El consejero Suárez-Quiñones miente al decir que “no está escrito” cuándo hay que resolver las ayudas al alquiler
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este miércoles que “no está escrito cuando hay que resolver las ayudas al alquiler” de vivienda que convocó hace justo un año el Gobierno autonómico, una declaración literal que recogieron varias agencias de noticias.
El político leonés hizo esta declaración durante la presentación de los datos de la resolución de la convocatoria de otras ayudas autonómicas, en este caso a la accesibilidad, también correspondientes al pasado año 2022, como respuesta a las criticas de los sindicatos por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler de vivienda.
Lo cierto es que Suárez-Quiñones miente al insistir en que el plazo de resolución de las mismas “no está escrito”. O en el mejor de los casos desconoce que la propia convocatoria de esas subvenciones de su Consejería, que data del 14 de octubre del año pasado -es decir, hace ya más de un año- establece que “el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes”. Se trata de un plazo que expiró en los primeros días de enero del presente año. Es decir, los expedientes y peticiones deberían haberse resuelto a principios del pasado mes de julio. Según ese plazo autoimpuesto por la Junta, el retraso hoy se cifra en más de tres meses.
Ese calendario se refleja en el Punto 5 del artículo 16 de la convocatoria pública, la cual incluye además otro detalle muy preocupante. Porque tras establecer que se debían resolver las peticiones en sólo medio año, detalla también que “el vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera dictado y publicado la resolución implicará que la persona solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que pueda interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo”.
Mantiene el plazo de octubre incluso para pagar
A pesar de todo, Suárez-Quiñones aseguró que cumplirá su propio compromiso público de que al menos se resolverán estas ayudas, que cuentan con financiación estatal del Gobierno, antes de que termine el presente mes de octubre. A ello se comprometió cuando ya se le preguntó el agosto por el asunto, ante la acumulación de un amplio retraso, añadiendo incluso que dentro de este mes también se pagaría a todos los beneficiarios finales de la convocatoria.
Al igual que entonces, hoy de nuevo el consejero justificó el retraso con argumentos como el gran volumen de solicitudes de las distintas subvenciones que gestiona el Ejecutivo autonómico y, en particular, sólo en el caso de las ayudas al alquiler de vivienda se han recibido un total de 25.000 peticiones, lo que supone 5.000 más que la convocatoria anterior, cifró.
También ha señalado que esta fecha de resolución, que han criticado durante los últimos meses sindicatos y partidos de la oposición, son las primeras del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 que “fue más tardío que los anteriores”, se han acumulado muchas ayudas porque “el Gobierno puso en marcha el bono de vivienda joven y se lo dio -su gestión- a las autonomías” que había que resolver antes que las subvenciones de la la propia Junta.
El consejero, además, ha incidido en que a partir de ahora los solicitantes van a tener una sola “carga administrativa” en lugar de las dos anteriores, lo que va “a facilitar a la administración la mejora de la gestión” con una “configuración que ha venido para quedarse”. Sin embargo, la realidad de este primer año con el nuevo formato demuestra que esa aportación al mismo tiempo de la petición de subvención y de los los justificantes de pago, que reduciría hipotéticamente la carga burocrática, no ha agilizado las ayudas sino que las ha retrasado de facto.
378 viviendas con mejor accesibilidad
Por otro lado, la Junta ha subvencionado 69 proyectos con actuaciones en 378 viviendas, por valor íntegro de 1,9 millones de euros, en la resolución de la convocatoria de ayudas a la accesibilidad de vivienda del año 2022, donde un 25% de las mismas se llevaron a cabo en municipios de menos de 20.000 habitantes en favor del medio rural, de la mano de 26 acometidas con 82 viviendas por más de 400.000 euros. Además, la línea de cara al 2023 aumenta el presupuesto hasta, prácticamente, los 3,1 millones de euros.
Informó que la orden de resolución de estas ayudas de accesibilidad de viviendas se publican este jueves 19 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), mientras que el próximo lunes se publicará, igualmente, la convocatoria de ayudas para mejorar la accesibilidad en 2023 y que se resolverá en 2024.
En todas las provincias se han seleccionados proyectos, por lo que en Valladolid se favorece la accesibilidad a 69 viviendas, seguida por Soria, con 63; León, con 62; Burgos, con 56; 43 viviendas en la provincia abulense; 27 en Palencia; otras 25 en la provincia segoviana; y 17 y 16 en el caso de Salamanca y Zamora, respectivamente.
