Los trabajadores del centro gestor de multas de León convocan quince días de huelga desde Semana Santa
La movilización laboral en el Centro Estrada (acrónimo de Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas) de León lanzada entre finales del año pasado y principios del presente se retomará con quince días de huelga, que coincidirán con la Semana Santa y la posterior en el calendario hasta el 7 de abril. Se trata de una convocatoria acordada ya en febrero y que ahora toma forma a través del reorganizado Comité de Empresa, compuesto por UGT y Comisiones Obreras tras la dimisión de todos los representantes del CSIF, que tenía la mayoría absoluta. La mejora salarial es la principal (pero no la única) reivindicación que vuelve a poner en pie de guerra a la parte social de una empresa creada en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las últimas movilizaciones en enero y estas previstas para marzo saltó por los aires el Comité de Empresa, presidido hasta febrero por el CSIF. La dimisión de sus siete representantes dejó en standby al órgano de representación laboral, ahora liderado por UGT con cinco miembros y CCOO con uno. El nuevo presidente es el ugetista Carlos Vallaure, que confirma a ILEÓN la convocatoria de dos semanas de huelga, una movilización de la que la parte social tiene previsto dar más detalles en una inminente comparecencia pública.
Por el medio también se renovó la UTE (Unión Temporal de Empresas), si bien sigue compuesta por las mismas tres compañías: las multinacionales Indra, Kpasch y Wordline. La convocatoria de un Serla (Servicio de Relaciones Laborales de la Junta de Castilla y León) no sirvió para acercar posturas, por lo que el Comité mantiene la convocatoria de huelga todavía con “predisposición” a mantener abierto el diálogo hasta hacerla efectiva, señala Vallaure.
La plantilla de un centro nacido bajo los mandatos de Zapatero en La Moncloa para gestionar las multas de tráfico quedó subrogada con la nueva UTE. Pero siguen vigentes las reivindicaciones, que pasan por incrementos salariales, pero también por mejores condiciones en el trato a los trabajadores que han visto cómo se multiplicaban sus funciones hasta asumir cuestiones como duplicados del permiso de conducción, cambios de domicilio del vehículo o revisión en remoto del funcionamiento de radares. El Comité de Empresa llegó a pedir en enero la mediación de la DGT (Dirección General de Tráfico) en este conflicto.
