La polémica en torno a las administraciones públicas y el lobo ibérico volverá a estar estar servida. Ahora por un hecho sin precedentes acordado esta mañana en la reunión del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el que participaron los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP); de Asturias, Fernando Lastra (PSOE); y de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE).
La principal novedad consistió en el anuncio de la decisión política conjunta de poner en marcha un protocolo de actuación para proceder a la eliminación de lobos de este Parque Nacional que comparten las tres Comunidades -y que afecta de lleno a León-. La decisión se adopta, resaltaron, porque se tienen contabilizadas un total de nueve manadas de ejemplares de la especie en Picos de Europa, en plenas críticas de ganaderos, sobre todo asturianos, por los daños que causan los lobos.
El asturiano Lastra señaló que el protocolo, que prevé ser aprobado en la próxima reunión del órgano -porque hoy se dudaba de que la convocatoria fuera legal, al aducir los ecologistas un defecto de forma para no acudir a la misma- cuenta con la “posición favorable” del patronato. Es decir, ya está tomada. Aunque no destacaron prácticamente ningún dato de cómo se hará.
Según Lastra, la futura normativa permitirá que, una vez se conozcan los informes biológicos necesarios y se constate la repercusión de la presencia del lobo en otras actividades del Parque Nacional, la “extracción de ejemplares” -textual- se llevará a cabo sin necesidad de que se someta a discusión previa sino de manera automática.
Lo único que se detalló es que si en dos años desde su puesta en marcha hay una reproducción positiva de las manadas de esta especie y “se constata un incremento de los daños”, se podría llegar a incrementar la “captura de animales” -de nuevo textual- hasta en un 20%. Pero nuevamente sin explicar un 20% sobre qué cuantía de lobos.
Por otra parte, el leonés Suárez-Quiñones anunció que durante la reunión se acordó además posponer la aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Patronato, que estaba previsto en el orden del día, así como la tramitación de algunas actuaciones y obras detalladas en el presupuestos “por falta de garantías”, debido a la ausencia de los representantes de las organizaciones ecologistas que forman parte del mismo y cuya presencia es obligatoria para dar firmeza a los acuerdos.
En este contexto, hay que recordar que la eliminación física de lobos ya se aplica a día de hoy, y desde hace años, en Castilla y León pero a través de un plan de gestión que ha sufrido un triple revés judicial: el último, anulando el Plan de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en los territorios cinegéticos situados al norte del río Duero para la temporada 2015-2016, el que se aplicó en la provincia de León.
Pero sólo un mes antes antes, también el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ya dejó sin validez la totalidad del Plan del Lobo por la falta de informes esenciales. Y antes, el Plan de Aprovechamientos del Sur del Duero. Sentencias que, como han sido o serán recurridas, no modificarán un ápice las cacerías aprobadas por la Junta. Para hacerse una idea de la magnitud del plan autonómico, cabe recordar que sólo en León en 2017 se aprobó la caza de 51 ejemplares.
Pese a las tres sentencias categóricas, el área de Medio Ambiente que dirige el leonés mantendrá las batidas cinegéticas contra el lobo, porque como arguyó Suárez-Quiñones -juez de profesión- cabe recurso al Supremo y además los jueces, dijo, “no son infalibles”.
Proyectos importantes a la espera
El consejero añadió que el Patronato es un órgano de “participación social” de distintas entes, entidades y organismos que representan intereses colectivos y es beneficioso que “pongan de manifiesto sus inquietudes y sus cuestiones al respecto de los puntos tratados”.
Suárez-Quiñones incidió en que el retraso en la toma de decisiones “no tiene por qué repercutir” en la gestión del Parque, que se seguirá desarrollando de forma “ordinaria”. “Quizá haya algún retraso en las obras que estaban planeadas”, admitió, pero asegurando luego que no lo habría, porque tal retraso “se compensará con el seguimiento de la labor técnica que permita que el retraso no llegue a materializarse”.