El trámite de presentación de conclusiones de las partes centró la vigésima cuarta sesión del juicio oral que se desarrolla en León por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013. Los abogados de la acusación reiteraron que consideran que el accidente no fue inevitable ni fortuito y que mantienen la responsabilidad de todos los acusados, después de que el fiscal retirase la acusación a los vigilantes de primera y de seguridad.
“No fue inevitable ni fortuito; la mina avisa y el macizo siete avisó en varias ocasiones”, subrayó una de las letradas, que mencionó la existencia de bóveda o algunos golpes de gas como signos de que no se valoraron los riesgos evidentes. “Se habían normalizado los niveles elevados de grisú. Fue la parte técnica la que se embruteció y permitió una relajación en lo exigido y en la interpretación de las normas”, argumentó.
Otro abogado de la acusación afirmó que primaba la producción por encima de la seguridad en una empresa en la que, dijo, existía un ambiente de “no te quejes, porque hay consecuencias. Además, lamentó que algunos acusados ejercieran su derecho a no declarar y consideró que ”el silencio les perjudica“. ”Son perfectamente responsables todo ellos“ dijo sobre la retirada de la acusación respecto a los vigilantes, que las acusaciones mantienen y también apuntó, aunque recordó que no es objeto de la vista que ”son todos los que están, pero no están todos los que son“.
Para otro de los letrados, no se adoptaron las medidas de seguridad que hubieran evitado la muerte de seis mineros y las lesiones permanentes de otros nueve, se ignoraron las “señales existentes” y el sistema de explotación se llevaba a cabo “de forma negligente”. Por otro lado, lamentó -respecto a la petición de las defensas de que los denunciantes asuman las costas procesales que “en una visión pervertida del Derecho, tal vez las víctimas deban indemnizar a los responsables del delito. Se evidenció la posibles participación de los defendidos”.
El representante de un picador sutirador que “libró la vida casi de milagro” cuando participó en el rescate y que sufre secuelas, destacó que no había instrucciones de actuación en caso de invasión súbita de grisú ni se contemplaba como riesgo la inhalación de grisú para la categoría laboral de su cliente. También lamentó que el fiscal haya aplicado, en cuanto a petición de indemnizaciones, el principio de “café para todos los lesionados”.
El abogado de tres de los lesionados durante el rescate de los fallecidos recalcó que “nadie les impidió” que accediesen a la zona afectada por la invasión de grisú, “dejando que pusieran en peligro su vida”. Sabían, apuntó, que la Brigada de Salvamento -por su diseño y funcionamiento- iba a llegar a tiempo. También reseñó falta de sensibilidad en las declaraciones de alguno de los acusados sobre el desarrollo de las labores de rescate, sus circunstancias y consecuencias.
Otro de los letrados manifestó que el accidente fue “el resultado fatal del incumplimiento del deber empresarial de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, más allá del aparente cumplimiento de las normas. Es innegable que ese deber de seguridad ha quebrado de manera flagrante”, recordó que no existía un plan de emergencia para una invasión intempestiva de gas y remarcó que todos los acusados tenían capacidad para influir en el resultado del accidente, por sus cargos, competencias o funciones.
El abogado de la madre y hermano de uno de los fallecidos insistió en que “todos y cada uno de los acusados omitió facilitar los medios” para que las labores se desarrollaran en las condiciones adecuadas. “Primaron otros fines societarios sobre la seguridad” aseguró antes de añadir que la prioridad de los trabajadores cuando ocurrió el suceso, dada la ya complicada situación del sector, era acceder a una prejubilación o a una baja incentivada. Por su parte, aseguró, la empresa que en su día fuera modelo “se convirtió en todo lo contrario”.
Varios de los letrados consideran que no tiene mayor relevancia a la hora de decidir sobre las responsabilidades de lo ocurrido, que derivó en la muerte por emanación de grisú, si el origen de la tragedia fue un colapso de la bóveda del taller siniestrado o un Desprendimiento Instantáneo (DI) del metano. Además, no consideran que deban aplicarse las atenuantes que reclaman las acusaciones, como dilación indebida o reparación de la causa dañada.
Las defensas hablan de accidente “fortuito”
El abogado del presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa, Antonio y Arturo del Valle Alonso, y del vocal del consejo de Administración, Aurelio del Valle Jover, sostuvo este miércoles, en la presentación de sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en León por la muerte de seis trabajadores de la compañía en octubre de 2013, que el accidente surgió “por un caso fortuito o fuerza mayor” y manifestó su adhesión a cualquier manifestación de los letrados de los responsables técnicos y facultativos.
También negó que existiera “temor de los trabajadores por un supuesto riesgo. Nadie señalaba esos miedos” y “la mala política de la empresa que amenazaba y les mandaba a limpiar parva o no sé qué. Buscamos ese argumento inquisitorial para poner al malo de la película”. Además, incidió en que la Hullera Vasco Leonesa disponía de un sistema de prevención y seguridad “adecuado”. Respecto al caso concreto de Aurelio del Valle recalcó que ni fiscal ni acusaciones presentaron ni una sola prueba que justifique que ejercía funciones ejecutivas o que tenía algún contrato de alta dirección o apoderamiento por parte de la sociedad y tampoco tenía ninguna relación con la estructura o materia de seguridad.
Por su parte, el abogado del director general de la HVL, Mario Calvo Herce, que promueve la nulidad del informe presentado sobre el caso por el perito judicial, mantuvo la inocencia de su representado respecto a la acusación de los delitos de homicidios y lesiones imprudentes que se le imputan, como al resto de acusados, y su tesis de que el accidente fue imprevisible. “No poder identificar la causa de lo que pasó nos lleva a que la sentencia tendría que ser forzosamente absolutoria”, apuntó.
“La empresa, en una empresa minera, no tiene competencia en seguridad en la mina; sí tiene en cuestiones de seguridad, pero no en la seguridad de la mina”, aseveró y añadió que la Hullera Vasco Leonesa cumplió con sus obligaciones en la materia. Además, recordó que el plan de labores anual que presentó la compañía para ese año superó el ‘examen’ del actuario de Minas y que el proyecto tipo de la explotación recibió los sucesivos vistos buenos de los técnicos encargados de su supervisión.
El defensor de cuatro de los acusados, a los que se refirió como “ingenieros, sin antecedentes penales, con valores prosociales” defendió su inocencia y que no cometieron ninguna infracción penal. “Aquí da igual la imputación que se nos hace… no sé cuál es la imputación que se hace a mis cuatro representados porque hasta hoy mismo, ojiplático, se me han impugnado documentos”, manifestó.
“Estos señores tienen miedo a decir que su seguridad está en peligro pero no a pedir que se pusiera la ducha más caliente” dijo sobre el posible temor de los trabajadores a quejarse de la situación del taller siniestrado y cuestionó también los informes técnicos aportados por la autoridad minera al señalar: “No sé si se pueden considerar técnicos”.
Los dos meses de juicio “exhaustivo” no implican, a su entender, que se haya actuado con rigor y ello, entiende, va a favor de la absolución que reclama para sus mandantes al considerar que no se les puede atribuir responsabilidad penal alguna. Como mucho, dijo, únicamente a uno de ellos se le podría achacar una “culpa levísima” que, en cualquier caso, matizó, “no parece que exista”.
El representante de los dos ingenieros técnicos acusados recalcó que “no ha quedado acreditado nada”. “No eran ingenieros de traje que iban a un despacho y mientras se fumaban un puro movían un papel. Bajaban a la mina todos los días, comprobaban los libros, hablaban con todos, cumplían sus funciones”, subrayó y dijo no saber todavía “qué es lo que han hecho mal y qué se les puede imputar”.
“La seguridad era una auténtica obsesión por parte de la dirección de la Hullera Vasco Leonesa”, afirmó y negó que existiera el “régimen dictatorial” que a su juicio se ha intentado presentar sobre el funcionamiento de la empresa.
La defensa de los dos vigilantes de primera acusados reclamó el derecho a ser informada de qué se acusa a sus representados ya que, dijo, el hecho de que el fiscal decidiera retirar las acusaciones sobre sus representados hace que el argumento del resto de las acusaciones “se desmorone como un castillo de naipes. No sé de qué se les acusa, sí sabía de qué les acusaba el Ministerio Fiscal”.
Añadió que no tuvieron intervención alguna en lo ocurrido y en sus consecuencias y recordó que en el ámbito penal corresponde a las acusaciones acreditar los hechos en los que se fundamenta la acusación. También aludió a la dureza del trabajo en la mina como “duro y de riesgo”. “Quien entra en la mina sabe que corre un riesgo. No es lo mismo trabajar en El Corte Inglés que en la Hullera Vasco Leonesa sabe que puede pasar algo grave. Cada vez que uno entra en la jaula sabe que puede suceder algo grave”, señaló.
A su criterio, el informe de la autoridad minera sobre el siniestro pretendió “salvaguardar su responsabilidad”, porque si después de haber pensado la posibilidad de un Desprendimiento Instantáneo (DI) y descartarla se produce, “habría responsabilidades a diferentes niveles dentro de la propia administración y por eso se acudió al argumento del colapso de la bóveda”.
La sesión de este jueves cerrará las intervenciones de los abogados defensores en la presentación de sus conclusiones finales antes de que los acusados puedan hacer uso de la palabra y la jueza declare visto para sentencia el juicio que arrancó el pasado 6 de febrero.