La Junta rechaza que el Gobierno prohíba cazar lobos y hace frente con Asturias, Cantabria y Galicia

Castilla y León quiere mantener la actividad de la caza del lobo ibérico. Y para ello la Junta se ha unido a los responsables políticos de Galicia, Asturias y Cantabria que, según han materializado en una carta conjunta, consideran “innecesaria” la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Esta inclusión del obo es una propuesta que el Gobierno central baraja desde hace varios meses, lo que “ha movilizado la inquietud” de las cuatro comunidades autónomas, enviando una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmada por los cuatro consejeros de Medio Ambiente, en la que también piden un encuentro para analizar el escenario.

La misiva argumenta que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una “decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero”, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, “son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales”.

Sin embargo, no se ofrecen datos, los cuales, por ejemplo en León, indican que la incidencia de los daños de lobos es muy baja incluso aunque se trata de una de las provincias, junto con Zamora, con que más ejemplares y manadas cuenta. De hecho, es sobre todo en la provincia de Ávila, al sur del Duego, donde sí existe un mayor conflicto con los ganaderos. Y a pesar de ello, en león la Junta ha autorizado a matar 153 ejemplares en tres años.

Sin embargo, las cuatro comunidades que gestionan las poblaciones de lobo “más numerosas y mejor conservadas defienden la necesidad de compatibilizar la existencia de las manadas en el medio rural con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones ganaderas”.

Los firmantes

La carta está firmada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo.

El Gobierno central analiza desde hace meses una propuesta que supondría, según las cuatro autonomías, la “prohibición general de su caza”, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética. Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, “limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos”.

Lobos versus ganado

En este sentido, la oposición de las comunidad autónomas que suscriben el escrito contrario a la propuesta de catalogación se basa en que “sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas” en estos territorios en los últimos años para “buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva”. De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico “podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona”.

La decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.

Planes de gestión y conservación

Las cuatro comunidades señalan en la misiva que han elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, “por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”. Todos ellos tienen como objetivo la “conservación del lobo”, en el marco establecido por la Directiva europea 92/43/CEE, “a través de una adecuada gestión que permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva”.

En el marco de estos planes, los cuatro ejecutivos autonómicos han conseguido, según sus propias cifras, “que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al cánido, que aparezcan nuevas formas de potenciar el 'recurso turístico' lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas”. Además, con este modelo actual de gestión “se ha logrado conseguir una información fiable y continua de lo que está sucediendo con la evolución de las poblaciones de lobo, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión”.

Esta gestión, prosiguen en la misiva conjunta, se ha hecho siempre “desde la máxima lealtad institucional” y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo, actualmente vigente, promovida por el Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. “Si bien es cierto que todos creemos que es necesaria una nueva estrategia nacional liderada por el Gobierno y consensuada con las comunidades autónomas loberas”, explica la carta enviada a Ribera.

“Por tanto, ministra, queremos trasladarte que, a pesar de los esfuerzos en la gestión solo conseguimos parcialmente los objetivos, el buen estado de las poblaciones del lobo, pero el problema de los daños a la ganadería sigue estando presente en el día a día y la conflictividad social asociada aumenta”, continúa la carta.

A juicio de las cuatro autonomías, la población del medio rural que convive diariamente con la especie “no quiere que se les indemnice si los daños son continuos en una explotación, lo que demandan es que esos daños disminuyan”. “Esto solo lo conseguiremos a través de una gestión flexible, conjunta y coordinada que nos permita, además, trasladar a la sociedad soluciones eficaces basadas en los datos científicos y la experiencia de nuestros equipos técnicos y alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales”, critican.

Igualmente, trasladan a la ministra que el nuevo estatus que se plantea “impediría que la especie fuera cinegética”, consideración que tiene en Cantabria, Galicia y Castilla y León, siendo especie 'gestionable' en Asturias, “pero en todos los casos la capacidad actual para gestionar la especie es mayor que la que se tendría si la especie se incluyese en el LESPRE”.

A este respecto, los responsables medioambientales de las cuatro comunidades autónomas recordaron lo que supone la ganadería extensiva en estos territorios: “Hablar de Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León es hablar de explotaciones ganaderas familiares sostenibles y hacedoras de paisaje, de razas ganaderas autóctonas en peligro de desaparición, de productos de calidad ligados a la ganadería, carnes, leches, quesos... Todo esto está en juego, no sólo una actividad económica, sino una forma de vida”. A este respecto, señalan a la ministra que su objetivo es alcanzar “territorios bien conservados, con presencia del lobo, pero con futuro y con vida, y para ello la ganadería extensiva es esencial”.

Por ello, reclamaron que “se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico”.

A la vista de las opiniones vertidas en las redes sociales por el Ministerio de Teresa Ribera, los cuatro responsables regionales manifiestan su “total desacuerdo” con la inclusión en la LESPRE de todas las poblaciones de lobo ibérico ubicadas al norte del Duero, dado que Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya ha mostrado públicamente su apoyo a la propuesta, “antes incluso de debatir o consultar al respecto a las regiones que se verían más afectadas”.

A su juicio, “esto no se está respetando”, ya que se está avanzando en una postura oficial sobre la inclusión del lobo en el LESPRE, cuando “debe cumplir con un procedimiento establecido en el que se debe contar la con opinión de unos órganos colegiados que deben adoptar finalmente, o no, dicha decisión, y en los que actualmente es por todos sus miembros bien conocida la posición contraria de las cuatro comunidades que gestionan las poblaciones de lobo más numerosas y con mejor estatus de conservación de todo el territorio nacional”.

En el final de la carta, los cuatro consejeros realizan una reflexión conjunta en el sentido de que “la mejor forma de conservar y gestionar esta emblemática y simbólica especie es reduciendo el conflicto social y mediático que se genera a su alrededor, que es lo que pretende la misiva”.

En este sentido, pidieron a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones “que tengan en cuenta la experiencia de gestión de las cuatro comunidades”, que han asumido “desde hace tiempo la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y el sector ganadero”. En ese encuentro pretenden exponer con más detalle argumentos, “ya que con ello contribuiría a trasladar a la sociedad un mensaje de unidad de todas las administraciones en torno a la gestión del lobo, sin importar el signo político, como se demuestra con esta carta, lo que sin duda revertirá en el objetivo final”, la conservación del lobo.