La Diputación recorta la ayuda a domicilio de 22 a 6 horas mensuales
Representantes de los sindicatos de UGT, CSI-F y CCOO, han mostrado su rechazo al recorte por parte de la Diputación de León del programa de ayuda a domicilio en la Ley de Dependencia, que en algunos casos llega hasta el 40% de rebaja, con la consiguiente repercusión sobre un importante número de usuarios. Dichos recortes, además, ponen en riesgo el empleo de más de 100 mujeres de las zonas rurales, con contratos temporales y, debido al recorte en las horas de servicio, de más de 200 trabajadores con contrato fijo.
León tiene una media de 8.000 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio
UGT, CSI-F y CCOO alertan de una pérdida de calidad del servicio, que afecta a 2.500 usuarios, en su mayoría mujeres del entorno rural mayores de 80 años, con pensiones no contributivas y con unos ingresos de entre 400 y 500 euros. Además, según los representantes sindicales esta reducción en cuanto a la prestación del servicio fomentará la economía sumergida y el servicio privado que, en muchos casos los usuarios no podrán afrontar debido al precio medio de entre 12 y 13 euros la hora.
Incumplimiento normativo laboral: Margen de maniobra
Los sindicatos han denunciado un incumplimiento normativo laboral por parte de la Diputación “al comunicar a las empresas que prestan el servicio el día 28 de junio el recorte del servicio a partir del 1 de agosto”, creando una dificultad para el cumplimiento de la normativa.
“Recibieron una prestación en base a una normativa y posteriormente sale otra normativa con retroactividad. La forma en la que han procedido a la comunicación sin dejar la posibilidad a que el usuario pueda rechazar su desacuerdo con ese servicio de prestación, tiene margen de maniobra”, que según Inmaculada de Pablo, secretaria regional de la Federación de Servicios Privados de CCOO, no han respetado.
Alternativas
Los sindicatos han anunciado movilizaciones que se llevarán a cabo la primera quincena de septiembre si esta situación no se normaliza. “La Diputación y la gerencia de Servicios Sociales tienen tiempo de buscar una alternativa. Si el problema es de cofinanciación que se sienten a la Gerencia de Asuntos Sociales con la Diputación de León y hagan el acuerdo marco con el compromiso de prestación de servicio”, ha explicado de Pablo.
Los sindicalistas han sentenciado que la Diputación de León tiene que asumir su responsabilidad. “Tiene una adjudicación de servicio, paralizada, que utilice la forma legal de la ley de contratos del Estado para retomar ese contrato”. Bajo esta premisa, los sindicatos solicitan un servicio de mayor calidad del que el Gobierno ha establecido y menos riesgo en la plantilla de trabajadores. “Que cumplan la ley, que tiene margen de maniobra. Lo que ha hecho ha sido utilizar la forma más restrictiva de la misma”, ha expresado Nicolás Sanz Monjas, secretario general de FSP de UGT de León, y “tiene que haber un punto medio entre lo más restrictivo y el 100%, si existe voluntad política”.
