La Junta admite que deberá mejorar la atención sanitaria en las residencias de mayores

Trabajos de desinfección de la UME en una residencia de ancianos.

ileon.com / ICAL

Dotar de material, formar a los profesionales e incrementar las inspecciones. Son tres de las asignaturas pendientes de las residencias de mayores que han aflorado tras la gestión de la crisis del coronavirus. Así lo aseguró este miércoles la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sin obviar el contexto de una pandemia difícilmente previsible. “El problema es que hemos tenido una crisis sanitaria como no ha habido nunca”, señaló para reconocer carencias en la atención sanitaria que se abordarán con la creación de un grupo de trabajo.

Blanco apostó por una “readaptación” del modelo de atención residencial de Castilla y León y mantener todo lo que ha funcionado, hasta hora, como 'En mi casa' y las unidades de convivencia. “Creemos en él, creíamos en él y seguiremos creyendo en ese modelo y habrá que trabajar en otros aspectos para mejorar, sobre todo, la atención sanitaria. De esta situación, tenemos que aprender lo que ha fallado, lo que ha funcionado y estar preparado para situaciones futuras”, aseguró.

“El modelo de Servicios Sociales era bueno y el problema ha sido la pandemia y una crisis sanitaria que no se ha conocido nunca. Ante esa situación, surgen nuevos escenarios que nos hacen replantearnos el modelo de atención residencial”. Además, reconoció que ha habido “lagunas” en los centros de Castilla y León pero de otras comunidades de España e incluso otros países de la Unión Europea.

Al igual que apuntó este martes en su comparecencia en la Comisión de Familia de las Cortes, subrayó que la futura Ley de Atención Residencial exigirá, entre otros aspectos, un mínimo acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios así como una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo. Además, se implantará una herramienta informática que permita conocer “en tiempo real” los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias. “Esto permitirá conocer la situación de cada centro de manera instantánea e incrementar en caso necesario, el número de inspecciones para actuar rápidamente”, expuso.

Reiteró que la redacción de la nueva ley contará con la ayuda de un grupo de trabajo, en el que participarán los partidos políticos, los expertos en Servicios Sociales y Sanidad, las entidades locales, los sindicatos, las asociaciones del tercer sector, las residencias y los propios usuarios. “El modelo de atención residencial debe estar pensado, sobre todo, en las necesidades y demandas de los usuarios, con el objetivo de darles la mayor calidad posible”, sentenció.

Isabel Blanco recordó que el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León “es el primero y el mejor de España”. Señaló que, en su momento, la Junta apostó por la profesionalización de determinados servicios como la atención residencial, la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

Descartó que el nuevo modelo atención residencial por un aumento de los centros públicos en detrimento de los privados y concertados al reiterar que el virus ha afectado por igual a los centros, con independencia de la titularidad. “Cuando el Covid-19 ha entrado en una residencia ha afectado a los más dependientes y vulnerables que están en estos centros”, concluyó.

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