León contabiliza más de 300 inspecciones de seguridad privada en lo que va de año
![La calle Ancha de León.](https://static.eldiario.es/clip/db115236-d00a-459d-8691-811fa5fa944d_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
La Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada contabilizó hoy un total de 312 inspecciones a los establecimientos de la provincia de León obligados por ley a tener medidas de seguridad. Concretamente, se llevaron a cabo 291 inspecciones a entidades de crédito, diez a joyerías, ocho a administraciones de lotería, dos a estaciones de servicio y una a una galería de arte.
Estas cifras se expusieron hoy en el marco de la celebración de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, presidida y convocada por el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez Samartino, con la asistencia de los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el comisario Principal Jefe de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León, Miguel Ángel del Diego y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez. También asistieron representantes de los distintos sectores que conforman la seguridad privada de León, como joyerías, estaciones de servicios, empresas de seguridad, detectives, centros de formación o corporaciones locales.
El objetivo de la comisión es la coordinación de las actividades de la seguridad privada en los ámbitos respectivos, promoviendo la coordinación entre los organismos estatales y la seguridad privada, la homogenización de criterios, formular propuestas de lucha contra la delincuencia, proponer criterios de coordinación, analizar y proponer actividades de formación e informar sobre asuntos relativos a las distintas actividades de las empresas y a las atribuciones y funciones del personal de la Seguridad Privada.
Durante el desarrollo de la Comisión se incidió en el futuro Reglamento de Seguridad Privada que deberá generar más oportunidades de negocio, combatir el intrusismo, fomentar la colaboración de la seguridad público-privada y priorizar los criterios cualitativos sobre el precio de las contrataciones públicas.