El Ayuntamiento de León vuelve a buscar abogado entre funcionarios con su asesoría jurídica envuelta en pleitos
El Ayuntamiento de León ha convocado un concurso específico de méritos para cubrir el puesto de letrado asesor de la Secretaría General, abogado municipal. Lo hace mediante un procedimiento reservado solo a funcionarios de nivel A1 y abierto tanto a empleados del consistorio leonés como a empleados públicos de otras administraciones. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y además de ser alto funcionarios se debe tener la titulación de Derecho, como es lógico.
La contratación de este puesto de abogado mediante un concurso restringido se produce cuando la asesoría jurídica del Ayuntamiento de León están inmersa, precisamente, en varios conflictos en los tribunales: uno por haber dejado vacía una oposición a esos puestos y otro por la elevada indemnización que ha ganado un funcionario por desempeñar el trabajo de tres puestos de abogado durante varios años.
En 2022 el Ayuntamiento de León inició el proceso para cubrir mediante oposición libre dos plazas de abogado municipal. El primer ejercicio se celebró en noviembre de 2024 pero de los 31 aspirantes admitidos solo 11 se presentaron al examen tipo test y apenas seis lograron superarlo.
El segundo ejercicio tuvo lugar a principios de abril de 2025 y solo acudió uno de los seis candidatos que habían pasado la primera prueba. La persona aspirante fue declarada no apta al no alcanzar los cinco minutos de exposición exigidos sobre uno de los temas. El tribunal acordó el 21 de mayo de 2025 declarar desierto el proceso por lo que la tercera prueba, un supuesto práctico de hasta cinco horas, ni siquiera llegó a celebrarse. El consistorio leonés aprobó después una bolsa de empleo ante la urgencia de ocupar las plazas pero el resultado de esta oposición ha acabado siendo recurrido por uno de los aspirantes, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
Tras el fiasco de esa oposición, el Ayuntamiento leonés ya busco un abogado de forma urgente mediante un concurso específico para ya funcionarios, que ocupa actualmente un letrado que desempeñaba esas funciones anteriormente en la Junta de Castilla y León.
Condena por sobrecarga de trabajo al anterior abogado
El Ayuntamiento de León arrastra polémica con sus abogados ya que en 2024 fue condenado a pagar 149.858 euros a uno de los funcionarios de su Asesoría Jurídica por la sobrecarga de trabajo que soportó durante años, al asumir tareas correspondientes a tres puestos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León consideró probado que la situación se prolongó desde 2014, tras las bajas y vacantes de otros letrados, sin que el Consistorio adoptara medidas suficientes para resolverla.
La sentencia señalaba que el Ayuntamiento conocía la situación y actuó con “pasividad” al no cubrir las plazas, calificando la sobrecarga como previsible y evitable. El juez consideró que la Administración incumplió sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y que la exposición prolongada a una carga de trabajo excesiva y al estrés asociado constituye por sí misma un daño indemnizable. El funcionario había reclamado inicialmente 491.446 euros, además de daños morales.
El Consistorio alegó durante el procedimiento que el empleado había asumido las tareas de sus compañeros de manera “voluntaria”, pero el juez rechazó ese argumento al considerar que, por las obligaciones y plazos de la Asesoría Jurídica, realmente no tenía una alternativa efectiva. La sentencia fue confirmada por el TSJ este año y el consistorio leonés elevó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Abogado entre funcionarios
La nueva plaza que saca el Ayuntaminto de León será con un proceso de concurso específico con méritos generales y una segunda centrada en la experiencia y conocimientos directamente relacionados con las funciones del puesto, entre cuyas funciones está la planificación y ejercicio de la defensa jurídica del Ayuntamiento ante juzgados y tribunales, la representación municipal cuando el Consistorio actúe como parte en procedimientos judiciales y la elaboración de informes jurídicos para la Alcaldía, la Secretaría General y las distintas áreas municipales.
Entre los méritos específicos a tener en cuenta figuran la experiencia en asesoramiento jurídico, representación y defensa de entidades locales en procedimientos contencioso-administrativos y sociales, así como en la defensa de otras administraciones públicas. En el caso de la experiencia con entidades locales, las bases precisan que se valorará la desarrollada en municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas, sedes de instituciones autonómicas o que tengan una población igual o superior a 75.000 habitantes.
La segunda fase tiene una valoración máxima de 9 puntos, de los que hasta 1,5 corresponden a cada uno de los cuatro primeros apartados de experiencia y 0,5 a un quinto mérito relacionado con procedimientos penales, civiles y mercantiles y otro 0,5 a la elaboración de informes técnico-jurídicos sobre competencias de las entidades locales. Los aspirantes tendrán además que presentar una memoria, valorada con hasta 2 puntos, sobre el contenido funcional del puesto o sobre una propuesta de mejora organizativa o funcional.
Para acceder a esta segunda fase será necesario obtener al menos 5,40 puntos de los 13,50 posibles en la valoración de méritos generales. La memoria podrá tener un máximo de 30 páginas y, una vez estudiada la documentación, los candidatos serán convocados a una entrevista destinada a comprobar y aclarar sus méritos y el contenido de la memoria, aunque la entrevista no tendrá una puntuación independiente.
