La Junta de Castilla y León mantiene su apuesta por una desescalada por Zonas Básicas de Salud y que prioriza al mundo rural sobre las zonas urbanas. La propuesta del Gobierno autonómico, que negociará este jueves con el Gobierno central, es de que sólo pasen a la Fase 1 26 zonas básicas de salid, ninguna capital de provincia. En León sólo cumplen estos criterios las zonas de Truchas, Matallana de Torío y Riaño.
En un documento de la Consejería de Sanidad a la que ha tenido acceso este diario, se desarrolla la estrategia de transición para la desescalada, que apuesta por esta segmentación geográfica y al menos profesionales sanitarios en los centros de salud que se dediquen a la detección y notificación de casos de COVID-19.
¿Qué pasa con las ciudades?
La Junta apuesta por las Zonas Básicas de Salud en las zonas rural por su delimitación sanitaria, que “permite una vigilancia más efectiva y unificada”, la concienciación e implicación local que se da en estos municipios, el compromiso de los Ayuntamientos en el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento; y el control de la movilidad por carretera.
Si una zona lleva varios días sin casos positivos y se registra un caso, puede no influir en la desescalada siempre que no haya sospecha de que lo ha transmitido a otras personas y se efectúe un “buen control” de contactos estrechos con sus convivientes.
Sin embargo, ¿qué pasa con las ciudades? En el ámbito urbano y semiurbano es más complicado, porque un barrio no puede pasar de fase y barrio de al lado, quedarse en la fase 0. Por lo tanto, la Consejería apuesta por que los municipios por encima de los 20.000 habitantes cambien de fase directamente, salvo que haya alguna zona más separada del núcleo de población.
1 epidemiólogo por cada 50.000 habitantes
La Consejería de Sanidad destaca la importancia de las unidades de vigilancia epidemiológica de Castilla y León y por eso apuesta por el refuerzo del personal. “En el ámbito territorial, y sin incluir en el cómputo a los jefes de sección de epidemiología, la referencia debería ser de al menos 1 epidemiólogo/profesional de vigilancia y control por cada 50.000 habitantes”, explica el documento, al que ha tenido acceso este periódico.
Actualmente, la Dirección General de Salud Pública está calculando los recursos humanos y los perfiles profesionales que se van a necesitar para las siguientes fases de la desescalada, además de la tecnología que será necesaria para la obtención y análisis “continuo” de los casos y la gestión “adecuada” de los contactos.
Un sanitario en cada centro de salud para rastrear nuevos casos
El objetivo es la alerta precoz y la vigilancia epidemiológica para que los contagiados y sus últimos contactos estén lo más en contacto con sanitarios. La Junta de Castilla y León apuesta por que haya al menos un sanitario en cada centro de salud de las zonas básicas que cambien de fase (de momento, estas 26 si las aprueba el Gobierno de España).
Este sanitario (o sanitarios, en función del tamaño del centro) será un enlace con los servicios de salud pública y deberá notificar los casos y rastrear los contactos recientes del contagiado. Al menos deberá haber 500 sanitarios dedicados a estas funciones de detección y rastreo durante todo el proceso de desescalada, que atiendan en los 247 centros de salud de Castilla y León.
La Dirección General de Salud Pública redactará un documento de seguimiento y una ficha de contactos para que los sanitarios puedan realizar un seguimiento de cada paciente. Los equipos de Atención Primaria que atienden los casos sospechosos deberán realizar un primer censo de los contactos estrechos de cada caso y realizar un seguimiento durante 14 días.
Pruebas PCR en 24 horas
Ante un caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2, se le realizará una prueba de detección molecular (PCR) en las primeras 24 horas (un día hábil). Si el resultado fuera negativo pero hay alta sospecha clínica de COVID-19, se repetirá la prueba. Estas pruebas PCR se realizarán “sin perjuicio de otras pruebas o test diagnósticos adecuados para la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19”.
Sanidad pretende garantizar que todos los casos sospechosos se mantengan en aislamiento hasta que esté el resultado de la PCR para identificar a sus contactos. El aislamiento deberá continuar los 14 días que suele durar la enfermedad (aunque hay excepciones) y otros tres días desde que deje de presentar síntomas. El mismo protocolo que se ha indicado hasta ahora ante casos que no se confirmaron porque no había pruebas suficientes y que eran atendidos por médicos de Familia.
En el caso de trabajadores sanitarios o socio-sanitarios o residentes, se podrá plantear la realización de cribados mediante test serológicos para detectar aquellas personas que hayan superado la infección“.
Importancia de la Atención Primaria
La Consejería ve en esta desescalada “una oportunidad para rediseñar la Atención Primaria que queremos tener”. La clave será que haya equipos de protección individual (EPIs) para profesionales y pacientes, que se mantengas los circuitos diferenciados para los sospechosos de COVID-19, garantizar la distancia de seguridad en las salas de espera y mamparas que protejan a los administrativos.
Se prevé habilitar una 'zona Covid' donde se atiendan a los pacientes con síntomas respiratorio. Si es posible, habrá dos consultas para revisiones presenciales, toma de muestras y urgencias en cada centro de salud, en el que se garantizará la limpieza y desinfección de la zona.
Para la mayoría de casos se mantendrá la consulta no presencial para reducir la probabilidad de contagio, y la consulta presencial se irá introduciendo poco a poco, exclusivamente cuando el sanitario lo requiera al paciente. Sí se dispondrá de una consulta con Gestión por Enfermería para la atención a las personas que acudan por motivos urgentes y sin cita previa.
En el medio urbano que cambie de fase retomará progresivamente la consulta presencial, concertada previamente con el profesional, aunque las citas estarán más espaciadas en el tiempo para garantizar que se mantiene la distancia de seguridad.
Otras propuestas que plantea la Consejería de Sanidad es la disponibilidad de EPIs y pruebas de PCR para todos los pacientes que accedan al centro de salud y las requieran. Los centros de salud deberán tener los recursos intermedios necesarios por si es necesario el aislamiento
Camas UCI y respiradores
Los hospitales tienen que mantener sus áreas de COVID-19, con un porcentaje de puestos de pacientes críticos para los enfermos de COVID-19. Para la transición a la normalidad la Consejería calcula que un 30% sería “suficiente”, aunque en los Complejos Río Hortega y Clínico (Valladolid), Burgos y Salamanca todavía tienen que reservarse la mitad de las camas UCI para los COVID.
La falta de respiradores ha incrementado las dificultades a las que se enfrentaban pacientes y sanitarios. Para evitar los problemas que se han vivido durante la pandemia, la Consejería apuesta por que haya un stock del 50% de respiradores por encima del número de camas estructurales de UCI. Por ejemplo, el CAU de León tiene 82 respiradores de adulto y 28 camas de UCI.
Otros elementos
La Consejería de Sanidad ha detectado que cuando se duplica el número de llamadas al teléfono especializado del coronavirus y este crecimiento dura al menos dos días, se produce un incremento similar de pacientes atendidos por Emergencias en la siguiente semana y media. Estos pacientes son atendidos en Urgencias o tienen un seguimiento a través de Medora (Atención Primaria) con aislamiento domiciliario.