La enigmática pena de cárcel a la que se enfrentan los empresarios mineros Del Valle en el juicio del año en León
La Audiencia Provincial de León acoge esta y la próxima semana un juicio contra varias empresas del sector minero y sus responsables, entre ellos miembros de la familia Del Valle, por los presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad de documento mercantil en una trama para cobrar las ayudas al carbón nacional vendiendo falsamente como tal carbón de importación.
Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio se desarrolla en siete sesiones y los acusados han pedido declarar al final del proceso.
La Fiscalía de León se ha negado a desvelar su petición de penas de cárcel y económicas a los acusados pero el periódico El País ha desvelado que el origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón nacional aunque el mineral fuera de importación. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta los 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.
La causa, detalla El País, se originó tras la denuncia anónima de una persona vinculada al entorno empresarial, que entregó a la Agencia Tributaria miles de archivos, fotografías y hojas de cálculo que supuestamente demostraban cómo se alteraban los volúmenes reales de carbón extraído en connivencia entre las tres empresas. A raíz de esa documentación intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó un sistema diseñado para inflar la producción subvencionada.
Los investigadores sostienen que las empresas elaboraban informes falsos para incrementar artificialmente hasta un 20% o un 25% la producción declarada y así aumentar la facturación y las ayudas estatales. La documentación aportada incluye tablas internas con apartados diferenciados entre “producción real” y “producción incrementada”, además de fotografías de camiones trasladando material de explotaciones exteriores a minas de interior.
Este medio ha asistido a la sesión de este miércoles en la que han declarado varios testigo y peritos de las defensas para intentar justificar ese desfase económico, negando las cifras de la Agencia Tributaria. Las pruebas testificales continuarán este jueves, día en el que está previsto que empiecen a declarar los acusados.
La Fiscalía oculta las penas
La acusación pública en el juicio la ejerce la Fiscal Jefe Provincial, Isabel Morán González, que ha ocultado su escrito de acusación en este caso, ante reiteradas peticiones de este y otros medios de comunicación, y cuya divulgación es habitual, pero desde hace un tiempo esta Fiscalía en particular ignora el derecho a la información y el propio estatuto del Ministerio Fiscal y se niega a facilitarlos.
En este caso que afecta a históricos empresarios leoneses la ocultación del escrito de la Fiscalía es tal que incluso se ha advertido a los abogados y procuradores de las partes que no se puede facilitar a los medios de comunicación, según ha confirmado este periódico. La Fiscalía no quiere que se sepa lo que pide de penas a los empresarios, que en todo caso deberá ratificar o modificar en la vista pública antes del fin del juicio que se celebra hasta el miércoles 20 de mayo.
La actitud obstrucionista de la Fiscalía de León con los medios de comunicación es una tónica habitual en todos los procedimientos, llegando incluso al borrado de los nombres de las empresas afectadas en procedimientos bajo la pretendida ley de protección de datos personales, que no afecta a los nombres de las entidades jurídicas. Isabel Morán ocupa el puesto de jefa de la Fiscalía de León desde el año 2017.
El delito contra la Hacienda Pública está tipificado con penas de prisión de dos a seis años y el de falsedad de documento mercantil con penas de prisión de 6 meses a 3 años.
Los Del Valle, absueltos por la muerte de mineros en el Pozo Emilio del Valle
Los Del Valle, una histórica familia empresarial leonesa con vínculos con el franquismo, se vuelven a sentar en el banquillo después de que hace apenas medio año el Juzgado de lo Penal número 2 de León los haya absuelto por la muerte de seis mineros en en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en 2013. La sentencia, que tardó en llegar más de dos años y medio desde que el juicio quedase visto para sentencia, eximió también de responsabilidad civil a la compañía minera, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir a los procesados delitos de homicidio imprudente, lesiones o vulneración de la seguridad laboral que se les imputaban.
La jueza concluyó que la causa más probable de la explosión fue un desprendimiento instantáneo e imprevisible de grisú y dio mayor validez a los informes técnicos presentados por las defensas frente a las tesis de las acusaciones, que sostenían que existieron fallos de seguridad y deficiencias estructurales en la explotación minera.
La demora provocó protestas y movilizaciones de familiares y compañeros de las víctimas reclamando una resolución judicial que, cuando llegó, dejó incomprensión y desolación. En marzo de 2026, la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de León la sentencia absolutoria para los Del Valle y los otros 12 acusados por el accidente del pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el que murieron seis y resultaron heridos de distinta consideración otros ocho el 28 de octubre de 2013. El ministerio público solicitó la anulación tanto del fallo como del propio juicio y pidió que el caso volviera a celebrarse al considerar que la jueza realizó una valoración “irracional” e incorrecta de las pruebas técnicas y testimonios practicados durante la vista oral.
En su recurso, Fiscalía defendía que el debate no debía centrarse únicamente en la causa inmediata del escape de grisú, sino en si la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. Por ello, cuestionaba aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa, además de reprochar que la sentencia otorgara mayor credibilidad a los informes aportados por las defensas frente a los elaborados por técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial.
