Los sindicatos cargan contra la Junta por “vender como mejoras” lo que la ley ya obliga a aplicar en el operativo de incendios
Los sindicatos CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL han mostrado su rechazo a las últimas declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, sobre las supuestas mejoras en el operativo autonómico de incendios forestales. Las organizaciones sindicales aseguran que las medidas anunciadas “se alejan mucho de la realidad” y que la Administración autonómica únicamente pretende cumplir ahora “lo que ya está obligada a aplicar por ley”.
En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que las modificaciones que la Junta presenta como avances responden a la aplicación de dos normas básicas estatales aprobadas en 2024: la Ley 5/2024, que reconoce la figura del bombero forestal, y la Ley 4/2024, que crea el grupo B para el colectivo de agentes forestales y medioambientales. Subrayan que se trata de una adaptación legal obligatoria en la normativa autonómica, derivada además del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), cuyo cumplimiento —afirman— la Junta lleva dieciocho años retrasando.
Fuera de esas medidas impuestas por ley, la Junta ha planteado un incremento salarial de 75 euros mensuales brutos. Una subida que los sindicatos califican de “exigua, injusta” y que consideran un “menosprecio” al trabajo de los agentes medioambientales y los bomberos forestales de la comunidad, que desempeñan su labor en condiciones extremas y con jornadas de hasta 24 horas durante los incendios.
Las tres organizaciones recuerdan que, en la reunión mantenida el pasado 10 de octubre con representantes de la administración, trasladaron de forma conjunta su negativa a aceptar la propuesta, al considerarla “una paupérrima mejora” que no responde a las necesidades reales del operativo. Añaden que las negociaciones “ni siquiera pueden llamarse así” debido a las prisas con las que se han llevado a cabo, tras años de incumplimientos por parte de la Junta.
Ante esta situación, los sindicatos anuncian que convocarán movilizaciones de carácter indefinido, con el objetivo de denunciar públicamente lo que consideran un nuevo episodio de maltrato hacia el operativo de incendios de Castilla y León.
En el comunicado, CSIF, CCOO y USCAL-TISCYL recuerdan que el operativo necesita “cambios profundos, propuestas nuevas y un dispositivo público real” que permita a sus trabajadores desarrollar su labor con dignidad. También hacen referencia a los incendios de 2022 y 2025, en los que se registraron ocho fallecimientos, para subrayar la importancia de dotar al operativo de medios y condiciones adecuadas.
