El Boletín Oficial de la Provincia de León de este miércoles vuelve a publicar la salida a información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del macroparque eólico Barjas, a caballo entre el Bierzo y Galicia, por la cantidad y la importancia de las modificaciones que ha hecho al proyecto la empresa pública noruega Statkraft que lo promueve. Es por eso que el Gobierno ha decidido que se empiece de nuevo la tramitación después de un año.
El polémico y contestado macroproyecto eólico entre las provincias de León, Orense y Lugo, por 101 millones, que se presentó en junio del año pasado está de nuevo en información pública. Este proyecto de parque eólico cuenta con 22 aerogeneradores de gran tamaño que se ubicarían principalmente en el municipio leonés de Barjas, pero afectan además al territorio de los municipios vecinos de Oencia, Trabaledo y Vega de Valcarce en León; y de Villamartín de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives y San Xoán de Río en la provincia de Orense; y Folgoso do Courel y Quiroga en la provincia de Lugo.
El parque eólico contará con una potencia instalada de 121 MW, integrado por 22 aerogeneradores de 5,5 Mw cada uno de potencia, de un diámetro de rotor de 170 metros con una altura de buje de 130 metros. Además se acompaña de infraestructuras de evacuación de la electricidad y tres torres de medición, viales de acceso y obra civil para instalación y mantenimiento. Solo la línea de evacuación medirá 53,6 kilómetros, contando con 174 apoyos, entre Barjas y Trives a través de toda la sierra. El presupuesto es de 101.089.080 euros.
Después de las alegaciones e informes presentados en contra del mismo la primera vez, el promotor decidió modificar “sustancialmente” el proyecto y “dado que los cambios introducidos suponen nuevas afecciones no contempladas en la solicitud” inicial, se vuelve a someter a información pública.
De esta manera, se prevén más carreteras, más anchas y menos empinadas “necesarias para viabilizar las maniobras de los transportes previstos”, maquinaria pesada para mover e instalar las palas y torres “mejorando con creces el inicialmente proyectado desde el punto de vista técnico en cuanto a pendientes máximas y dificultades logísticas”, dice textualmente el BOP.
También, se cambia el acceso por tierra a varios grupos de aerogeneradores “a fin de evitar la afección” al hayedo de Busmayor, uno de los mejor conservados de Europa, que según se recoge en el boletín tiene “gran valor local a pesar de no contar con ninguna figura de protección legal” y se reubica una torre meteorológica y el acceso a otro grupo de aerogeneradores “para evitar la afección a la zona de cautela de un elemento identificado durante la prospección arqueológica” que no detalla y para la que además se reorientarán las plataformas de montaje de los molinos.
El proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien deberá autorizarlo o denegarlo. Está disponible para su consulta en internet y se abre un plazo de 30 días hábiles para formular de nuevo alegaciones a contar desde este viernes 28 de julio.
Asimismo, el expediente se puede consultar presencialmente en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, sita en avenida de Asturias, número 4, 24008, León, y formularse las alegaciones que se consideren oportunas, a través del registro Electrónico de la administración General del Estado (https://rec.redsara.es) o por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La consulta presencial requerirá solicitar cita previa llamando al teléfono 987 96 90 88, en horario de 9 a 14 horas, o enviando un correo electrónico a industria.leon@correo.gob.es.
Enfrente seguirá estando el sector del vino que creó en su contra la asociación 'Paisajes y Viñedos del Bierzo' para llevar a cabo “todas las acciones legales y sociales” que estén en su mano para “luchar contra el Plan Nacional de Energía y Clima”, al que reprochan que responda a “aspiraciones políticas del sector eléctrico, por encima de cualquier otras cuestión cultural y medioambiental”. “Seguramente acabaremos en los tribunales para defendernos”, aseguraba a su fundación Ricardo Pérez Palacios, al que apoyaban ya entonces otras 40 las bodegas bercianas.