La Junta de Castilla y León permite cazar en siete meses en las zonas de incendios cuando su Ley lo prohibe en cinco años

“La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, establece que los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados”. La cita es literal de la actual Ley autonómica en vigor en lo que se refiere a la caza de todo tipo de especies en montes, cotos y reservas donde se hayan sufrido grandes incendios forestales, para ayudar a “la regeneración del monte incendiado y la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”, continúa la norma.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León acaba de aprobar de manera sorprendente que los cazadores puedan volver a abatir animales salvajes cuando apenas se hayan cumplido siete meses desde los peores incendios de la historia de la provincia de León, tal y como admite el mismo informe que levanta el veto de una manera tan precipitada.

Y es que para poder abatir a disparos a especies de caza mayor, es decir, ejemplares de ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés, Medio Ambiente acaba de fijar la fecha a partir del 1 de abril de 2026. Para entonces habrán transcurrido apenas esos siete meses desde agosto de 2025, que fue cuando se iniciaron los gravísimos siniestros que arrasaron casi un 10% de la superficie total de la provincia leonesa y un 6% de toda la superficie arbolada. De este modo, en vez de dejar transcurrir los 60 meses que su propia Ley marca con carácter general, habrá pasado una décima parte de este tiempo 'de respiro' para la fauna y la flora.

La decisión, que se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León, está firmada el pasado 3 de febrero por el jefe del Servicio de Medio Ambiente en León, Jesús Menéndez Fernández. Pero para contravenir la Ley de Montes en las restricciones de caza se explica en el informe que cabe una excepción: que “la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”. Dicho de otro modo, se podrá volver a cazar de manera excepcional cuando la Junta demuestre que el regreso de la caza a una fauna arrasada, extenuada o desplazada por los incendios ayude a su población.

Orden de José Ángel Arranz, mano derecha de Quiñones

Este es el argumento final al que se aferra la Consejería. Y en la propia resolución se señala quién lo ha decidido: “el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal”, en una notificación remitida a León el pasado 7 de enero de 2026 a la delegación leonesa. Se trata de José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A ambos se les exigió masivamente su dimisión casi al mismo nivel como máximos responsables del operativo autonómico que estuvo al frente de los incendios de agosto de 2025 y sus nefastas consecuencias. Arranz, como Quiñones, tuvieron que ser forzados políticamente para comparecer ante las Cortes, entre duras críticas unánimes de toda la oposición.

Por fin la cifra oficial oculta: se quemó el doble de Madrid

Ni siquiera en esas comparecencias de Arranz y Quiñones ofrecieron las cifras finales de superficie arrasada en León por los fuegos, jamás cuantificaron el daño por provincias. Sin embargo, sí lo hace ahora por primera vez de manera oficial esta publicación en el Boletín para justificar la permisividad de la caza: los 14 grandes incendios sufridos en la provincia sólo en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Están muy lejos de las 87.068 hectáreas que aireó como única cifra la Consejería de manera informal el pasado diciembre.

Con el recuento ya definitivo de las 135.481 hectáreas en los siniestros de Fasgar, Orallo, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Molezuelas de la Carballeda (una parte inicial en Zamora), Barniedo de la Reina, La Uña, Canalejas, Porto-La Baña (también parte en Sanabria), Gestoso, Igüeña y Garaño se puede concluir que en apenas unas semanas en León se quemó más del doble de todo Madrid, la superficie que ocupa la totalidad de la isla de Gran Canaria o casi siete veces más que el municipio de Valladolid.

107 cotos y su propia Reserva Regional de Caza de Riaño

De toda la superficie, la Junta ahora hace recuento de los cotos de caza afectados por los fuegos. Suman 107 cotos, algunos, como el de la Fundación Octavio Álvarez Carballo en Villablino apenas con el 2% pero otros al 94%, como la Junta Vecinal de Pobladura de Ayuso en el municipio de Castrocontrigo, en la Cabrera. La resolución de Boletín, que completa reproducimos abajo, identifica la lista completa de todos la casos en los que ahora la Junta volverá a dejar cazar mucho antes de lo que admite la norma general.

También la medida afecta a terrenos cinegéticos que son de la propia administración autonómica, como es la Reserva Regional de Caza de Riaño, que se cuantifica ahora en un 32% quemada, entre los municipios de Burón, Riaño y Boca de Huérgano, por el incendio de Barniedo de la Reina.

Las vías para impedirlo

La polémica resolución que permite regresar las escopetas de los cazadores y la subasta de licencias y animales a zonas aún visiblemente calcinadas aún podrá ser objeto de un recurso de alzada ante el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, con un plazo de un mes a partir de hoy que se ha publicado oficialmente. Transcurrido ese plazo sin oposición alguna “será firme a todos los efectos”, amén de que también se pueda producir alguna denuncia judicial por la vía del contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León.

Aquí dejamos la resolución de retorno prematuro de la caza en las zonas incendiadas en la provincia de León, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León: