Millones de euros en 'comisiones' a cambio de que la Junta agilizara y facilitara el desarrollo de parques eólicos desde hace años en toda la Castilla y León, incluyendo la provincia de León. Eso es lo que desvela hoy el diario El País, que asegura que la Agencia Tributaria ha detectado y remitido a la Fiscalía Anticorrupción la existencia de una presunta trama organizada con 'conseguidores' entre importantes empresas constructoras y determinados altos cargos públicos de la Junta para, desde hace años, allanar el camino a la 'explosión' eólica de la Comunidad. Una red que estaría supuestamente formada por cargos vinculados a quien aún es consejero de Industria, Tomás Villanueva.
Según la información publicada por el diario nacional, el informe elaborado a finales del pasado año, relata en 94 folios “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo”. La cifra por el momento detectada que se llegó a pagar como presuntas comisiones ascendería, según el informe de la inspección de la Agencia Tributaria, al menos de 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León, pero nadie descarta que pudiera ser más.
El informe detalla de momento hasta siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques, y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta, más allá de que los expedientes de los parques eólicos llegaran o no a buen puerto. De hecho, el informe destalla “en la mayoría de los casos” no han “llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.
No porque no fuera intención ejecutarlos sino porque muchísimos de los parques impulsados en la provincia leonesa han sido 'tumbados' por organizaciones ecologistas por las 'chapuzas' e irregularidades en su tramitación, hasta el punto de que a día de hoy continúan funcionando algunas instalaciones a pesar de haber sido declaradas ilegales.
Siempre según El País, la Agencia Tributaria asegura que entre los beneficiarios del pago de presuntas comisiones hay personas que ocuparon durante años cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, que era la que autorizaba los parques. Entre otros, el ex viceconsejero Rafael Delgado Núñez, que firmaba las autorizaciones administrativas; Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones; y el propio Tomás Villanueva, sobre quien el informe recuerda que fue el responsable de ir nombrando a su lado a Delgado Núñez cuando el consejero cambiaba de consejería. Villanueva ha anunciado su retirada de la primera línea política después de 20 años con puestos relevantes en el Gobierno autonómico o las Cortes de Castilla y León.
La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007 en toda Castilla y León, pero hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.