El intento del Partido Popular (PP) y Vox en el Ayuntamiento de La Bañeza de casi duplicarse el número de sueldos a cargo del erario público fue manifestamente ilegal. Así lo ha determinado de manera definitiva el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tras desestimar el recurso de apelación presentado por el equipo de Gobierno del Consistorio leonés, confirmando así íntegramente la resolución emitida por el Juzgado de lo Contencioso de León en septiembre de 2024 contra la ampliación de las dedicaciones exclusivas de los de derecha y de extrema derecha.
Aquel intento que ahora el Alto Tribunal niega fue poco después del pacto entre ambos, PP y Vox, por subirse sus sueldos de un plumazo un 31%, al tiempo que el alcalde popular, Javier Carrera, les concedía sendas concejalías a las dos ediles que con su presencia en el equipo de Gobierno le concedían al PP la mayoría suficiente que acababa de perder al pasar a no adscrito un concejal suyo. Se trata del único municipio de la provincia, que es el sexto con mayor población, en el que ambas formaciones de derechas cogobiernan en la actualidad.
El PSOE de La Bañeza ha informado este martes del resultado de las actuaciones judiciales impulsadas por su grupo municipal, con Rodolfo Sánchez Prieto a la cabeza, contra el acuerdo de PP y Vox de ampliar de tres a cinco las dedicaciones exclusivas y parciales, fijando además las retribuciones del personal eventual y de confianza. La nueva sentencia ratifica que los acuerdos de aquel Pleno del 14 de julio de 2023 son nulos de pleno derecho. El motivo es que adoptaron sin los informes preceptivos de Intervención.
El Grupo Socialista votó en contra desde el primer momento y posteriormente presentó un recurso de reposición ante el propio Consistorio. PP y Vox lo desestimaron y, posteriormente, se interpuso un recurso contencioso-administrativo. Tras la apelación del equipo de gobierno, también procedió a su impugnación. El fallo del TSJ mantiene que estos acuerdos “no son ajustados a derecho” y, en consecuencia, quedan anulados.
Sánchez Prieto ha mostrado su satisfacción por la sentencia y subraya en una nota de prensa que se ha demostrado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza “no siguió los procedimientos legales conforme a la legislación vigente al adoptar estas decisiones, como tantas otras”. Remarca que hay que ser escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad en decisiones que afectan al funcionamiento municipal, al considerar que “no se puede aprobar la creación de puestos y asignación de retribuciones sin los informes económicos necesarios ni sin un debate claro y transparente sobre su impacto”.
Asimismo, Sánchez ha criticado la falta de transparencia que caracteriza la gestión del PP, que “continúa ocultando información tanto a la oposición como a los vecinos”. Recuerda el portavoz socialista que el aumento salarial del 31%, que contó también con el voto en contra de toda la oposición en La Bañeza, pudo ser frenado cuando además el equipo de gobierno pretendía aplicarlo incluso con carácter retroactivo. Hubiera supuesto un coste de dinero público de cerca de 200.000 euros cada año que iría a parar a sus bolsillos.
El Tribunal fue especialmente crítico al considerar que respondía a “un estricto interés particular” y no al interés general, tal como había denunciado el PSOE. Por eso, ahora remarcan “despropósito jurídico y ético” que suponía esta maniobra y han liderado todas las acciones de control para frenar lo que consideran “un abuso injustificable”.
El PSOE ha recordado otros episodios que, a su juicio, evidencian la mala gestión municipal, como la falta de convocatoria de las plazas de secretario e interventor, lo que mantiene al Ayuntamiento en una situación de “preocupante falta de control administrativo”.