El Gobierno de Castilla y León se vuelve a poner de lado en la polémica del puerto de Pinos, la gran extensión de terreno de la que es propietario el Ayuntamiento asturiano de Mieres pero en suelo de la Montaña de León, en concreto en el municipio de San Emiliano y la comarca de Babia.
Tras la reciente sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, que condena a Mieres a cesar toda su actividad ganadera en la comarca leonesa, litigio ganado nuevamente por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y las juntas vecinales de los pueblos de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, la Junta de Castilla y León no ve mal la opción que la Federación y los pueblos defienden desde hace años, y que pasa por la expropiación de todo ese terreno, suelo de ricos pastos, motivo de los constantes encontronazos.
Sin embargo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha dejado claro hoy, cuestionado por esta posibilidad expropiatoria, que no será la administración autonómica quien impulsara ese trámite de expropiación del puerto de Pinos. El consejero aseguró que “no tenemos ningún inconveniente” en dar el paso, siempre que sea otra administración quien lo dé.
Vino a señalar que “la capacidad expropiatoria de las administraciones públicas corresponde a cualquier administración de ámbito territorial, y por lo tanto puede expropiar cualquier ayuntamiento, una diputación provincial, comunidad autónoma o administración del Estado”. Así, animó a “cualquiera que crea que esos bienes estarían mejor en una titularidad pública concreta” a ejercer su “capacidad de proceder a la expropiación”.
De este modo, Castilla y León no impulsaría el proceso, como les exigen los pueblos leoneses afectados, pero tampoco lo torpedearían. De ahí que Fernández Carriedo comprometiera “nuestra colaboración” si alguna otra administración “solicita cualquier asistencia técnica o apoyo en la tramitación de los expedientes para llevarlo a cabo”, en referencia al Ayuntamiento de San Emiliano o la propia Diputación leonesa.
Según la última sentencia, aunque recurrible aún, Mieres no puede seguir fomentando ni apoyando a los ganaderos de la raza Asturiana de los Valles en la comarca de Babia, ni en terrenos que son de su propiedad ni en los alquilados, ya que considera esta actividad “ilegal” a pesar de que se venga realizando desde 1926, fruto de un acuerdo con la Fundación Sierra Pambley, que incluyó una cláusula, aún en vigor, para respetar el derecho histórico de pasto de los cuatro pueblos.