actuar sobre toda la superficie forestal de la Comunidad, la que más masa tiene de España.
“Uno de los mantras muy utilizados es los incendios se apagan en invierno. Ojalá lo pudiéramos hacer”, afirmó antes de recordar que el territorio forestal de Castilla y León supera los 5,1 millones de hectáreas. En una simple ecuación, el nuevo responsable autonómico que debe luchar contra los fuegos puso cifras al coste que, a su juicio, tendría intervenir esa superficie: “Si multiplicamos los 5.100.000 hectáreas por 1.000 u 800 euros de media cada una de esas hectáreas, pues habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”. Calculando estrictamente esta cuenta de la vieja, y tomando el mayor coste -1.000 euros de inversión por hectárea forestal- la cifra máxima que según Sánchez sería necesaria ascendería a 5.100 millones de euros.
En su intervención ante los periodistas de toda la Comunidad, Sánchez también destacó que del total, más de 3,1 millones de hectáreas forestales están bajo propiedad y gestión privada, gran parte de ellos en manos de ayuntamientos y pueblos, juntas vecinales. “En los montes privados ya la Ley de Montes establece que la limpieza de esos montes debería ser por parte de los propietarios”, remarcó, limando así aún más la responsabilidad de la administración pública autonómica.
Una “legislación” con doble vara de medir
Por eso, zanjó que la Junta no puede actuar directamente sobre esos terrenos sin autorización y defendió la actuación a través de distintas líneas de ayudas. Pero sostuvo que el actual marco normativo debería modificarse. “En definitiva, hay que cambiar la legislación”, afirmó, en total consonancia con lo que acababa de manifestar también el hasta ahora máximo responsable, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, Arranz.
“Hay que tener en cuenta que cada uno tenemos que asumir nuestras competencias y nuestras responsabilidades”, manifestó. Además, aseguró que los incendios forestales están adquiriendo una dimensión cada vez más amplia: “Cada vez más estamos detectando que los incendios acaban siendo un problema social y nos limitan muchos recursos para hacer esa protección del territorio”.
Resulta curioso cómo la administración sí se ampara en esto en la Ley de Montes pero, sin embargo, la Junta sí se ha saltado a la torera su propia norma para autorizar la caza y el pastoreo en zonas arrasadas por los incendios apenas siete meses después de producirse, cuando esa legislación fija cinco años de barbecho, como publicó ILEÓN en primicia. Y eso sin dar a conocer, todavía hoy, los presuntos informes técnicos sobre la fauna en las zonas quemadas que según la Junta justificaban esta polémica medida.
El antecedente de Quiñones sobre 2025: “No parece un año catastrófico”
La 'Jornada formativa en incendios forestales para periodistas' donde el nuevo 'jefe' de incendios autonómico ha abierto una nueva polémica ya causó otra el pasado año, previa a la peor campaña de Castilla y León, celebrada en Valladolid. En ella, el consejero Suárez-Quiñones llegó a decir ante los periodistas en junio que los incendios más dañinos jamás sufridos se producen “no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea”. Justo antes de realizar un vaticinio (“no parece año de eventos catastróficos”) que la realidad se encargó en agosto y septiembre de negar. Trágicamente, incluso con fallecidos y decenas de pueblos evacuados y barrios enteros quemados, amén de un desastre ecológico sin precedentes.
Tras meses de negarse a asumir responsabilidades, ni Arranz ni Suárez-Quiñones, con el apoyo personal firme del presidente Mañueco, incluso reprobados por el Parlamento, ha sido en las primeras horas del nuevo Gobierno cuando ambos han sido simplemente relegados de los incendios con el nombramiento de Ángel Sánchez.
