El Procurador del Común pide “mejorar el acceso a la información” de los altos cargos de la Junta de Castilla y León

El Procurador del Común y comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, pidió hoy a la Junta “mejorar la localización y el acceso a la información relacionada con los altos cargos” de la Administración autonómica, tras reconocer, no obstante, el “ alto grado de cumplimiento” de información y transparencia del Gobierno autonómico a través del Portal de Gobierno Abierto.

Así lo apuntó durante la presentación de la Memoria correspondiente a 2022 de la Comisión de Transparencia, cuya labor está encargada al Procurador del Común, y donde también exigió al Gobierno autonómico “la utilización de un lenguaje menos técnico y más sencillo” en sus publicaciones para cumplir con la legislación en transparencia, así como la incorporación de nuevos gráficos y cuadros que faciliten visualmente la comprensión de la información para cualquier ciudadano.

Tras recordar la década de vigencia que está a punto de cumplir la Ley General de Transparencia en España y la aprobación de su transposición autonómica un año y tres meses después, y cómo estas normativas están contribuyendo “positivamente” al funcionamiento de las organizaciones públicas en el contexto de “democracia avanzada” en que se sitúa el país, Quintana apuntó, ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común durante la sesión de hoy en Cortes, que su misión como comisionado de Transparencia no solo se circunscribe a “garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública”, sino a que, con ello, se pueda “mejorar la prestación de los servicios públicos” en la Comunidad.

En ese cometido se enmarca la Memoria del comisionado de Transparencia presentada hoy, la séptima en Castilla y León, que Quintana aprovechó para realizar “un análisis comparativo” de la evolución de la transparencia en los últimos siete años con el fin de “obtener una visión” de su estado, reconocer de dónde venimos e, incluso, vislumbrar el futuro en lo que se refiere al derecho de los ciudadanos a conocer cómo ejercen sus competencias las administraciones y resto de entidades públicas“.

Para ello, eso sí, comenzó presentando el contenido de la Memoria de 2022, “fuertemente condicionada” por el “elevado número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia”, que afecta a más de 5.000 entes contando solo a las administraciones públicas, y por la “ausencia de mecanismos formales y medios materiales y personales para desempeñar esta función”, lo que obliga a realizar la evaluación mediante cuestionarios de autoevaluación realizados por las administraciones y entidades afectadas.

En 2022, y en función de las respuestas a los 111 cuestionarios enviados, Quintana concluyó que “se ha incrementado la colaboración” al aumentar en diez puntos la remisión del cuestionario cumplimentado, llegando al 67 %, manteniéndose “la colaboración de la gran mayoría de entidades que conforman el sector público autonómico”, así como de las diputaciones provinciales, reduciéndose en el caso de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes puesto que, de los 60 a los que se dirigió el comisionado de Transparencia, solo cumplieron con su obligación la mitad.

Portal de Gobierno Abierto

Tras destacar que “el Portal de Gobierno Abierto de la Junta mantiene un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación de transparencia”, Quintana se refirió a a las entidades integrantes del sector público autonómico, donde destacó “un año más” el grado de cumplimiento de las fundaciones Siglo, Hemoterapia y Hemodonación y las universidades públicas, así como, por primera vez, la Fundación Santa Bárbara gracias a las mejoras introducidas en 2022. Los consorcios presentan, por su parte, “un grado de cumplimiento notable”.

También destaca el cumplimiento de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño “aun cuando en algunos casos es parcial y con limitaciones”, pese a lo que se ha observado en 2022 “una progresiva mejora en la publicación de la información tanto en términos cuantitativos como cualitativos”. Sin embargo, Quintana reconoció el “deseo de hacerlo, pero la imposibilidad real de llevar a cabo” el cumplimiento de la legislación por las entidades locales de menor tamaño, debido a “las limitaciones de medios materiales y personales”. Por ello, insistió el comisionado en el “papel de apoyo y orientación que deben jugar las administraciones de mayor tamaño, especialmente las diputaciones y la Administración autonómica”.

Por último, y tras reconocer la “especial implicación” en materia de transparencia de las Cámaras de Comercio, Quintana informó sobre la “evolución hacia un número cada vez mayor de solicitudes de información pública” presentadas por los ciudadanos, destacando el “notable crecimiento” de las dirigidas a las consejerías de la Junta, con una estimación del 76 %, superior en cinco puntos al constatado en la Memoria anterior.

Menos reclamaciones ante la Junta

A continuación, explicó Quintana la actividad de la Comisión de Transparencia en 2022, ante el que se presentaron 794 reclamaciones, “el mayor número” desde su creación con un incremento “notable” con respecto a las del año anterior y, principalmente, con respecto a 2016, cuando se presentaron 102, lo que supone que “se han multiplicado casi por ocho las reclamaciones formuladas” debido a la “voluntad de los ciudadanos de hacer valer su derecho a la información”.

Una octava parte de las reclamaciones, 93, fueron presentadas por concejales y el 70 % del total llegaron por sede electrónica, lo que denota una “creciente utilización de las nuevas tecnologías” por los ciudadanos.

En cuanto al tenor de las reclamaciones, más del 80 % se presentaron frente a la “ausencia de respuesta expresa” por parte de la administración reclamada a la petición de información realizada, ante lo que Quintana expresó su preocupación por el “silencio administrativo” que muchas veces existe ante las peticiones de información ciudadanas. Por materias, las más demandadas fueron sobre medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación, urbanismo y vivienda.

Además, el 73 % de las reclamaciones fueron presentadas ante alguna entidad local, especialmente ante los ayuntamientos, que con 515 encabezan la clasificación. Muy por debajo se encuentran las 42 reclamaciones ante entidades locales menores, las 22 de las diputaciones o las 137, el 17 % del total, que se interpusieron ante la Junta, porcentaje inferior en cuatro puntos al año anterior.

Las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia fueron 262, “el mayor número desde su creación” y, de ellas, 154 fueron estimatorias y 67 sirvieron para declarar la desaparición del objeto de la reclamación. En todos los casos, recordó no obstante Quintana, “el resultado final es, o debería ser, que el ciudadano obtenga la información pública que ha solicitado”. Para hacer honor a la transparencia, el comisionado tiene todas las resoluciones publicadas en su página web.

Por último, en relación al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, 47 de las 262 emitidas “no han sido aún objeto de cumplimiento” a 15 de julio de 2023, por lo que, pese al incumplimiento de casi una quinta parte, este “ha descendido ligeramente respecto a 2021”.