Un comunicado hecho público por la XXII Conferencia de Decanatos de Letras, a modo de conclusión de la reunión celebrada en Granada el pasado mes de mayo, ha puesto de manifiesto las dificultades que afrontan los estudios de humanidades en nuestro país. La declaración, que fue leída públicamente los días 25 y 26 de junio en todas las facultades de letras, pretende salir en defensa de “la universidad pública y de la formación superior y la investigación científica, tan necesarias para salir de la crisis que sufre España”.
El texto señala entre otros peligros los riesgos de “privatización de lo público que pesan sobre las instituciones universitarias”, al tiempo que afirma que “quienes estamos al frente de los Decanatos de letras de las universidades españolas nos sentimos urgidos a hacer llegar a la opinión pública nuestra preocupación por la situación en la que se halla la universidad como institución de formación superior y de investigación científica”. Las medidas de control del déficit que se están aplicando desde el gobierno de la nación, “están provocando daños a nuestras universidades que pueden ser irreversibles”, y es por ello que los decanos y decanas de las Facultades de Letras, “nos vemos obligados a denunciar la quiebra de la igualdad de oportunidades que supone el mayor coste del acceso a la enseñanza superior, dada la concurrencia, a la vez, de una política de becas más restrictiva y de un fuerte incremento de las tasas académicas”.
También se dedica espacio en el texto al análisis crítico de la situación del profesorado universitario, del que se destaca su precariedad laboral, pese a su alta cualificación, y se critica la aplicación de la tasa de reposición de empleo del 10%, “que en el caso de las universidades llega a una irracionalidad absolutamente indefendible”.
La evaluación de la investigación tampoco escapa a la crítica del texto dado a conocer por los Decanatos de Letras, que entienden que es necesario que “se tengan en cuenta criterios adecuados para el campo de que se trata”, por lo que se anuncia que una comisión mantendrá reuniones con las agencias avaluadoras y los organismos implicados para buscar acuerdos en este tema.
Finalmente, el texto expresa la disconformidad con los usos a los que han venido a parar los llamados “sexenios o tramos de investigación”, que opinan que han acabado por convertirse en “instrumentos de jerarquización académica y de discriminación laboral, dadas las perversas utilizaciones que se les están dando para distribuir cargas docentes o acceder al desempeño de determinadas funciones académicas”.