El Gobierno elimina el impacto ambiental de los proyectos de energías renovables que tenía que aprobar la Junta

“La invasión de Ucrania por parte de Rusia está generando importantes consecuencias en todos los órdenes”. Esta es la primera frase del decreto urgente aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de marzo. Y en él se cuela una reducción de los requisitos para que los macroparques de energías renovables ya no tengan que pasar Declaraciones de Impacto Ambiental que ha escandalizado a muchos expertos y ha puesto sobre alarma a las plataformas en contra de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.

El Gobierno ha colado en este decreto que aquellos parques eólicos de menos de 75 megavatios y los fotovoltáicos de menos de 150 ya no necesiten aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental, y lo que es peor, que se puedan expropiar de manera urgente los terrenos donde las eléctricas han solicitado su instalación. Sólo hay un par de salvedades, los marinos y los que se encuentren en zonas de Red Natura 2000 seguirán necesitando de esta aprobación por parte de las administraciones.

El cambio de norma para sortear los largos procesos de Declaración Ambiental se da en el Artículo 6 del Real Decreto-Ley 6/2022 respecto al procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables ha sido criticada por los expertos energéticos y del medio ambiente, además de las plataformas ciudadanas que se oponen a este tipo de macroproyectos con el lena 'Renovables sí, pero no así'. En la práctica este decreto también ocasionará 'importantes consecuencias', pero puede que nada buenas para las ricas zonas de la biosfera leonesa.

Esta modificación da vía libre –y acelera considerablemente su ejecución– a todos aquellos proyectos sobre los que la Junta de Castilla y León tenía que dar el visto bueno, que hasta ahora eran de menos de 50 megavatios en el caso de los aerogeneradores y de 100 en el caso de campos de placas solares. Es decir, la gran mayoría de los planteados en la provincia de León y en el resto de la autonomía.

No limitan las reservas de la Biosfera

La salvedad de la Red Natura 2000, además, tiene una redacción un tanto confusa respecto a las zonas protegidas ya que apunta que no necesitárán el trámite los que “estén ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada según la 'Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables', un mapa digital elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Pero qué pasará con los proyectos que sólo tengan dentro de ellas una parte?

Tampoco estarían incluidos los de las Reservas de la Biosfera, de las cuales hay siete en León –la demarcación administrativa con más de todas ellas en todo el planeta– porque es una marca de biodiversidad de la Unesco y no incluida en la directiva de Hábitats de la UE, que es por la que se rige la Red Natura 2000 y el Estado.

Algo que el experto leonés en energías, el físico Antonio Turiel –que ya advirtió en esta entrevista de ILEÓN que “los parques eólicos son polígonos industriales en montañas y los solares el infierno en el campo en verano”– dejó claro el mismo día en que se aprobó la medida por la puerta de atrás que éste “permite ejecutar proyectos de energías renovables (así los llaman) de más de 50 megavatios sin necesidad de hacer evaluación de impacto ambiental, y con vía exprés de expropiación. Muchos se alegrarán, pensando que esto solucionará algo”.

Es decir, que el Gobierno ha dado paso a la construcción inmediata y sin control medioambiental administrativo de casi todos los macroparques eólicos y fotovoltáicos planteados hasta hoy y, además, permite la posibilidad de que aquellos que superen la capacidad de producción –hasta ahora los de más de 50 megavatios con aerogeneradores y 100 con placas solares tenían que ser aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica– puedan ser replanteados para evitar este trámite tan engorroso y costoso en tiempo y dinero.

“Ya pueden salir adelante casi todos los macroproyectos”

“Con lo que han aprobado tan sólo con una declaración de afecciones y sin información pública sin que los ciudadanos puedan presentar alegaciones, pueden salir adelante casi todos estos macroproyectos”, denuncia Sergio Díez González, de León Ruge, organización que ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que mostraron su “estupefacción y malestar” por que el Gobierno de España “haya colado” en el Real Decreto del plan de medidas urgentes contra la guerra de Ucrania “una serie de privilegios para facilitar que se aprueben los macroproyectos energéticos que amenazan la provincia”.

“Esto supone que vamos a pasar de un chaparrón a una verdadera granizada”, se queja Díez, porque además la cuestión es que todos los proyectos que tenía que revisar la Junta, o estaban en proceso de declaración medioambiental, dejan de tener que cumplir ese requisito. “Aunque por el momento, como no hay Gobierno autonómico no se puede dar paso, ya que es la propia Junta la que tiene que cambiar su normativa adaptándose al nuevo decreto; pero sólo es cuestión de tiempo”.

Además indica que “con una simple modificación de los proyectos que están en marcha que tienen que pasar por el trámite del Ministerio, quitando un aerogenerador, pueden bajar de los 75 megavatios y librarse con sólo con una declaración de afección ambiental. Y si es necesario fragmentar proyectos más grandes para usar esta vía”. Con lo aprobado la administración puede dar de paso en dos meses los proyectos con este tipo de declaración, y también declarar la expropiación urgente de los terrenos.

“Otra vez las prisas”, critica el portavoz de León Ruge y dejar en manos de las eléctricas la ordenación del territorio sólo por su mero criterio económico.

“Llevamos más de diez años trabajando por las Reservas de las Biosferas, que dicen que es el futuro medioambiental para la población, pero las eléctricas quieren colocarnos aerogeneradores en los cordales de las montañas y placas solares en las tierras agrícolas. Hay una enorme cantidad de terrenos baldíos pero van a usar los que más riqueza pueden darnos, es una barbaridad”.

Análisis del impacto brutal de lo proyectado

Cabe recordar que la organización Ecologistas en Acción ya ha cuantificado de momento hasta 48 peticiones de macroparques solares sólo en la provincia de León, lo que supondría a su juicio en torno a un 10% de la potencia energética nacional, pero con despliegue un desordenado despliegue, por lo que anima a oponerse reclamando la titularidad del suelo ofrecido por los 20 ayuntamientos afectados porque muchos terrenos podrían ser comunales y públicos.

Para el sindicato agrario Asaja, de desarrollarse todos los enormes parques solares propuestos en León, de en torno a 6.000 hectáreas, su superficie sería mayor incluso que la de los pantanos, por lo que también reniega de los megaproyectos energéticos “que suponen un cambio de uso del suelo rústico, de utilización agrícola o ganadera, a suelo industrial, sin posibilidad alguna de reversión futura”.

“Antes al menos la gente tenía la posibilidad de ganar, con esta modificación en el decreto cambian el tablero de juego y casi nos dejan como espectadores, ni jugamos ni ganamos, sólo perdemos; aunque aún queda mucho por luchar”, expone Sergio Díez.