La Junta defiende que el protocolo suscrito ahora con el Gobierno por el coronavirus “formaliza” la cooperación ya existente

Rubén Cacho / ICAL. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones

“La cooperación no se basa en ningún protocolo, sino en la ley”, dijo este martes el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para defender la suscripción de un documento de colaboración con el Gobierno de la nación para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus hecho público este lunes, casi un mes después de la declaración del estado de alarma, en instalaciones como residencias de mayores, centros de discapacitados y viviendas tuteladas.

“Las administraciones están coordinadas antes, durante y después de la pandemia”, abundó Suárez-Quiñones para concluir que el protocolo “no crea nada nuevo” sino que “formaliza” la cooperación ya existente.

El consejero señaló que “se ha creído necesario” por ambas partes dar forma de documento a la labor ya abordada en los Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) sin obviar que la evolución de la pandemia ha ido haciendo las intervenciones “más complejas” con tareas como desinfecciones no previstas en otras circunstancias.

El objeto de este protocolo es formalizar un procedimiento y maximizar la coordinación entre las administraciones firmantes “en cuanto a las acciones y los medios de que disponen para la mayor protección y prevención de los centros residenciales de mayores y discapacitados”.

Se trata, por parte de la Junta de Castilla y León, de las acciones de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, las Unidades Covid-19 de atención primaria y de residencias, la actuación en desinfecciones de funcionarios y particulares voluntarios, y por parte del Gobierno de España la posible intervención de las Fuerzas Armadas, previa solicitud al Ministerio de Defensa, a través del procedimiento establecido.

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