Visto para sentencia el juicio contra Pedro Muñoz: peticiones de cárcel de 20 años y nueva vía por presunta violación
El juicio contra el exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz por intentar matar a su esposa Raquel Díaz ha quedado este jueves visto para sentencia. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares piden para él sentencia condenatoria, de entre 18 y 23 años de cárcel, por maltrato continuado, lesiones agravadas y asesinato en grado de tentativa con agravante de ensañamiento y la apertura de una pieza separada para investigar las presuntas violaciones que la víctima relató ante el tribunal en su declaración el pasado lunes. La defensa, en cambio, pide la libre absolución del acusado.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que representan a la víctima y la hija de ésta consideran probados los delitos de tentativa de asesinato, maltrato, amenazas, injurias, violencia familiar y habitual y lesiones contra la que fuera su esposa y compañera de partido en Coalición por El Bierzo.
La representante del Ministerio Fiscal solicitó al tribunal que se deduzca testimonio de Raquel Díaz en vista un posible delito no investigado hasta el momento por las relaciones sexuales no consentidas que denunció la víctima en su testimonio y que se diera traslado de los hechos al juzgado de Violencia contra la Mujer de Ponferrada para que se practiquen las diligencias oportunas para determinar la posible existencia de unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual.
El material probatorio expuesto en la sala “deja meridianamente claro que Pedro Muñoz es culpable de todos los hechos que se le imputan” y que existe “una historia previa y consolidada de malos tratos, de episodios previos” similar a los que en la noche del 27 de mayo de 2023, cuando Raquel afirma que la agarró por el cuello y la arrojó por la terraza de la casa en la que residían, le causaron una parapléjica y graves lesiones y secuelas de diversa índole, remarcando que “siempre actuó movido por la intención de acabar con la vida de su esposa y no lesionarla”.
Hasta 17 lesiones fueron expuestas en los informes forenses aportados en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León como consecuencia del episodio ocurrido aquella noche. La fiscal considera que el acusado tenía un deliberado propósito de acabar con la vida de su mujer, por lo que le atribuye una tentativa de homicidio, pero cree también acreditada la llamada excusa absolutoria, un arrepentimiento que en el ámbito jurídico supone una acción voluntaria que impide la consumación del delito. Por ello, mantiene una petición de condena de 18 años y nueve meses de prisión.
La acusación particular, que atribuye a la exesposa de Muñoz un “sometimiento extremo” hacia él, sí da por probado que el acusado tenía el “indiscutible ánimo de matar” y llegó a pensar que lo había hecho, ya que comunicó a dos personas que Raquel estaba muerta y “tardó dos horas en llamar a Emergencias”.
Asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de alevosía y ensañamiento, son hechos que le imputa, entre otros delitos, y por los que solicita 23 años de cárcel menos un día. Las distintas versiones de los hechos aportadas por el acusado y su intención de desacreditar a la víctima fueron puestas de manifiesto tanto por las acusaciones particulares, que solicitan para la víctima indemnizaciones que suman 2.334.642,64 euros, como por la fiscal.
La segunda acusación particular, la que representa a la hija de Raquel, secunda la posición de la otra y únicamente discrepa con el Ministerio Público en la calificación jurídica de los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2020. Además, considera que se dan los requisitos para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al procesado y para aplicar los agravantes de parentesco y género. También quiso destacar que la defensa ha variado sus argumentos durante el procedimiento y las “múltiples” contradicciones en el testimonio prestado por Muñoz.
“Los forenses siempre han dicho que las lesiones de ese día no se produjeron solo por la caída”, recalcó y remarcó que no se conoce el momento en el que Raquel resultó lesionada. “Entendemos que los hechos ocurrieron antes de lo que ha dicho el acusado, porque a partir de las 22 horas hizo múltiples llamadas de teléfono y esperó más de una hora y cuarto para llamar al 1-1-2”. El letrado que representa los intereses de la Junta (Sacyl) en el caso se sumó a los planteamientos del Ministerio Fiscal y reclama una indemnización de 97.000 euros por la asistencia sanitaria que se prestó a la víctima a consecuencia de la grave agresión.
La defensa de Pedro Muñoz, que reclama su libre absolución, planteó con carácter subsidiario, la imposición, en caso de ser condenado, de penas mínimas para cada delito de los que se le imputan. En su intervención final, comentó que carece de lógica que su representado, en caso de querer acabar con la vida de Raquel, hubiera decidido apostar por autorizar una intervención quirúrgica en lugar de donar sus órganos, como se le planteó en el momento de mayor gravedad de su estado.
Por otro lado, dijo que de las pruebas practicadas cabe concluir que los hechos que se le atribuyen son “falsos” y que no se produjo ninguna discusión el día de los hechos, “y menos por lo manifestado por Raquel”. Sobre la declaración de la víctima, expuso lo que describió como “gravísimas contradicciones” en el contenido de la misma y en sus testimonios previos. “La única participación de Pedro en los hechos del 27 de mayo fue intentar salvar la vida a Raquel”, afirmó.
El acusado ejerció el derecho a pronunciar la última palabra de la vista y protagonizó una larga intervención que inició señalando que el estado actual de Raquel hace pensar que sus manifestaciones no puedan ser coherentes. “Yo no tengo ninguna animadversión contra Raquel, la he querido muchísimo, es posible que la haya querido más que a nadie. Le he salvado la vida literalmente, porque de no estar allí no era viable. Y que se diga que cuatro horas antes la he agredido…”, dijo.
“Me he sentido invisible todo este tiempo. He sido indiferente. No he podido abrir la boca”, señaló antes de recordar que ha estado dos años en la cárcel. “Y ahora quieren que esté posiblemente el resto de mi vida. ¿Por qué? Por la declaración que ella hizo aquí”, apuntó en una enérgica intervención en la que recalcó que él no ha cambiado su versión de los hechos, porque no los conoce.
Después de que el juez le recordara hasta en dos ocasiones que la última palabra no tiene como fin repetir argumentos ya conocidos, Muñoz señaló que le pidió tres veces el divorcio a Raquel; la última de ellas cuando ya estaba en prisión.
“Yo no he controlado a nadie en mi vida. He sido controlado”, aseguró y después de un segundo aviso del juez concluyó señalando: “Tengo 67 años y toda mi vida he sido una persona que he dedicado mi vida a los demás. He hecho hasta cursos de violencia de género. Ahora sé lo que es una relación tóxica; aquella en la que la otra parte te controla, te manipula, te difama y no te enteras hasta que te encuentras en la cárcel acusado de cosas que no sabes ni qué ha pasado”.
Policía Local y Ayuntamiento de Ponferrada
El abogado de la acusación particular confirmó, tras concluir el juicio, sobre el incidente registrado en marzo de 2018, atendido por la Policía Local de Ponferrada, cuando Raquel Díaz llamó al 1-1-2, que “hay que averiguar por qué gritos de auxilio se convirtieron en ”ruidos entre vecinos“ y Raquel no fue atendida y tenemos que continuar con las actuaciones para intentar derivar responsabilidades con instituciones o personas que pudieran haber intervenido en que Raquel no hubiera sido atendida debidamente”.
Gritos contra Muñoz
Representante de colectivos feministas, que el primer día del juicio acudieron a la Audiencia Provincial de León para apoyar a Raquel Díaz e increpar a Muñoz repitieron hoy su gesto con el acusado, al que dedicaron gritos como “Asesino” o “Pedro, cabrón, púdrete en prisión’.
