Los funcionarios dispuestos a más presión si se mantiene la privatización de la justicia
Los trabajadores públicos de los juzgados de León han vuelto a protagonizar una jornada de protesta, como en el resto de las provincias, parea denunciar el desmantelamiento de la justicia que ha comenzado con la privatización del Registro Civil.
Fabricio Gómez del CSIF ha asegurado que esta primera medida tiene por objeto hacer caja, ya que estas funciones pasarán a manos, previa privatización, de los registradores de la propiedad.
Otro tanto sucede con la comunicación de actos de todo tipo, sólo en León unos 40.000, que pagarán los ciudadanos aunque tal y como ha recordado Fabricio Gómez “los ciudadanos ya han pagado el derecho a una justicia con sus impuestos”.
En principio esta opción es voluntaria, aunque la tendrán que pagar los ciudadanos, y al final deberán que elegir si quieren que sean sus procuradores o funcionarios públicos los encargados de sus gestión.
Hacer caja
Todos los pasos que se han aventurado y que se cocinan en la nueva ley que está en fase de preparación sólo tienen por objeto hacer caja, ha reiterado en esta ocasión Javier Puente, de CC.OO. No se hace negocio con una notificación de embargo pero si con la ejecución del embargo y así en todos los capítulos“.
Los trabajadores están incluso dispuestos a endurecer las protestas si los planes de desmantelamiento de la justicia siguen por los caminos que ha apuntado el Gobierno.
Según ha subrayado Javier Puente, si desmantelan la sanidad, la educación y ahora la justicia “a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es la desmantelación de esta clase política”.
