Nueve días paro total en la provincia de León por mantener a los conductores de autobuses como los peor pagados

Los autobuses interurbanos, entre localidades distintas, de la provincia de León afrontan nueve jornadas de huelga de 24 horas entre finales de octubre y fin de año ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de los paros, que afectarán a todo el transporte interurbano de viajeros de la provincia, con un colectivo de unos 450 trabajadores, después de 13 reuniones con la Patronal sin conseguir avances en las condiciones salariales y laborales, que relegan a los empleados leoneses, aseguran, a la cola de los peor pagados de la Comunidad y casi de España.

La primera jornada de huelga será el viernes 30 de octubre, justo antes del puente festivo. Le seguirán otras ocho jornadas los días 2, 11 y 24 de noviembre, y 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre. Los paros serán de 24 horas y afectarán al conjunto de las líneas interurbanas de la provincia, por lo que los sindicatos ya han pedido disculpas a los usuarios por las molestias y retrasos que puedan ocasionar, al tiempo que les recomiendan planificar sus desplazamientos y consultar servicios mínimos que la Junta ponga en marcha.

El principal motivo del conflicto, han explicado hoy en una concentración frente a la estación de autobuses de León, es la negativa de la Patronal a mejorar unas condiciones económicas que sitúan a los conductores leoneses, según los sindicatos, como los peor pagados de Castilla y León y los quintos con salarios más bajos de toda España. Actualmente, el salario bruto anual de referencia ronda los 19.000 euros, una cantidad que contrasta con la de otras provincias donde operan incluso las mismas compañías de transporte, como Alsa.

Luis Villares, coordinador del sector de Transporte y Logística de CCOO en Castilla y León, ha denunciado que los trabajadores de León cobran unos 5.000 euros brutos anuales menos que sus compañeros de Zamora y hasta 8.000 euros menos que los de Asturias. La reivindicación sindical pasa por alcanzar un salario mínimo de 24.000 euros brutos anuales al término de un convenio de tres años, además de regular las jornadas laborales y mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo.

Jornadas laborales de hasta 15 horas

Más allá de los salarios, los representantes de los trabajadores denuncian unas condiciones laborales que incluyen jornadas de hasta 15 horas diarias, sumando los tiempos de conducción y disponibilidad para las empresas, así como descansos insuficientes y dificultades para conciliar.

Los sindicatos también reclaman medidas de protección frente a agresiones y accidentes, garantías de seguridad y salud laboral, coeficientes reductores y seguros de vida, además de combatir la temporalidad y la precariedad del sector.

Juan Antonio Martínez, responsable de Transportes de UGT en Castilla y León, ha asegurado que la patronal mantiene un “bloqueo total” de la negociación. La última reunión se celebró el pasado jueves en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), en un intento de evitar la convocatoria de huelga que terminó sin acuerdo. “Les hemos dado la oportunidad de si tenían algo más que decir y nos han dicho lo de las otras reuniones, que no quieren nada de nada”, ha explicado Martínez, quien ha recordado que en otras provincias, como Valladolid, ya se han firmado nuevos convenios colectivos.

El representante de UGT ha cuestionado que las mismas empresas puedan asumir mejores salarios en otras provincias mientras rechazan equiparar las condiciones de León, al menos, a la media autonómica. “No entendemos que, siendo las mismas empresas, en Valladolid puedan pagar un salario y en León digan que no pueden llegar”, ha señalado, añadiendo que “quieren que los trabajadores de León seamos los más pobres de toda la comunidad de Castilla y León”.

Y más subvenciones de la Junta que nunca

CCOO y UGT también han dirigido sus críticas a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que intervenga para desbloquear el conflicto, especialmente por su papel como principal financiadora millonaria de los servicios de transporte regular y escolar. Los representantes sindicales consideran que la financiación pública del transporte debería traducirse también en mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido, recordaron que la Junta ha destinado 55 millones de euros hasta finales de año y ha anunciado una nueva aportación de otros 45 millones. “Lo que consideramos es que ese dinero tiene que repercutir también en los trabajadores”, ha reclamado Villares.

Los sindicatos sostienen que las administraciones que financian los servicios deben exigir a las empresas que retomen el diálogo y alcancen acuerdos que eviten la huelga. También han advertido de que estarán pendientes de los servicios mínimos que establezca la Junta para que no resulten abusivos ni limiten el ejercicio del derecho a la huelga.