Las inspecciones de Trabajo hicieron aflorar más de 1.000 empleos irregulares en la provincia de León el año pasado

Un hombre trabajando, archivo.

EFE

24 de octubre de 2026 11:51 h

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social afloró en Castilla y León un total de 6.288 empleos irregulares durante 2025, el 11% más que el año anterior (5.661), pese a haber reducido ligeramente el número de actuaciones realizadas en la Comunidad, según el último Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la provincia leonesa el aumento también fue significativo, de casi un 30%, ya que se superó el millar (1.006), cuando el año precedente habían sido 775 los casos.

Los datos reflejan que la Inspección efectuó 97.207 actuaciones durante 2025, frente a las 100.793 registradas en 2024, pero logró detectar más situaciones de fraude laboral y economía sumergida que el ejercicio precedente.

El aumento de los resultados se enmarca además en la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apuesta por actuaciones más selectivas apoyadas en herramientas de análisis masivo de datos.

Según recoge el informe anual, estos sistemas permiten identificar patrones de fraude mediante el cruce automatizado de información y detectar tanto irregularidades tradicionales como nuevas fórmulas de incumplimiento laboral, lo que ha contribuido a incrementar la eficacia de la actividad inspectora.

Durante 2025, el área de Seguridad Social y economía irregular concentró 37.350 actuaciones, con 4.470 infracciones detectadas, sanciones por valor de 19,3 millones de euros y expedientes liquidatorios por otros 37,3 millones.

Evolución provincial

La evolución provincial refleja cambios respecto a 2024, ya que, aunque Valladolid siguió liderando el empleo irregular aflorado, la cifra se redujo de 1.680 a 1.297 trabajadores. El mayor salto se produjo en Burgos, donde los empleos detectados pasaron de 451 a 1.174, mientras que León superó por primera vez el millar al crecer de 775 a 1.006.

También aumentaron Salamanca (577 a 760), Palencia (395 a 668) y Ávila (486 a 577), frente a los descensos registrados en Zamora (391 a 267) y Soria (432 a 330).

Además de combatir el empleo irregular, la actuación inspectora tuvo efectos directos sobre la calidad del empleo, según el informe, ya que la Inspección promovió la conversión de 3.402 contratos temporales en indefinidos, más de la mitad correspondientes a mujeres, así como la transformación de 1.907 contratos fijos discontinuos irregulares en contratos fijos ordinarios.

También impulsó 870 incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial, destinados a corregir situaciones en las que la jornada real trabajada no coincidía con la declarada por las empresas.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la Inspección efectuó 42.898 actuaciones, que derivaron en 2.075 infracciones o requerimientos a administraciones públicas, sanciones cercanas a cinco millones de euros y 237 propuestas de recargo de prestaciones por accidentes laborales asociados a incumplimientos preventivos.

León fue además la provincia con mayor volumen de actividad inspectora de la comunidad, al concentrar 20.063 actuaciones, por delante de Valladolid, con 18.186, y Burgos, con 15.169.

El contraste con 2024 resulta especialmente significativo. Ese año Castilla y León registró 100.793 actuaciones inspectoras, 19.346 requerimientos y 7.245 infracciones, además de sanciones por valor de 21,8 millones de euros y expedientes liquidatorios por 34,6 millones. Sin embargo, el número de empleos aflorados se situó en 5.661, más de seiscientos menos que en 2025.

Un cambio de estrategia

Los datos apuntan así a un cambio de estrategia basado más en la selección previa de objetivos que en el volumen de visitas o comprobaciones.

Aunque el número total de actuaciones descendió ligeramente en Castilla y León, la Inspección logró aflorar más empleo irregular y promover miles de mejoras contractuales, en un contexto marcado por el uso de herramientas tecnológicas de detección del fraude y por la orientación de las actuaciones hacia sectores y empresas con mayores indicios de incumplimiento.

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