El contestado proyecto de red de calor en León, con varias macroplantas energética de incineración en el barrio de Puente Castro, que cuenta con una creciente oposición vecinal en la calle, será financiado con 22,6 millones de euros del llamado Fondo de Transición Justa. Es decir, que gran parte de su financiación será con un dinero ideado y pagado por la Unión Europea a las regiones mineras para facilitar la transición ecológica que supuso el fin de la extracción del carbón, una conversión muy dura en la montaña leonesa.
El proyecto energético de la Junta de Castilla y León, promovido por la consejería de Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez-Quiñones con el aval del Ayuntamiento de León del socialista José Antonio Diez, recibe estos singulares fondos europeos para un proyecto que pasó de ser pequeño cuando se diseñó al norte de la ciudad a un macroproyecto renovable con 85 millones de inversión y que se asienta en su cuarta ubicación tras ser descartado en tres anteriores por diversos motivos.
La Junta de Castilla y León, que gestiona el Fondo de Transición Justa para las provincias de León y Palencia dotado con 197 millones de euros, ha dado financiación de 22,6 millones para el proyecto de la red de calor en la ciudad. Una red que distribuirá el calor generado por la planta de combustión de biomasa y otras aledañas a través de una red de 65 kilómetros de conducciones que calentará edificios públicos, empresas y viviendas. Esto supone que el 11,5% de los fondos de Transición Justa europeos para toda la Comunidad se gastarán en la ciudad de León de forma directa.
El objetivo del fondo es “hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París”, explica su documento de trabajo.
Está permitido pero no es lo prioritario
El uso de estos fondos en la ciudad leonesa es compatible con el destino del dinero europeo, ya que el memorándum señala que “el territorio específico destinatario de esta prioridad será el conjunto de la provincia de León”. Sin embargo, también indica que tendrá “especial atención a los municipios delimitados en los Protocolos de Actuación de los Convenios de Transición Justa de Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla”.
En específico se señala que se promoverán “actuaciones conjuntas para el impulso de las actividades de la cadena de valor de la biomasa y aprovechamiento sostenible de recursos forestales, incluyendo centros logísticos, redes de calor y programas de sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa en edificios públicos”.
Con estos mismos fondos mineros la Junta de Castilla y León ha pagado ya la construcción del Colegio Mayor de Ponferrada, una nueva facultad de la Universidad de Valladolid en la ciudad de Palencia o el arreglo de caminos en El Bierzo y la comarca de Cepeda por un millón de euros. También se han previsto el gasto de cinco millones de euros en arreglo de varias escombreras en las comarcas mineras.
El Programa de Transición Justa de España tiene vigencia hasta el año 2027 aunque en el caso de la implementación de la red de calor de la ciudad de León se señala fecha de finalización de la obra en el año 2029, como máximo.
Controvertido y largo proyecto
El proyecto de red de calor y macroplanta renovable ha recibido en los últimos meses una fuerte contestación social por parte de los barrios más afectados a su ubicación, Puente Castro y La Lastra. Ellos y varios colectivos han protagonizado varias manifestaciones ante el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León tras su aprobación y rápido desarrollo. La última este mismo mes de septiembre con una movilización en la que los vecinos anunciaron además que tienen fondos para presentar un recurso judicial contra su aprobación.
El origen del proyecto de una red de calor en la ciudad de León se remonta al año 2016, siendo alcalde Antonio Silván y proyectada en el barrio de Eras de Renueva. El rechazo vecinal la llevó a proponer su instalación en Cantamilanos, primero, y luego en la localidad de Navatejera, municipio de Villaquilambre, donde decayó en medio de una nueva trifulca vecinal y un interés directo de gobernavilidad por parte del Partido Popular, ya que fue el mismo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó su final para retener el PP la Alcaldía de Villaquilambre con un cuatripartito.
El lugar
En el año 2022 Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de León anunciaron un nuevo proyecto, que más que duplica la capacidad original a ubicar en 22 hectáreas ubicada en el barrio de Puente Castro, espalda con espalda del cementerio municipal y cerca de la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la depuradora, los ríos Bernesga y Torío o la localidad de Alija de la Ribera.
Allí se levantarán tres infraestructuras diferentes para la generación de energía por combustión de biomasa forestal; hidrógeno verde; y 85.000 metros cuadrados de placas solares. Una cuarta diseñada en un principio, de biogás, se ha decidido hace escasos meses aparcarla de momento al considerarse ya muy alta la generación energética procedente de la biomasa. La planta de biogás decayó al tiempo que se producía un recurso de Ecologistas en Acción, pero la Junta no renuncia a ello.
Blindado como 'Proyecto Regional'
Desde este punto al otro lado del río, y a través de una pasarela de nueva construcción a la altura de La Candamia hacia el barrio de La Lastra, la red de canalizaciones sumarán 65 kilómetros de conducciones bajo las calles de la ciudad para proveer de calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas, edificios particulares y viviendas interesadas en engancharse a esta nueva red. Según los promotores el beneficio principal es reducir calderas privadas y la correspondiente contaminación asociada (hasta 1.100 chimeneas individuales menos), y ahorros que se cifran “entre un 30% y un 50%” en las facturas actuales de energía.
El Gobierno autonómico ha usado también aquí la figura de 'Proyecto Regional', de la que abusa numéricamente en la provincia, para apuntalar las obras entre quejas de vecinos y organizaciones ecologistas de falta de transparencia y dudas sobre el alcance medioambiental del proyecto, con especiales críticas a la planta térmica de biomasa y la de biogás.
El proyecto asegura que generará 250 puestos para la construcción de todo el complejo y el entramado de redes, 30 posteriores y estables para funcionamiento y mantenimiento, y otros 90 que se generarán la parte con diferencia más enorme, la quema de biomasa, 30 de ellos indirectos.